300 enfermos servirán como testigos en la demanda de la Junta contra las tabacaleras

La estrategia jurídica de la Junta será la de concentrar todo su esfuerzo probatorio en un pleito 'abarcable'. Con el litigio pretende que se demuestre que existe un coste sanitario específico, cuantificable, por los daños causados por el tabaco a la Administración sanitaria. Unos daños que, según sus servicios jurídicos, no puede eludir, pues es obligación de la sanidad pública atender a todos los enfermos que le llegan porque así lo exige la Constitución.

La Junta ha elegido los hospitales del Virgen del Rocío y Virgen Macarena, ambos de Sevilla, para plantear este pleito. Como prueba aportará el historial clínico de todos los pacientes que están siendo tratados por enfermedades contraídas a causa del consumo de tabaco, aunque, en principio, el esfuerzo probatorio va a restringirse a tres patologías concretas: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el infarto agudo de miocardio y el cáncer de pulmón. Hasta el momento, 300 pacientes han dado ya su consentimiento para que sea utilizado su historial clínico como prueba; también acudirán como testigos.

Pese a que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) considera que el coste de atender a los enfermos del tabaquismo en Andalucía ronda los 60.000 millones de pesetas, en principio, no está previsto que en la demanda la Junta precise una cantidad. En todo caso, será siempre el juez el que fije el montante del daño, de acuerdo a los términos y criterios con los que se haya interpuesto el pleito.

'Ahora bien, si ganamos este juicio, ganaremos todos los que vengan después', afirmó ayer el consejero de Salud, Francisco Vallejo.

Para demostrar que el tabaco le causa 'un daño' a la Administración, los juristas de la Junta aportarán pruebas de tres tipos. En primer lugar, intentarán probar que los pacientes que acuden como testigos sufren enfermedades originadas por el tabaco. El análisis químico del tabaco será el segundo argumento probatorio. La Junta está tratando de confirmar que el tabaco contiene elementos químicos no declarados que potencian la adicción del fumador. El tercer argumento será el epidemiológico. Los laboratorios de la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada están tratando de cuantificar el coste sanitario que le genera el tabaco al SAS.

Ésta es la primera iniciativa de estas características que una Administración europea plantea contra la industria tabacalera. Las cinco empresas demandadas ahora por la Junta representan el 95% del tabaco distribuido y consumido en Andalucía.

Sobre la demanda, Francisco Vallejo matizó que 'no se busca con ella ganar una cantidad determinada que sirva como indemnización, sino una prueba jurídica que conlleve a una sentencia favorable para posteriores reclamaciones'. Vallejo aseguró asimismo que la demanda contra las tabacaleras se justifica en que éstas venden un producto que provoca enfermedades y mata. También, según el consejero andaluz de Salud, el pleito representa 'una postura progresista' pues hoy, las víctimas del tabaquismo hay que buscarlas entre los grupos sociales más débiles y entre los más desfavorecidos. 'Los jóvenes, e incluso los niños, están entre sus víctimas', afirmó.

La Junta justifica, también, la demanda en el artículo 83 de la Ley General de Sanidad que recoge el derecho de la Administración sanitaria a reclamar a un tercero el daño causado, en este caso a las tabacaleras.

El Servicio Andaluz de Sanidad ha calculado en un 8,5% del total la actividad hospitalaria que genera el tabaco. En Andalucía un 35% de la población fuma y al año mueren, por diversas patologías relacionadas con el tabaco, más de 10.000 personas.