Ibarretxe condiciona el modelo de financiación a que Euskadi consiga voz propia en Bruselas

Un portavoz del Gobierno vasco señaló ayer a este periódico que el punto 'más espinoso', desde una perspectiva política, de la próxima negociación con el Ejecutivo central sobre el nuevo modelo de financiación es la participación de representantes vascos en los Consejo de Ministros de la Unión Europea que aborden temas fiscales.

El Gobierno vasco fundamenta esta reclamación en el Tratado de Maastricht, que recoge dicha posibilidad, y en la práctica de los Estados federados alemanes que vienen participando en los Consejos de Ministros Europeos desde hace años.

También recuerdan los dirigentes vascos que incluso las regiones italianas, con menos capacidad de autogobierno que la vasca, participan de un organismo dependiente de las instituciones europeas, como el Grupo Pumarollo que trabaja en la elaboración de un código de conducta fiscal.

En el último ejercicio, el País Vasco recaudó 1,3 billones de pesetas y abonó a la Administración central un 'cupo' de 144.000 millones

El Gobierno vasco argumenta una presencia directa en las instituciones europeas para explicar mejor una ley como la del Concierto Económico, que desde la Unión Europea se interpreta como un procedimiento camuflado de subvenciones, de privilegio para una comunidad y que vulnera las leyes de la competencia.

También pretende el Gobierno vasco que este reconocimiento se extienda posteriormente a todos los asuntos en los que tiene competencias exclusivas.

Un portavoz del Ministerio de Hacienda, competente en la negociación del Concierto Económico con el Gobierno vasco, manifestó ayer que el Ejecutivo central tiene voluntad de negociar tanto este aspecto europeo como los otros puntos que ha presentado el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe.

La propuesta de participación de las comunidades autònomas en los Consejos de Ministros europeos había contado hasta ahora con el rechazo del Gobierno. En septiembre pasado, el PP impuso su mayoría absoluta en el Congreso para rechazar una proposición no de ley de CiU y del PNV en la que reclamaban dicha participación para todas las autonomías en los Consejos de Ministros de la Unión Europea.

El Ministerio de Hacienda expresó ayer su voluntad de abrir la negociación en cuanto lo desee el Gobierno vasco, y no pondrá ninguna dificultad a que lo haga el Ejecutivo en funciones de Ibarretxe. La ley debe estar acordada para octubre ya que debe entrar en vigor el 1 de enero próximo y necesita, al menos, dos meses de tramitación parlamentaria. Un portavoz de la vicepresidencia del Gobierno vasco señaló ayer: 'Si hay voluntad política, la negociación puede cerrarse en un mes'.

Caducidad de la norma

Otro punto importante de la negociación es la pretensión del Gobierno vasco de que la ley renovada del Concierto tenga carácter indefinido y no un plazo de caducidad de 20 años, como sucede actualmente. En el único encuentro habido entre ambas administraciones, el pasado febrero, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mostró su buena disposición para acordar este asunto a la vicepresidente del Gobierno vasco, Idoia Zenarruzabeitia.

Pero en el borrador del acta de la reunión, que envió el Gobierno central al vasco, no se reflejaba la predisposición al acuerdo que expresó Montoro. Un portavoz del Gobierno central aclaró ayer que 'no tenía sentido dar por aprobado un tema pendiente de negociación'. Otros asuntos que se abordarán se refieren al Cupo -la cantidad que el Gobierno vasco debe abonar a la Administración central por el coste de los servicios no traspasados- así como un aumento de la capacidad normativa para legislar, por ejemplo, sobre el IVA. En el último ejercicio, el País Vasco recaudó 1,3 billones de pesetas y pagó al Estado un cupo de 144.000 millones.

La creación de una Comisión de Arbitraje para evitar la judicialización de las normas tributarias vascas completa los puntos de la negociación.