Diez años de cárcel para un jefe de la Inspección de Hacienda de Barcelona

La Audiencia de Barcelona condenó ayer a penas que suman 10 años y 6 meses de prisión a Álvaro Pernas, ex jefe de la Inspección de Hacienda para el sector inmobiliario en Cataluña, por cohecho, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos por levantar actas favorables a la constructora Metro 3 a cambio de 360.607 euros (60 millones de pesetas). La misma sentencia impone cuatro años y seis meses de cárcel por los mismos hechos al dueño de esa inmobiliaria, Baltasar Aznar, y absuelve al subinspector Fabián Gómez Molina, subordinado de Pernas.

La sentencia dictada ayer por la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona es una pieza separada del caso que instruye desde 1999 el Juzgado número 33 de Barcelona por la supuesta trama de Hacienda en Cataluña, en la que están imputados, entre otros, el ex delegado de Hacienda en Cataluña Ernesto de Aguiar y el ex jefe de la inspección José María Huguet. El tribunal que en su día juzgará ese caso es el mismo que ha dictado esta sentencia y está presidido por Gerard Thomas. La resolución también condena a Pernas a pagar una multa de 721.214 euros, y a Aznar, de 180.000 euros. La responsabilidad civil queda aplazada hasta que se realice un peritaje cuando se ejecute la sentencia.

Pernas está en prisión desde enero de 2001, cuando la policía descubrió que pretendía ocultar su patrimonio a raíz de la investigación judicial abierta contra él. Inés Portabella, su abogada, declaró ayer que recurrirá ante el Tribunal Supremo porque discrepa de los hechos que se declaran probados, de la fundamentación jurídica y de las penas. 'Mi cliente confía en que finalmente se aclare todo', añadió la letrada.

En la sentencia se explica que el 21 de julio de 1997 el inspector Pernas y el subinspector Fabián Gómez Molina iniciaron las investigaciones fiscales de la empresa Metro 3 y comunicaron a la sociedad que abarcaría los ejercicios de 1991 a 1995 del impuesto de sociedades y los ejercicios de 1992 a 1996 de los impuestos del IVA y de las retenciones sobre el trabajo personal y sobre el capital mobiliario. Cuando finalizó esa investigación, al cabo de un año, Pernas exigió a Aznar través de un intermediario el pago de 360.607 euros por 'arreglar' las actas fiscales a favor de la inmobiliaria. El intermediario era Enrique Viola, ex inspector fiscal, corredor de comercio y amigo común de Pernas y Aznar. Viola estuvo inculpado en la instrucción de la causa pero no llegó a sentarse en el banquillo. Según la sentencia, Viola aconsejó a Aznar que no pagase el dinero, pero éste no hizo caso y abonó los 60 millones de pesetas 'en una fecha desconocida, pero anterior al 30 de noviembre de 1998'.

Ese día, el dueño de Metro 3 acudió a las oficinas de Hacienda y firmó cinco actas de conformidad por las que la inmobiliaria debía pagar unos 72.121 euros (12 millones de pesetas) a Hacienda. Nueve días después, el inspector jefe regional anuló esas actas, nombró un nuevo actuario y retiró a Pernas de la inspección de inmobiliarias. En mayo de 1999, la nueva inspección concluyó con otras actas de conformidad por poco más de 90.151 euros (15 millones de pesetas) en varios conceptos, pero un año y medio después, cuando se descubrió la trama de supuesta corrupción en Hacienda, se supo que Pernas había escondido varias cajas con documentos contables de Metro 3 en el despacho de un amigo situado en la Travessera de Gràcia de Barcelona. El definitivo peritaje de esa contabilidad, que es el que ha servido para juzgar el caso, elevó la deuda fiscal de Metro 3 a 453 millones de pesetas.

La Audiencia de Barcelona impone cuatro años de cárcel a Pernas por un delito de cohecho pasivo porque 'percibió una dádiva' de 60 millones de pesetas y como 'contraprestación' firmó actas con la inmobiliaria 'por una cantidad escandalosamente inferior a la que correspondía'. Dice el tribunal que basta con que Pernas solicitase el cobro del dinero para cometer cohecho, aunque no exista prueba directa del pago. La Sala opina que se dan todos los requisitos que exige la jurisprudencia.

La Audiencia también condena a Pernas a cuatro años de prisión por falsedad en documento oficial, cometido al 'faltar a la verdad' al manipular las actas, y a otros dos años y seis meses de cárcel por infidelidad en la custodia de documentos. Afirma el tribunal que Pernas 'ocultó y conservó los documentos en su poder, fuera del alcance de sus superiores'.

Condena al empresario

El fiscal Carlos Ramos también acusó a Pernas de prevaricación durante el juicio, pero el tribunal le absuelve al considerar que las actas fiscales no son una resolución, en sentido jurídico-administrativo, porque puede ser anulada, como así sucedió.

En cuanto a Baltasar Aznar, el tribunal le impone un año y seis meses de cárcel por cohecho activo porque, aunque no fue él quien ofreció pagar los 360.607 euros (60 millones de pesetas), sí le pidió a Viola que hablase con Pernas. Igualmente le condena a tres años por falsedad en documento. José María Cánovas, abogado de Aznar, adelantó que también recurrirá contra la sentencia, que calificó de 'muy especulativa y contradictoria'. El tribunal también impone sendas penas de 15 meses de inhabilitación a ambos por omisión en perseguir determinados delitos.