El informe oficial sobre el G-8 pide la destitución del prefecto de Génova

El informe encargado por el Ministerio del Interior al jefe de la Policía, Gianni De Gennaro, cuyas conclusiones fueron publicadas ayer por los diarios italianos La Repubblica y Corriere della Sera, acusa al prefecto de Génova, Francesco Colucci, y al jefe de las fuerzas antiterroristas, Arnaldo la Barbera, de ser responsables directos de los abusos policiales contra los manifestantes durante la cumbre del G-8 (los siete países más ricos y Rusia) en Génova y aconseja su destitución. El informe también pide la apertura de expedientes disciplinarios a varios altos cargos de la policía.

El documento cita numerosos 'errores' y 'omisiones' durante la represión policial de la cumbre, en especial durante el registro de la sede del Foro Social de Génova, que agrupa a unos 800 movimientos antiglobalización, donde el informe reconoce que a algunos agentes 'se les fue la mano' contra los manifestantes y tuvieron que ser retirados del lugar.

Según el informe, conocido en Italia como El libro negro de Génova, la irrupción en la Escuela Diaz, en la que dormían cientos de jóvenes y que se saldó con 93 detenidos y 60 heridos, no se planificó como una 'operación de castigo', pero 'degeneró' en ella, entre otros motivos, por la ausencia en el lugar de una autoridad con capacidad de mando.

Mientras se conocían los resultados del informe, el Senado italiano ratificó ayer con un voto de confianza al ministro del Interior, Claudio Scajola. La moción para destituir al ministro fue presentada por la coalición opositora de centro-izquierda, El Olivo, que acusó al ministro de haber sido incapaz de controlar la situación. El primer ministro, Silvio Berlusconi, fue apoyado por 180 senadores de la coalición gobernante, mientras que 108 votaron a favor de la moción.

A pesar de haber obtenido la confianza, Scajola aseguró que 'si emergen, como parece que están emergiendo, algunos comportamientos abusivos, serán severamente castigados'. Massimo Villone, de los Demócratas de Izquierda, aseguró durante el debate que 'al ministro del Interior la situación se le escapó de las manos', y acusó al Gobierno de 'haber intentado de todo para callar los graves hechos de Génova'.

Por otra parte, la fiscalía requirió ayer judicialmente a la prensa italiana, entre ellas la cadena de televisión RAI y la agencia de noticias Ansa, y a numerosas agencias de prensa internacionales, incluidas France Presse, Reuters y Associated Press, la presentación de 'todos los documentos sonoros, de vídeo y fotográficos' que tengan de las manifestaciones de la reunión del G-8.

Aidan White, presidente de la Federación Internacional de Periodistas, declaró ayer a Reuters que el requerimiento de la fiscalía es 'atroz' y 'extremadamente peligroso', porque, según White, 'significa que los periodistas van a ser identificados como un problema para los manifestantes en vez de como profesionales que tratan de registrar lo que pasa'. El secretario general de Reporteros sin Fronteras, Robert Menard, declaró: 'Estamos totalmente en contra de que los periodistas sean utilizados como sustitutos de la policía y los magistrados, que son los que deberían haber estado allí'. 'Si la gente sabe que nuestros documentos van a acabar en manos de la policía, no podremos seguir llevando a cabo nuestro trabajo. Esto pone nuestra profesión en peligro', añadió Menard.