Pisos, actas y favores

'Todos veíamos que su nivel de vida era alto y había rumores de todo tipo, pero la verdad es que nadie podía pensar todo esto'. Quien así se expresa es un cargo de Hacienda en Barcelona, dos días después de que el juzgado y la fiscalía registraran el domicilio y las oficinas del constructor Josep Lluis Núñez en busca de pruebas sobre un supuesto trato de favor a la empresa por cuatro inspectores fiscales que le compraron pisos.

Pese a las sospechas, las alarmas nunca sonaron para la llamada trama de Hacienda en Barcelona. Durante años, varios inspectores compraron pisos de lujo a empresas a las que levantaban actas fiscales, hacían inversiones millonarias e incluso poseían yates.

La propiedad de restaurantes, yates y coches de lujo no encendió la alarma en la Agencia Tributaria

La señal de alerta tampoco saltó en 1993 cuando el jefe de inspección en Cataluña en ese momento, Josep María Huguet y su esposa, Rosa María Guasch, se convirtieron en copropietarios del restaurante 'Talaia', el más lujoso del Puerto Olímpico de Barcelona. 'Huguet tenía unos ingresos anuales altos en ese momento, de unos 15 millones, pero no para tanto', señala un compañero suyo.

Tampoco extrañó que inspectores como Manuel Abella, Roger Bergua o altos cargos como Miguel García Hoffmann, directamente implicados en las inspecciones, compraran lujosas viviendas a Núñez. Ni las relaciones comerciales entre Núñez y Navarro y otro inspector, José Lucas Carrasco, que le compró pisos y parkings y le facturó 100 millones por servicios.

La hipérbole de esa trama llegó con el inspector Álvaro Pernas, que se encuentra en prisión preventiva desde hace más de dos meses. Pernas fue denunciado por el constructor Baltasar Aznar, de Metro 3, por exigirle dinero para rebajar las actas fiscales que había incoado a la empresa en 1998. Pernas acudía a las inspecciones en llamativos descapotables de lujo, presumiendo de poseer un yate y de hacer viajes exóticos, dicen antiguos compañeros suyos.

El juzgado de instrucción número 33 de Barcelona tiene imputado por esta causa a Josep Lluis Núñez Navarro, hijo del presidente del grupo y expresidente del Barça. La imputación se debe a que recomendó al inspector Manuel Abella ante Caixa Catalunya para que obtuviera un crédito con el que comprar un piso a la propia Núñez y Navarro. Abella usó aquel crédito, de 75 millones, para comprar una vivienda de lujo. Pagó 81,4 millones, un precio presumiblemente de favor, ya que el piso se tasó en 150 millones.

Entre 1993 y 1998, Abella firmó las inspecciones de empresas de Núñez como Caladon, Cogramon, Edificaciones Avenida, Edonu, Josel, Kamian, Monigra, Neraco o Peromoinver. Ésta última era la sociedad a la que el inspector compró el piso. El resultado de estas nueve inspecciones indicaba que no había deudas a ingresar, sino que procedía la devolución de 20,8 millones.

Abella y su jefe, Roger Bergua, también titular de un piso de lujo de Núñez y Navarro, ejecutaron 265 de las 275 inspecciones realizadas a la maraña de empresas del grupo inmobiliario. El resultado de éstas, asegura la propia Agencia Tributaria, es que se detectaron 7,7 millones de deuda, sobre unas bases imponibles positivas de 2.555 millones y otras bases imponibles negativas por 3.750 millones.

La sociedad Peromoinver presentó sus obligaciones con Hacienda un 14 de julio de 1993. En ellas constan 149 millones de pérdidas, es decir, que se podían compensar con beneficios de años posteriores. El inspector jefe Josep María Huguet, tras dejar el cargo ordenó una inspección que permitiera estampar el 'comprobado y conforme' con celeridad. Así fue, 'la empresa fue citada al día siguiente, 15 de junio, sin que su declaración se hubiera introducido siquiera en la Base de Datos', resume un informe de la Agencia Tributaria.

El inspector José Lucas Carrasco, que fue candidato del PP a jefe de inspección, se había convertido en el asesor fiscal en la sombra de Núñez y Navarro. Por ello, su sociedad LML percibió del grupo inmobiliario no menos de 100 millones de pesetas como asesoramiento informático a pesar de que 'carecía de organización empresarial efectiva y apta para desarrollar los servicios facturados', afirma la fiscalía. Desde su cuenta suiza a nombre de LML (de Lucas y su esposa Mayra Mas) el inspector regularizó su situación fiscal para evitar incurrir en delito fiscal.

Miguel García Hoffman, el delegado Especial de Hacienda en cataluña hasta 1995, adquirió a Núñez un apartamento dúplex en Sitges, junto al mar.

Otra inmobiliaria Ibusa, propiedad de Eduardo Bueno, antiguo dirigente de Alianza Popular, consiguió una inspección centella (muy rápida) que regularizó 16 de sus sociedades en dos meses.

La investigación se extiende a sociedades de inversión colectiva, como Aravaca de Inversiones. Inver Money, o Titasren, en las que confluían los ahorros de Huguet con los de Pernas, o los de Lucas con los de José Ramón Morató, otro de los imputados. Es a través de esas sociedades, denominadas 'clubs de inversores' o 'comunidad de bienes' es como Huguet y Aguiar dicen que consiguieron convertir 'una pequeña suma ahorrada' en 470 millones, la cifra que según el abogado de Torras, Juan José Folchi, les pagó por sus servicios.