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INFORME

El Consejo de Europa critica la escasa autonomía del fiscal general en España

La institución censura al Ejecutivo español por no suscribir la Convención Penal sobre la Corrupción

El Consejo de Europa concluyó sus trabajos de evaluación sobre España, Suecia, Bélgica, Luxemburgo, Eslovenia, Finlandia, Georgia y Eslovaquia, el segundo grupo de países en el último año. Durante la sesión plenaria, dos representantes del Ministerio de Justicia, Alfredo Pascual y Valentín Dueñas, director general y subdirector de Política Legislativa y Cooperación Jurídica Internacional, han tratado de contrarrestar las críticas recogidas en el informe elaborado por los tres expertos europeos que visitaron España el pasado octubre.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, en su informe final, reconoció la preparación de los profesionales de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional en la persecución de los delitos económicos y, a la vez, criticó la falta de medios de ambas instituciones y, muy especialmente, ante la independencia 'comprometida' del fiscal general del Estado con respecto al Gobierno, que es quien lo nombra y destituye.

El Consejo de Europa recomienda al Ejecutivo de Aznar que estudie otras fórmulas para que el fiscal general 'deje de estar en sus manos', según informaron fuentes próximas a Justicia. Entre otras sugerencias, el GRECO destaca la conveniencia de que una vez nombrado, el fiscal general no pueda ser relevado antes de concluir su mandato por ningún asunto relacionado con el desempeño de su labor. Únicamente podría ser destituido, añade, por causas de fuerza mayor, como sanciones graves o problemas personales insuperables. Ésta es la mejor fórmula que Estrasburgo cree que garantizaría la independencia de esta institución, aunque no la única.

Salvaguarda

También recuerda el GRECO que en algunos países es el Parlalento quien nombra al fiscal general, hecho que constituye en sí mismo 'una buena salvaguarda', según añadieron las citadas fuentes. Esta segunda recomendación no parece de probable aplicación en España, ya que en el reciente Pacto de Estado por la Justicia firmado por el PP y el PSOE no se cuestiona en ningún momento que la designación y destitución del fiscal general corresponda exclusivamente al Gobierno.

En un terreno más práctico, el Consejo insiste en que no pueda ser destituido a voluntad; ni que esté facultado a paralizar u obstaculizar ninguna investigación iniciada por ningún fiscal. También solicita el organismo europeo al Gobierno que sus instrucciones al fiscal general sean siempre por escrito y con las 'debidas garantías de transparencia'; es decir, que se les dé publicidad.

El otro reproche importante del Consejo de Europa se refiere a la negativa de España a firmar la Convención Penal sobre la Corrupción, suscrita en noviembre de 1998 por 39 estados. España es el único país del grupo GRECO que no ha refrendado dicha convención. Tampoco lo han hecho Turquía, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Liechtenstein y San Marino. Fuentes del Ministerio de Justicia no aportaron ayer ninguna explicación a esta negativa.

Justicia pide tiempo para 'reflexionar'

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 16 de junio de 2001

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