El Congreso aprueba por unanimidad la Agencia de Seguridad Alimentaria

La crisis de las vacas locas precipitó la creación de esta agencia, un proyecto que aprobó el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2000. Pero el boceto de este nuevo organismo mostraba signos evidentes de una débil eficacia y escasa financiación, como tuvo que reconocer la propia ministra de Sanidad, Celia Villalobos. El proyecto se modificó posteriormente para incluir la mayor parte de la propuesta alternativa que presentó el PSOE.

Entre los objetivos de este nuevo organismo figura el ofrecer garantías e información a los ciudadanos y agentes económicos del sector agroalimentario. Pero quizá la más importante de sus misiones será la de coordinar a las distintas Administraciones públicas cuando se dé una situación de crisis alimentaria, como ocurrió con las vacas locas. De esta forma pasará a ser el centro de referencia de ámbito nacional desde el que se tomarán las decisiones en situaciones de emergencia.

La principal característica de la Agencia es que incorpora un órgano de dirección que, según sus autores, la dotará de autonomía de acción y de cierta independencia del poder político. La dirección tendrá 12 miembros: cuatro propuestos por el Gobierno, cuatro por las comunidades autónomas, dos por los ayuntamientos, uno por los consumidores y otro por los agentes económicos. El proyecto incluye además un comité científico que se formará por convocatoria pública y siguiendo criterios de excelencia investigadora.

A pesar de ello, y del consenso que se logró ayer en el Parlamento para su aprobación, la patronal alimentaria y los consumidores consideraron el proyecto presentado en diciembre falto de poder ejecutivo y de capacidad para coordinar a las comunidades autónomas. Uno de los problemas que surgen cuando se da una situación de crisis suele ser el choque de competencias entre administraciones. De este asunto en concreto se encargará una Comisión Institucional. Para la Federación Española de Industrias de la Alimentación y la Bebida (FIAB), que representa a las 5.000 principales empresas alimentarias del país, una grave carencia del proyecto será su incapacidad para supervisar y coordinar la ejecución de las competencias de control de las comunidades autónomas.

El órgano rector de la Agencia será el Consejo de Dirección, cuyo presidente será también el presidente del organismo. Habrá también un director ejecutivo que será el representante legal de la agencia y que ejercerá las funciones de dirección que no correspondan al presidente. El Gobierno se reserva el nombramiento de esta figura, a propuesta del presidente del Consejo de Dirección.

Los recursos económicos de esta Agencia saldrán de los Presupuestos Generales del Estado, así como de fondos comunitarios y de aportaciones que se obtengan como consecuencia de convenios y conciertos con entes públicos. La intención primera del Gobierno de recurrir a la financiación privada se abandonó para evitar colusiones de intereses.

La Agencia se encargará de elaborar y promover estudios de investigación, de asesorar a las Administraciones públicas y de informar sobre la posición de España en los asuntos de esta índole que se traten en la Unión Europea.