El informe oficial responsabiliza al jefe de la policía de Génova de los excesos de los agentes

En las conclusiones de dicho informe, entregado al jefe de la Policía, Gianni De Gennaro, se acusa al prefecto de Génova, Francesco Colucci, como responsable directo de los excesos policiales, para quien se aconseja el traslado, y al jefe de las fuerzas antiterroristas, Arnaldo La Barbera, además de otros mandos, para quienes se pide la apertura de un expediente disciplinario.

El documento cita numerosos "errores y omisiones" durante la represión policial en la cumbre, en especial en el registro de la sede del Foro Social de Génova (GSF), que engloba a unos 800 movimientos antiglobalización, al no haberse impedido que a los agentes "se les fuera la mano" y actuaran con excesiva violencia.

El documento admite que la redada en los locales, en los que dormían centenares de jóvenes y se saldó con 93 detenidos (entre ellos más de sesenta con heridas), no se planificó como una "operación de castigo", pero "degeneró", entre otros motivos, por la ausencia en el lugar de una autoridad con un mando claro.

También se pone en tela de juicio el trato otorgado a los más de quinientos detenidos durante la cumbre del G-8 que pasaron por el cuartel de Bolzaneto, en las cercanías de Génova, muchos de los cuales han denunciado torturas físicas y psicológicas.

La actuación policial ha motivado igualmente la apertura de una investigación judicial, a cargo del fiscal genovés Francesco Lalla, que hoy ha continuado el interrogatorio de trece oficiales que intervinieron en la polémica operación.

Los graves sucesos habían llevado al presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, a pedir públicamente que se "arroje luz" sobre los incidentes.

Moción de censura rechazada

El Senado italiano ha rechazado hoy la moción de censura presentada por la oposición contra el ministro del Interior, Claudio Scajola, por los incidentes durante la cumbre del G-8 en Génova. La moción de censura presentada por el centroizquierda fue rechazada por la holgada mayoría conservadora en el Senado, por 180 votos en contra frente 106 a favor.

El viceprimer ministro, Gianfranco Fini, ha hecho una encendida defensa del ministro Claudio Scajola con el argumento de que "la firmeza" frente a los violentos era la única línea aceptable por "un Gobierno serio en un evento de la magnitud del G-8".

Fini ha asegurado que la moción era una "instrumento de propaganda", ideado para poner en dificultad al Gobierno y no para acertar la verdad de los hechos, al tiempo que insistió en el "pleno apoyo" del Ejecutivo al titular de Interior.

El líder de Alianza Nacional (AN) y principal aliado de Silvio Berlusconi ha negado que Italia derive a "situaciones de tipo dictatorial chilenas o argentinas" y ha afirmado que durante la cumbre se respetó el derecho a manifestarse de los grupos antiglobalización.

La polémica actuación policial durante la Cumbre del G-8, que provocó la muerte de un joven contestatario, más de cuatrocientos heridos y centenares de detenidos, muchos de ellos extranjeros, ha originado una fuerte tormenta política en Italia.

Durante el encendido debate de hoy en el Senado, con numerosas intervenciones, el centroizquierda ha insistido en que la situación "se le escapó de las manos" al Gobierno y que el responsable de Interior "no fue capaz de controlar la situación", según el senador de Democráticos de Izquierda (DS) Massimo Villone.

"En Génova la policía fue débil con los violentos y violenta con los débiles", ha afirmado Willer Bordon, portavoz de la Margarita, uno de los principales partidos de la oposición al insistir en la dimisión de Scajola.

Los senadores de Los Verdes han permanecido durante el debate con los brazos en alto cubiertos de guantes blancos, como protesta de la violencia que, según ellos, sufrieron "pacíficos manifestantes".

Antes del inicio de la votación de la moción se ha producido un incidente cuando desde la tribuna del público se ha exhibido una pancarta con el lema "Scajola igual a Pinochet", lo que ha obligado a intervenir a un furioso presidente de la Cámara, Marcello Pera, para que fuese retirado.

La moción fue presentada después de que durante toda la jornada de ayer Gobierno y oposición trataran sin éxito de negociar un acuerdo para retirarla a cambio de formar una comisión parlamentaria de investigación.

Los conservadores se negaron y, a cambio, han aprobado hoy en la Cámara de Diputados una investigación "informativa", que dispondrá de 45 días para preparar un informe que será presentado al Parlamento a mediados de septiembre, aunque sus conclusiones no gozarán del mismo poder que las de una comisión oficial parlamentaria.