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Las exigencias de IU, CiU y PNV complican la elección de ocho vocales del Poder Judicial

El PP y el PSOE deberán negociar la designación de juristas con la coalición y los nacionalistas

Si nadie cede resultará imposible el acuerdo, ya que sólo son ocho los nombres que el Parlamento puede proponer directamente y las cuentas tampoco saldrán si los grupos mayoritarios hacen uso de su fuerza aritmética. En las conversaciones preliminares todo han sido buenas palabras, de tal suerte que los grupos minoritarios creen que podrán proponer directamente a un candidato.

La negociación oficial comenzará la próxima semana, primero de manera bilateral, PP y PSOE, y después con el resto de los grupos. Los dos partidos mayoritarios hablan de consenso, pero no quieren revelar sus cartas y, sobre todo, se guardan mucho de reconocer hasta dónde puede llegar su flexibilidad. 'Quien más tiene es quien más debe ceder', dicen en el PSOE. 'El PP no puede renunciar a su mayoría en la Cámara', señalan en el partido del Gobierno.

Las direcciones de ambos grupos parlamentarios también tienen en cuenta las palabras de sus respectivos líderes. El presidente del Gobierno, José María Aznar, ha declarado que no está dispuesto a que se repita el sistema de cuotas, en declaraciones que efectuó hace varias semanas cuando estaba en plena ebullición el diálogo con el PSOE sobre el sistema de elección del Poder Judicial. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha indicado en conversaciones internas que la elección directa por el Parlamento de los ocho consejeros debe aspirar al consenso de las Cámaras.

Éstas son las intenciones, pero la realidad resulta más complicada ante las aspiraciones de cada grupo parlamentario, tal y como se pone de manifiesto en las conversaciones preliminares y oficiosas que han mantenido los grupos. Las formaciones minoritarias creen que les han garantizado un candidato. Así lo expresa Gaspar Llamazares, coordinador general de IU, que se atreve ya a hablar de 'incumplimiento de un compromiso' si su grupo quedara fuera. Si se pregunta a cada grupo cuál es su ideal, la respuesta es la siguiente: el PP cree que debe tener cuatro representantes; el PSOE, tres; Izquierda Unida, uno; PNV, uno; CiU, uno, y Coalición Canaria, uno, en total, 11 vocales. La realidad es que sólo hay ocho sillas, por lo que la protesta está asegurada si PP y PSOE no ceden. Los dos grupos mayoritarios se muestran cerrados a explicar hasta dónde quieren llegar, pero oficiosamente aluden al juego de las cesiones.

El PSOE estaría dispuesto a consensuar con IU uno de los representantes, pero llevaría aparejado que el PP pusiera sobre la mesa nombres aceptados por CiU y Coalición Canaria. El PNV también tendría derecho a la capacidad de propuesta.

Cada cual habla de su punto de partida y es cierto que CiU cuenta en el actual consejo con 'un vocal y medio': Francesc Caminal, propuesto por Convergència, y Esther Jiménez, elegida de común acuerdo entre el PP y Unió. El PNV ha tenido durante estos años al jurista Emilio Olabarría, e IU, a Ramón Sáez. En estas conversaciones preliminares los grupos minoritarios no muestran, de momento, excesiva solidaridad entre ellos, ya que recuerdan la pérdida de votos de sus respectivas fuerzas políticas en esta legislatura.

En todo caso, en las cuentas de todos los grupos, sin excepción, entran también los 12 vocales que serán elegidos a medias entre las asociaciones y jueces y el Parlamento. 'Unos pueden compensar a otros', señalan los mayoritarios, por lo que a pesar de la 'despolitización' que han proclamado estos días PP y PSOE con el nuevo sistema, lo cierto es que los grupos parlamentarios tendrán en cuenta el origen de los jueces y magistrados que sean elegidos.

El PP sólo recuerda que tiene mayoría absoluta y que esa realidad no puede olvidarse en la composición de los futuros 20 miembros del CGPJ.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 16 de junio de 2001