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El Gobierno marcará el límite de benzopireno en 2 partes por millardo

Las ventas a granel del aceite de oliva caen en lonja hasta un 78%

El subdirector de Seguridad Alimentaria, José Ignacio Arranz, anunció ayer que el Gobierno emitirá mañana una orden ministerial que fijará los límites permitidos de benzopireno en el aceite de orujo en dos partes por millardo (dos microgramos por kilo), es decir por debajo de los entre 8,5 y 89,5 partes por millardo encontrados en las muestras inmovilizadas por el ministerio de Sanidad.

Las declaraciones de Arranz siguieron a una reunión celebrada por los ministros de la Presidencia, Sanidad y Agricultura, Juan José Lucas, Celia Villalobos y Miguel Arias Cañete, respectivamente. La orden podría fijar en cinco microgramos por litro el límite total de hidrocarburos policíclicos aromáticos, sustancias tóxicas entre las que se encuentra el benzopireno, con efectos cancerígenos.

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Fuentes del ministerio de la Presidencia subrayaron que, para el Gobierno, la principal preocupación es la protección de la salud de los consumidores que 'no deben albergar ninguna duda' de que el aceite que se está consumiendo tiene 'plenas garantías sanitarias'.

Desde que se produjo la retirada del mercado del orujo por orden de Sanidad, las ventas de aceite de oliva en origen a granel han caído un 78%, según la información que semanalmente recoge el sistema Pool de Precios, en el que están integradas cooperativas que representan el 46% de la producción nacional. 'Esto es fruto del nerviosismo. Se ha producido una parálisis en las ventas y eso supone un dato preocupante', indicó ayer Agustín Rodríguez, responsable de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Jaén.

Por otro lado, la afirmación de un extractor de aceite de orujo, Miguel Pina, de que el aceite de orujo ha sido ampliamente disfrazado durante años de aceite de oliva, y de que el Instituto de la Grasa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tenía constancia de ello, fue desmentida ayer por Mauel Lamela, subsecretario de Agricultura, por el CSIC, por el ministro portavoz Pío Cabanillas, la ministra Celia Villalobos y por el resto del sector industrial, que anunció una querella contra Pina.

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