Freshuelva culpa al Gobierno central de haber iniciado una campaña contra el sector de la fresa

El titular del Juzgado de Ayamonte que instruye las diligencias ordenó ayer la puesta en libertad, aunque con cargos, de los hermanos Abel y José Ramón Martínez Planelles, gerentes de la empresa El Noble SL y de una firma filial, y un tercer empresario, de iniciales M. D. P. G., natural de Castellón. Mientras, los agentes de la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía Nacional buscan a un cuarto implicado, de iniciales J. M. M. que permanece en paradero desconocido y que, al parecer, era el encargado de reclutar a los indocumentados de nacionalidad marroquí y ecuatoriana.

Un informe de la Inspección de Trabajo de Huelva explica que los inmigrantes que trabajaban en la finca 'se encontraban en condiciones lamentables en cuanto a trabajo, alojamiento y salarios, así como sin permisos ni contratos laborales'. Además, según el informe, los extranjeros 'vivían hacinados en módulos prefabricados'.

La investigación se inició en una comisaría de Valencia tras la denuncia interpuesta por una persona contra uno de los empresarios, al que acusó de traficar con inmigrantes y, a partir de ese momento, la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía comenzó las pesquisas para dar con su paradero en la provincia onubense.

Según fuentes del sector, esa persona proporcionó a los agricultores onubenses un número determinado de trabajadores ante la falta de mano de obra que existía en la finca. Los acusados defendieron en sus declaraciones ante la policía que cuentan con las facturas de los salarios abonados a los inmigrantes y que éstos no han recibido maltrato alguno.

Se trata del segundo caso de presunta explotación laboral que se detecta en la provincia onubense en menos de un mes. El pasado 26 de abril se conoció la situación infrahumana en la que vivían y trabajaban más de un centenar de inmigrantes en la finca Doñana 2000, situada en el término municipal de Almonte. En esos días, también se hizo pública la situación de miseria en la que viven muchos trabajadores extranjeros que, ante la falta de viviendas dignas, pasan meses con sus familias con el único cobijo de chozas de plástico.

Apoyo de la patronal

'Ambas denuncias laborales han sido filtradas por el Gobierno para hacernos pagar su incapacidad de solucionar el problema de los inmigrantes ilegales', aseguró ayer José Manuel Romero, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Fresa (Freshuelva), que cerró filas en torno a la empresa denunciada.

El presidente de Freshuelva, que pidió 'calma y serenidad', lanzó un mensaje al Gobierno del PP: 'parece que en Almería, Murcia y Valencia no hay inmigrantes en situación ilegal y que todos se encuentran trabajando en el campo de Huelva. No alcanzo a entender cuales son las razones por las que se quiere tener a esta provincia en el disparadero por dos casos puntuales que, además, se han hecho públicos a través de la propia Administración Central'.

Romero, que expresó la profunda indignación del sector, se preguntó 'las causas por las que el Gobierno no filtra las denuncias que ocurren en otros sectores y que pasan desapercibidas'. A juicio del responsable de Freshuelva: 'Se está actuando de forma muy dura contra el sector agrícola onubense y alguien debe dar la cara para darnos una explicación'.

Los responsables de la patronal agrícola mantuvieron ayer una reunión de urgencia con el subdelegado del Gobierno en Huelva, Carmelo San Martín, al que expusieron 'la necesidad de se frene esta situación, ya que el sector se está viendo afectado por una mala imagen que no es real', dijo Romero.

Mientras, el secretario provincial de la Federación Hortofrutícola de CC OO, Santiago Lepe, sostuvo ayer que las denuncias de explotación laboral que se vienen dando en la provincia 'demuestran que la llamada de inmigrantes que realizó Freshuelva cuando se inició la campaña no se ajustaba a la realidad'. Lepe considera que la patronal frutera de Huelva no se puede extrañar de la llegada de inmigrantes ilegales, ya que la petición de mano obra pudo atraer a trabajadores en situación irregular..