Condena sindical del pacto Iglesia-Estado por el despido de una profesora de religión
El obispado considera la situación de Resurrección Galera 'irregular dentro de la Iglesia'
Resurrección Galera acudió ayer a clase como en un día cualquiera para completar la treintena de horas lectivas semanales que estipula su contrato laboral como única profesora de religión del colegio público Ferrer Guardia, que la Junta de Andalucía tiene en Los Llanos de la Calzada, a 12 kilómetros de Almería. El colegio vivió toda la jornada en medio de una gran agitación, reconoció su director, José Ferre Romera. La avalancha de llamadas interesándose por la situación de la profesora Galera y el desfile de periodistas fue tan constante que José Ferre tuvo que adoptar medidas 'para que nada perturbase la tranquilidad de los colegiales, ni a los profesores'.
Por la tarde, el claustro -27 profesores, de los que 17 son mujeres- se reunió para redactar un comunicado de apoyo a la única profesora de religión del centro. 'Los abajo firmante manifiestan la gran competencia profesional de la profesora mencionada al impartir las clases de religión en nuestro centro; [y] su talante y comportamiento, en todo momento, con alumnos y compañeros', afirma el claustro.
Contrato laboral
El contrato laboral que vincula este año a la profesora Galera con el colegio Ferrer Guardia, lo mismo que otros anteriores en los últimos siete años, lo emitió el Jefe de Personal de la Subdelegación del Gobierno en Almería en nombre del Ministerio de Educación y Cultura, pero lo gestiona el obispado de Almería por un acuerdo firmado el 26 de febrero de 1999 entre el Gobierno del PP y la Conferencia Episcopal Española, que lleva la rúbrica de la entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, del ministro de Educación, el hoy vicepresidente primero y ministro del Interior, Mariano Rajoy, y la del entonces presidente de los obispos españoles, el arzobispo de Zaragoza, Elías Yanes, sustituido un mes más tarde por el cardenal Antonio María Rouco.
Dicho acuerdo estipula que, aunque el empleador y pagador de los profesores de religión -unos 13.000 en toda España- es la Administración del Estado, quien los propone es la Iglesia católica, a través del obispo ordinario de cada una de las 67 diócesis en que la Santa Sede ha dividido el territorio español.
Católico como la profesora Galera, Johannes Romes, su marido, se casó en su país en 1968 y se divorció siete años más tarde. Ahora está a la espera de que su diócesis concluya el proceso de nulidad para celebrar el matrimonio canónico con su actual esposa. Reside desde hace 12 años en Almería, es traductor y, antes, trabajó en el gabinete de Prensa del Parlamento de la República Federal de Alemania, en la ex capital Bonn. Su decisión de apoyar a la esposa 'hasta las últimas instancias judiciales' la concretó, anoche, con este dato: ya ha entrado en contacto con la UGT para que les guíe y ayude en el pleito, que sospecha 'muy largo', y hoy mismo lo hará con Comisones Obreras, con igual finalidad.
A esa misma hora, sin embargo, los sindicatos, desde Madrid, ya habian decidido tomar 'el toro por los cuernos', en palabras de un dirigente de CC OO. La Federación de Enseñanza de este sindicato calificó el caso de 'absolutamente inaceptable'. El despido, 'atenta contra derechos fundamentales de la persona -a la intimidad, a la propia imagen y al trabajo, sin que éste pueda ser cuestionado por las relaciones personales de índole privada de la trabajadora-, en virtud de un acuerdo entre el Estado Español y el Estado Vaticano, que impone unas relaciones de carácter casi feudal a unos trabajadores a los que se deja al margen de la regulación laboral ordinaria que tiene el resto', declaró Matilde Llorente, de la comisión ejecutiva de la citada federación.
Jesús Ramón Copa, secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT, fue más allá en la denuncia de ilegalidad. Dijo: 'La Conferencia Episcopal Española es la mayor empresa de trabajo temporal de España', en alusión a los 13.000 profesores que cada año son escogidos y despedidos por la Iglesia para atender en cada curso a las clases de religión. Copa considera ese proceso 'completamente al margen de la legislación'.
UGT ha ganado ya varios pleitos a la Iglesia por este motivo, pero cree que el conflicto de los profesores de religión no se solucionará hasta que el Estado revise los acuerdos firmados con la Santa Sede, que a juicio de Jesús Ramón Copa son 'escandalosamente anti o preconsticionales'. 'Apoyaremos a esta profesora de Almería hasta el último extremo, pero no lograremos una solución definitiva hasta que el Estado español revise ese concordato. En el año 2001 resulta intolerable que una persona pierda su trabajo por los motivos que aducen esos señores', concluyó.
El colegio Ferrer Guardia, que lleva este nombre en homenaje al pedagogo Francisco Ferrer i Guardia, ejecutado en Barcelona acusado de haber sido el instigador de las revueltas que desembocaron en la Semana Trágica de 1909, tiene 480 alumnos, de los que 461 han elegido acudir a clase de religión católica. Los otros 19 son, la mayoría, hijos de musulmanes y no disponen de profesor para esa creencia. Como alternativa, se les ofrece una clase para reforzar su aprendizaje del castellano.
Opinión del obispado
El obispado de Almería reaccionó ayer a la noticia publicada el jueves por EL PAÍS. En una nota señaló, en referencia a la profesora Galera, que 'ni nombra ni cesa a nadie, solamente propone a los profesores idóneos para cada curso escolar'. 'Es cierto que esta profesora fue llamada por el Delegado Diocesano de Enseñanza y le hizo saber las noticias llegadas a la delegación por su situación irregular dentro de la Iglesia, situación que fue aceptada por ella', añade la nota. El citado delegado, el sacerdote Antonio Rueda, había negado el martes a este periódico ese extremo.
El obispado afirma también en su nota que la vida de los profesores de religión ha de ser 'coherente con las normas y el espíritu de la Iglesia'. [A la profesora] 'le asiste el derecho de casarse con quien quiera y como quiera, pero sin olvidar las obligaciones de los niños, padres y doctrina de la Iglesia. Los derechos y deberes siempre van de la mano y no deben separarse', agrega.
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