La juez revisará las cuentas de Núñez avaladas en su día por los inspectores que le compraron pisos

La revisión de las cuentas del grupo Núñez y Navarro se circunscribe a los años 1992-1995, según fuentes próximas al caso. El mutismo es total, como corresponde a la decisión de decretar el secreto del caso por parte de la juez Elisabet Castelló, que asistió personalmente a los registros -acompañada de Teresa Gálvez, de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid y redactora de la querella que dio pie a este caso en marzo del año pasado-. Núñez vendió pisos a los inspectores Manuel Abella, Roger Bergua y José Lucas Carrasco, y al ex delegado de Hacienda en Cataluña Miguel García Hoffmann.

Algunas filiales del grupo Núñez cerraron ejercicios con pérdidas. Es el caso de Naynu, la empresa que vendió dos viviendas al entonces inspector fiscal Manuel Abella, quien revisó las cuentas de las empresas del grupo Peromoinver, Neraco, Monigra, Josel, Edonu, Kamian y Cogramon. La primera de ellas, Peromoinver, presentó su declaración de impuestos con pérdidas de 149 millones de pesetas y el mismo día (14 de julio de 1993) el inspector jefe de la época Josep Maria Huguet ordenó su inspección.

Josep Lluís Núñez Clemente no ha sido imputado en este caso, aunque sí lo está su hijo, Josep Lluís Núñez Navarro, por intervenir ante Caixa Catalunya para que otorgara un crédito hipotecario al inspector Manuel Abella para adquirir dos viviendas. Se da la circunstancia de que Abella compró los pisos siendo responsable de buena parte de las inspecciones a las empresas de Núñez con actas de 'comprobado y conforme'. El inspector, actualmente suspendido de empleo, insiste en que su actuación fue correcta.

Josep Lluís Núñez no respondió a las llamadas realizadas ayer a su domicilio y su oficina por este diario. Su abogado, Juan Piqué Vidal, se declaró 'molesto' por el registro practicado por sorpresa a su cliente y se quejó de que Hacienda adeuda al grupo 2.000 millones por devoluciones de IVA de terrenos que han adquirido sus empresas. En declaraciones a La Vanguardia publicadas ayer, Núñez relativizó que cuatro ex cargos de la Agencia Tributaria residan en viviendas vendidas por él y señaló que la sede central de Hacienda en la plaza de Letamendi de Barcelona fue vendida por su empresa.

La juez pretende confirmar la acusación de la fiscalía según la cual el inspector Manuel Abella, con la 'colaboración eficaz' de Roger Bergua y Josep Maria Huguet, que fue jefe regional de inspección, se concertó con los responsables de Núñez y Navarro para efectuar inspecciones 'sin que se realizase ninguna actuación efectiva de comprobación y prescindiendo deliberadamente de la información del Banco de Datos Nacional como instrumento de cotejo y análisis'.

El fiscal anticorrupción de Barcelona, Carlos Ramos, dirigió personalmente el registro de Ibusa, la inmobiliaria del ex dirigente de Alianza Popular Eduardo Bueno Ferrer, a la que no se acusa de facilitar pisos en condiciones ventajosas, sino de haber sido favorecida en inspecciones por Roger Bergua y Manuel Abella. Se investiga si Ibusa consiguió de Josep Maria Huguet que se apartara al inspector que se le había asignado y que Bergua le validara pérdidas por valor de 9.585 millones.