El Congreso verá esta semana la negativa a firmar la convención sobre corrupción

El Congreso de los Diputados debatirá este miércoles, en la Comisión de Exteriores, la negativa por parte de España a firmar la Convención Penal y Civil sobre la Corrupción. Estas convención, elaborada en el seno del Consejo de Europa, pretende la coordinación de los Estados para luchar de forma conjunta contra las conductas corruptas. España es el único país de la Unión Europea y del grupo GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) que no ha firmado esta convención contra la corrupción. Por eso el PSOE, a través de su diputado Diego López Garrido, ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a 'adoptar urgentemente las medidas necesarias para proceder a la firma e iniciar el proceso de ratificación' de esta convención internacional.

Con una 'inusual rapidez', según el diputado proponente, la Comisión de Exteriores debatirá este miércoles la iniciativa socialista. La convención aún no ha entrado en vigor, ya que aunque los Gobiernos de más de 20 países la han firmado, después falta el proceso de ratificación. Cuando nueve de ellos completen este trámite, que pasa por la aprobación parlamentaria de la convención y el visto bueno final del Ejecutivo, la convención entrará en vigor. De los países miembros del Consejo de Europa tampoco han firmado Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Liechtenstein, San Marino y Turquía, además de España.

Cohecho y blanqueo

La convención insta a los Gobiernos a modificar su legislación para que sean consideradas delito las siguientes conductas: todas las formas de cohecho -activo y pasivo, de empleados públicos, de parlamentarios, en el sector privado, de funcionarios civiles internacionales, de jueces y magistrados y del personal de servicio de los tribunales internacionales-, el tráfico de influencias, el blanqueo de dinero procedente de delitos de corrupción y los delitos económicos relacionados con la corrupción.

La convención exige a los países que ratifiquen la puesta en práctica de medidas 'eficaces' para perseguir estas conductas, que deben estar castigadas con penas disuasorias que incluyan tanto la privación de libertad como la extradición de sus responsables. La convención incluye medidas de cooperación y apoyo entre los Estados, la puesta en marcha de cuerpos especializados en la lucha contra la corrupción o la protección de aquéllos que colaboren con las autoridades para detener a los corruptores. El Partido Popular tendrá que explicar el miércoles por qué el Gobierno no quiere firmar esta convención.