La industria ha ganado todos sus litigios en España

Ningún tribunal español ha condenado de momento a las compañías tabacaleras por el daño causado a los fumadores. Hasta la fecha se han emitido tres fallos, que se refieren a demandas individuales. La primera denuncia fue presentada en enero de 1998 por la viuda de Emilio Carramiñana, un hombre que murió de cáncer de pulmón en 1994. Los tribunales absolvieron a Altadis (la fusión entre la española Tabacalera y la francesa Seita) en marzo de 2000 y la exculparon del fallecimiento.

El 11 de abril del año pasado, un juez de Madrid absolvió a Tabacalera y al Ministerio de Economía de haber provocado el síndrome de Buerger a José Calderón Crespo. La enfermedad, que provoca el deterioro del sistema circulatorio del paciente, le hizo perder las piernas y los brazos. En la sentencia se reflejaba que no había una relación demostrada entre el hábito de fumar del demandante y su dolencia.

Por último, en mayo de 2000, un juzgado de Sueca (Valencia) archivó la demanda contra los fabricantes de cigarrillos de Emiliano Amaya, enfermo de una bronquitis crónica que él achacaba a su consumo continuado de tabaco.

En los tres casos, la base de las decisiones judiciales es la misma. Como explica un portavoz de Altadis, la legislación española exige que se demuestre una relación directa entre el consumo del tabaco y los daños aducidos. Es lo que se conoce como principio de causalidad. Hasta ahora, ningún juez español ha considerado probado que la enfermedad de los demandantes se deba al tabaco. También hay que demostrar que el fumador no sabía el daño de su hábito, y en España las cajetillas advierten del peligro de fumar desde hace años.

Las demandas interpuestas contra las tabacaleras en otros países europeos han tenido el mismo final: la absolución de las empresas. Tan sólo en un caso, en Francia, un tribunal ha dado parte de razón a un demandante. Los jueces adujeron que el fumador había empezado muy pronto con su hábito (a los 15 años), y que debía ser indemnizado por el periodo en que por su edad no era consciente del peligro que corría.

La situación es muy diferente en EE UU, donde se han dictado multas billonarias para la industria. Como señala un informe elaborado por la consultora Morgan Stanley Dean Witter para Altadis, en Estados Unidos no hay que demostrar una relación directa entre la causa y el efecto, sino que basta con probar una cierta relación, aunque sea estadística. Además, las decisiones las toman jurados populares, 'poco propensos' a identificarse con los empresarios.

El informe de la consultora también señala que Tabacalera ha estado en manos públicas hasta 1998. Esta relación evita que puedan presentarse querellas estatales, 'por la previa vinculación de la empresa con el Estado'.