Las 17 autonomías gastarán 14 billones este ejercicio y mantienen una deuda de casi seis

La Comunidad Valenciana es la autonomía menos saneada con una deuda de 1.006.000 millones, según datos del Banco de España, lo que supone un 69,24% del presupuesto que ha aprobado para este año (1.452.893 millones). Le sigue Cataluña que debe 1.140.000 millones sobre un total presupuestado de 2.100.000 (el 54,28%) y Madrid, con 835.000 millones de deuda, el 53,52% de los 1.560.000 millones para este ejercicio. Las comunidades que deben menos a los bancos son Castilla La-Mancha, Canarias y Castilla y León, con endeudamientos inferiores al 25% de sus respectivos presupuestos.

El próximo viernes está previsto que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que el Gobierno y los ejecutivos autonómicos (salvo los de Euskadi y Navarra, que se rigen por un sistema de financiación distinto) deben acordar un nuevo modelo de financiación autonómica para los próximos cinco años.

Las propuestas del Gobierno y de las comunidades gobernadas por el PSOE son muy similares en cuanto al tipo de impuestos que hay que ceder a las autonomías para que gestionen sus servicios públicos. La única diferencia, que de momento constituye una barrera insuperable para el acuerdo, es la cantidad en la que cada una de las partes considera que debe incrementarse el monto total que hasta ahora recibían las autonomías.

Mientras que el Gobierno propone un aumento de 225.000 millones de pesetas, los socialistas exigen que la cifra no baje de los 475.000 millones.

Las comunidades gobernadas por el PP apoyan en líneas generales la propuesta del Ejecutivo estatal. En las timoneadas por el PSOE, las propuestas son más variadas. El consejero de Hacienda de Aragón, Eduardo Bandrés, solicitará que el Gobierno considere la aplicación del artículo 48 del Estatuto de Autonomía que prevé un pacto entre Aragón y el Estado para que la comunidad reciba compensaciones por su extensión, su despoblación y sus insuficientes infraestructuras.

El Gobierno de Asturias desearía que el CPFF recupere su carácter de órgano de cooperación y no sea una instrumento de subordinación de las comunidades al Estado. Asturias solicita también que el Fondo de Compensación Interterritorial recupere su papel como instrumento de convergencia entre autonomías.

Baleares exige que la negociación del nuevo modelo tenga en cuenta el aumento de un 20% de la 'población flotante' (turistas) en los últimos 10 años. Su consejero de Hacienda, Joan Mesquida, resalta que debido al turismo, la cesión de la capacidad normativa sobre los impuestos indirectos -una posibilidad que primero aireó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para después descartarla por imposición europea- cobra allí una especial importancia.

Tanto la Junta de Andalucía como Castilla-La Mancha y Extremadura están dispuestas a aceptar el nuevo modelo, pero exigen que el Estado les reintegre las pérdidas que en su opinión han sufrido desde 1997 por no haberse adherido entonces al modelo todavía vigente. Estas comunidades consideraron en 1996 que el actual sistema no reconocía su censo real.

Cataluña ha abandonado la reclamación de 400.000 millones presentada por el consejero jefe Artur Mas el martes pasado. La Generalitat desea obtener más recursos, pero desde que el PP logró gobernar con mayoría absoluta ha ido reduciendo sus pretensiones y no pondrá ninguna cifra sobre la mesa para negociar el nuevo modelo.