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La Obra Cultural Balear acudirá al juez si Del Castillo no rectifica

La Obra Cultural Balear (OCB) llevará a la ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, ante el juez si en el plazo de 10 días no rectifica oficialmente sus opiniones sobre la persecución histórica de la lengua catalana. La entidad cívica mallorquina cree que las declaraciones de la ministra a EL PAÍS el pasado día 6 'atacan directamente, aparte de la más elemental verdad histórica, el tenor de la ley autonómica de normalización lingüística de 1986, en la que se relata la persecución política desde los decretos de nueva planta', y además sostiene que la ministra de Cultura 'ha lesionado gravemente la objetividad y ejemplaridad precisas para el desempeño de un cargo público y ha erosionado la dignidad de los socios de la OCB'.

La demanda formal de rectificación, enviada ayer al ministerio, es copia de la que se anuncia como futura acción judicial, con petición de 'reparación congruente a los perjuicios causados a la entidad'. En el escrito se recuerda que la citada ley del Parlamento balear, a propuesta del PP, oficializó que 'el catalán sufre una marginación tanto en la escuela como en los medios de comunicación, y también en el uso oficial y público en general que culmina durante la dictadura franquista'.

La OCB emplaza a la ministra Pilar del Castillo a rectificar 'de manera rotunda y rápida' las opiniones que contenían 'una serie de afirmaciones negacionistas y del todo minimizadoras respecto a la persecución histórica en España de las lenguas diferentes del castellano'. El 11 de mayo, la sociedad cultural insular que preside Antoni Mir pidió a Del Castillo que enmendase sus palabras, pero unas declaraciones de la ministra a La Vanguardia y una respuesta en el Senado no solventaron 'el error o falsedad de manera completa y terminante', sino que, dice la OCB, contenían un 'intento de justificarse o ratificarse en muchos puntos'.

La OCB reclama también formalmente a la ministra que desvele quién es el autor del discurso que pronunció el Rey en la entrega del último Premio Cervantes, en el que indicó que 'nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro; a nadie se le obligó nunca a hablar en castellano'. La entidad balear recuerda que el Rey es 'constitucionalmente irresponsable' y la negativa del Gobierno a decir quién redactó sus palabras abona que se cree 'una zona de impunidad' con la que 'se burlaría el derecho a recibir información veraz sobre los asuntos públicos'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 26 de mayo de 2001