Un ex alto cargo de la Seguridad Social propone bajas por horas para combatir el auge de las incapacidades temporales en España

El pensamiento académico tradicional establece que el hecho de que un trabajador no tenga miedo a cogerse una baja demuestra su posición de fortaleza, así como la del mercado laboral al que pertenece. Sin embargo, cuando son muchos los que se ausentan (y cada vez de forma más recurrente) los gastos asistenciales del sistema crecen y el funcionamiento de las empresas se resiente. Para tratar de mantener el equilibrio —tanto de las cuentas públicas como de las privadas—, la solución pasa por reconfigurar el marco de las prestaciones por incapacidad temporal y fomentar nuevas fórmulas abran la puerta, por ejemplo, a la parcialidad. Esta es una de las reflexiones del estudio La incapacidad temporal, ausente en los documentos sobre la reforma del sistema de pensiones, elaborado por Octavio Granado, antiguo secretario de Estado de Seguridad Social, y que se ha dado a conocer este lunes dentro de las jornadas sobre el sistema público de pensiones y seguridad social organizado por Fedea.

El que fuera una de las figuras más importantes en materia de economía y empleo dentro de los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y Pedro Sánchez (ocupó la Secretaría de Estado de 2018 a 2020), considera en su trabajo que el replanteamiento de la prestación por incapacidad temporal se ha mantenido incomprensiblemente al margen de las distintas reformas de pensiones —y del debate académico— desde 2007. Y ello a pesar de ser uno de los apartados clave, en tanto que sus efectos económicos pueden condicionar el buen funcionamiento del sistema público: “No puede resultar más atractivo estar fuera de la actividad laboral que dentro de la misma”, lamenta.

“La Incapacidad Temporal (IT) en España no ha dejado de crecer aceleradamente durante los últimos años, fiel al sesgo general que inexorablemente relaciona el crecimiento de las demandas de prestación con los momentos en los que el mercado de trabajo tiene un comportamiento expansivo”, señala Granado. “La capacidad de los empleadores para presionar a los empleados es menor, y estos pueden ocuparse más adecuadamente de su salud, en la explicación sindical”, abunda. Pero inmediatamente agrega que, “en la explicación empresarial, un mercado de trabajo en el que es más difícil cubrir las demandas de puestos de trabajo posibilita el crecimiento de los abusos”.

Para recalcar la importancia de abordar este asunto, y acercar la realidad económica detrás del auge de las bajas, el autor se nutre de las liquidaciones presupuestarias del sistema de Seguridad Social de 2018 y 2023, del Informe Económico Financiero adjunto a los Presupuestos de la Seguridad Social para 2023, de los informes de la Mutua Umivale Activa, y del Informe sobre Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes publicado por la Asociación de Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social (AMAT).

De los resultados del análisis de Umivale Activa, Granado recalca que el coste de la IT, incluyendo el coste de las ausencias y sustituciones para las empresas, así como las prestaciones del sistema, representa el 1,4% del PIB. Utilizando datos de la Seguridad Social, también abunda en que entre 2018 y 2023, el gasto en IT por enfermedades comunes creció un 91,61%, mientras que el gasto por contingencias profesionales aumentó un 53,17%. Una diferencia que atribuye a que en el caso de las contingencias profesionales, “la gestión prácticamente absoluta de la prestación por parte de las mutuas es determinante” para llevar a cabo un tratamiento más eficiente.

Reconfiguración

Uno de los apartados propositivos del estudio es el que aborda la reconfiguración de las bajas, tanto en su designación como tales, como en su cobertura sobre el afectado. “Debemos, pues, modificar la regulación legal de la incapacidad temporal abriendo a la posibilidad de que en algunas situaciones y momentos concretos la situación, o incluso desde el propio reconocimiento global de la misma, y por ende de la prestación, no implique el cese de toda jornada laboral, sino una conversión de una jornada completa a una jornada parcial, dando un nuevo sentido a la incapacidad parcial que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico”, indica Granado.

En su opinión, “la configuración de la prestación debería realizarse partiendo de la base de que si no existe una enfermedad crónica, la multiplicación de situaciones de incapacidad temporal debe suponer una disminución de la cantidad percibida”. De la misma forma, el exsecretario de Estado defiende que “la normativa, por tanto, debería incorporar el derecho de las empresas a ser compensadas cuando las personas empleadas deban soportar largos periodos de espera en los servicios públicos de salud y las Mutuas puedan ofertar en tiempo menor las mismas prestaciones”.

A pesar de esta voluntad de transformar la cobertura prestacional, Granado defiende en su trabajo que la normativa “debería primar en todo caso el derecho a la recolocación, siendo la salida del mercado de trabajo la última solución a aplicar”. Y esto, “no solo en los casos de accidente de trabajo, enfermedad profesional o enfermedad del trabajo, sino en cualquier enfermedad en las que no exista sospecha de comportamiento negligente de la persona afectada”.

Consciente de que llevar a cabo estos cambios podría suponer una quimera en cuanto a la aceptación de todas las partes implicadas, Granado, en el apartado de conclusiones del estudio, indica que “todas las medidas que se pongan en marcha no exigen un acuerdo social, pero tampoco pueden suponer la negativa de la Administración a actuar regulando adecuadamente el problema, por entender falazmente que el abuso en la incapacidad temporal es una contraprestación de otros presuntos abusos en las relaciones laborales”. Y añade: “Deben adoptarse medidas que no estén sometidas a la derogación cuando se produzcan alternancias políticas, o imposibilidad práctica de desarrollarlas por la oposición de empleadores o empleados”.

Para terminar, Granado incide en la necesidad de “generar una cultura que reconozca que el estado de salud y la capacidad de trabajar deben complementarse, y que generar condiciones y jornadas de trabajo que disminuyan la salud de los empleados es tan negativo como simular o exagerar trastornos de salud para escapar de estas condiciones y jornadas”.

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