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Trabajadores de baja presionados por mutuas y empresas: “No estoy bien, pero me insisten para que vuelva”

Los médicos de la sanidad pública son el dique que protege a muchos empleados ante las peticiones de alta. Los sindicatos denuncian el interés económico de mutuas y compañías en acortar las bajas

Carmen, una trabajadora madrileña de baja que se siente presionada por su mutua.
Carmen, una trabajadora madrileña de baja que se siente presionada por su mutua.Santi Burgos

La fuerza laboral española envejece. Hoy los trabajadores mayores de 50 años son el 34%, cuando hace dos décadas eran el 19%. Además, la sanidad pública arrastra años de recortes que impulsan las listas de espera, lo que alarga el tratamiento de algunas dolencias. Y el mercado laboral, ahora mismo, opera a pleno rendimiento, con un récord de ocupados que desinfla el miedo al paro, de manera que son menos los que optan por trabajar enfermos. Este cóctel está impulsando las bajas laborales, que se sitúan en cifras históricas. La prevalencia media de las incapacidades temporales por contingencias comunes por cada 1.000 asalariados alcanzó en 2022 un récord de 43, por encima del dato de 2019 (34) y más del doble que en 2012. Una protesta habitual de estos trabajadores de baja es que la empresa los presiona para volver a su puesto aunque no estén recuperados. Algunos también denuncian que son las propias mutuas las que ejercen este empujón, a menudo contra el criterio de los médicos de la sanidad pública.

Pedro Balsera es uno de esos empleados. Dice que sufrió este problema tras lesionarse la muñeca en una fábrica de cartón. “Se me fue complicando hasta derivar en una distrofia que me ha fastidiado la vida. En el proceso lo pasé muy mal con la mutua: me trataron, pero después de un tiempo sin que me recuperase se deshicieron de mí. ‘Lo siento, sé que no estás bien, pero te tengo que dar el alta’, me dijeron”, cuenta este valenciano de 60 años. “El médico de la Seguridad Social sí me dijo que tenía que seguir de baja, y menos mal, porque al final la inspección médica me dio la incapacidad permanente”, añade.

La patronal de las mutuas, AMAT, defiende a capa y espada a sus empleados: “Los profesionales sanitarios que trabajan en las mutuas tienen la misma titulación que los de los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas y de la Seguridad Social, estando sometidos al mismo código ético y deontológico, por lo que no se debe dudar, en ningún caso, de los criterios de los médicos de las mutuas cuando dan el alta”. Asimismo, la asociación que representa a las mutuas reivindica que “las encuestas de satisfacción muestran la idoneidad en el trato ofrecido a los trabajadores protegidos”.

Apenas hay información sobre esta disonancia de criterio entre facultativos de las mutuas y de la Seguridad Social. “No sabemos cuántos trabajadores vuelven a trabajar antes de lo que deberían durante un proceso de baja. Lo que sí conocemos son sentencias condenatorias a empresas por amenazar a sus trabajadores durante periodos de baja”, dice Maria del Mar Crespí, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de les Illes Balears y autora de la tesis doctoral Incapacidad temporal y absentismo laboral: prevención, control y retorno al trabajo. Miguel Arenas, abogado laboralista del Colectivo Ronda y especialista en Seguridad Social, conoce de primera mano algunos de estos casos. “No son comunes, ya que implican un gran coste para el trabajador. Lo normal es que no se llegue a juicio”, explica. AMAT destaca que el 70% de las sentencias al respecto de 2022 (11.894 de 16.902) resultaron favorables para estas entidades.

Este problema no es nuevo. José de las Morenas, coordinador de la secretaría confederal de Salud Laboral de UGT, dice: “Es más viejo que el hilo negro; diariamente asistimos a trabajadores que sufren presión de sus empresas o de sus mutuas para que se reincorporen”. Este experto incide en lo “habitual” que resulta que el médico de la mutua recomiende el alta y el de la sanidad pública lo rechace: “Los dos son médicos, no debería haber diferencias”. El médico Francisco José Sáez está acostumbrado a enfrentar esta situación en su consulta. “Las mutuas a veces recomiendan altas sin conocer al paciente como los médicos de familia, sin toda la información. En un esguince pueden pedir el alta a los 15 días, pero quizá el paciente tiene artrosis y eso hay que tenerlo en cuenta”, explica el responsable de Salud Laboral de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. El Ministerio de Seguridad Social indica a este periódico que no aprecia un problema de excesiva presión de mutuas y empresas a trabajadores de baja.

El secretario confederal de CC OO de Salud Laboral, Mariano Sanz, indica que la disonancia entre facultativos se da sobre todo “en sectores precarizados y empresas pequeñas, donde tienen menos margen de maniobra para cubrir bajas”, y especialmente en dolencias psicosociales y en traumatológicas cuando “lo que impide trabajar es el dolor, cuando no hay una lesión aparente”. Esa es justo la situación de Carmen, administrativa madrileña de 35 años, de baja por una crisis de ansiedad que le ha provocado su empleo: “Lloraba al ir al trabajo, lloraba allí y lloraba al volver pensando en el día siguiente. Cuando voy a la mutua nunca me preguntan cómo estoy, solo que cuándo pienso volver a trabajar. La última vez me dijeron que estaba para el alta voluntaria, pero en la Seguridad Social no me dicen eso. No estoy bien, pero me insisten para que vuelva”. No da su nombre real para no sufrir represalias, como tampoco lo hacen el resto de los trabajadores que participan en este reportaje y no dan su apellido.

Coste económico

Las mutuas funcionan con fondos que abonan las empresas y la Seguridad Social. Cumplen una labor de acompañamiento para las bajas laborales por contingencias comunes (bajas no causadas por el trabajo) y adoptan un papel protagonista en las enfermedades profesionales: asumen el tratamiento y tramitan la prestación. En las contingencias comunes, las mutuas pueden recomendar el alta, pero la decisión depende del médico de cabecera. Para las enfermedades profesionales las mutuas sí pueden tramitar altas y bajas, pero el trabajador puede recurrir ante la Inspección Médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que puede revocar y obligar a la mutua a continuar con el proceso.

Un elemento clave para entender la disonancia entre el criterio de médicos de la sanidad pública y de las mutuas, en opinión de Crespí, es que las segundas “tienen un interés económico directo” en que las bajas sean más cortas. Sáez explica que les interesa especialmente respecto a las enfermedades de origen laboral, “ya que son las que más recursos de las mutuas absorben”. “Es una cuestión muy delicada”, continúa el experto en salud laboral de CC OO, “ya que los médicos de las mutuas están muy especializados y defienden que tienen más información para determinadas patologías, pero vienen de ser históricamente colectivos patronales. A veces vemos ese sesgo en su papel. Está más claro que el agua que les interesa que las bajas sean cortas”. Coincide Arenas: “El médico de la Seguridad Social solo mira dos variables: si el paciente está impedido para trabajar y si necesita asistencia médica. La mutua tiene otras variables en cuenta, de carácter económico. Ejerce una labor fiscalizadora”.

La patronal de las mutuas rechaza de plano este planteamiento: “Que el tiempo de recuperación de la salud de los trabajadores, en lo que a patologías traumatológicas se refiere, sea inferior en las mutuas que en los servicios públicos de salud, nada tiene que ver con la profesionalidad de su personal sanitario, habida cuenta de que los médicos de las mutuas, los de los servicios públicos de salud y los de la Seguridad Social cuentan con los mismos conocimientos y han estudiado en las mismas universidades”.

“Parece necesario recordar”, añade AMAT, “que las mutuas son organizaciones sin ánimo de lucro, y todo dinero ahorrado en la gestión de los procesos de incapacidad temporal vuelve a las cuentas públicas de la Seguridad Social. Las mutuas buscan generar ahorro de los gastos innecesarios, cumpliendo todas las premisas legales, ahorro que siempre termina en el patrimonio de la Seguridad Social”.

¿Dolencia profesional o común?

Sanz cree que en España se “infrarreconocen” enfermedades como profesionales: es decir, muchas dolencias derivadas del trabajo se tratan como contingencias comunes. Sindicatos y empresarios reclamaron en el pacto salarial que suscribieron en mayo un papel más protagonista de las mutuas en los tratamientos traumatológicos, dada su especialización en la materia. “Así conseguiríamos agilizar bajas que se enquistan por las listas de espera”, defiende Sanz. Fuentes de Seguridad Social insisten en esa idea: “Fija líneas de actuación, como es la involucración de las mutuas, que son sector público estatal de carácter administrativo, cuyos medios asistenciales no están aprovechados completamente para algunas de las patologías más comunes (por ejemplo, musculoesqueléticas)”. Las mutuas defienden que se guían por la normativa vigente.

Los trabajadores de los supermercados, muchos de los cuales se pasan días enteros moviendo cajas, están entre los que más se quejan por la falta de reconocimiento profesional de sus dolencias. “Noté un pinchazo en el menisco cuando estaba trabajando”, dice Marcos, gaditano de 40 años y empleado en una de las mayores cadenas de supermercados, “pero podía seguir en ese momento”. “Con los días fui a peor y al final resultó que me tenía que operar, pero nunca me reconocieron la lesión como laboral. Yo prefería la mutua para ir más rápido con el tratamiento, pero no hubo manera”, añade. Poco después se volvió a lesionar: “No pudieron negar que fue de origen laboral porque me hice polvo el gemelo mientras operaba con la carretilla. Voy a la mutua, me hacen las pruebas y me dicen que no tengo nada. Me moría de dolor, pero ellos insistían en que no me pasaba nada. Acabé yendo a un fisioterapeuta por mi cuenta y vio que tenía una rotura de un centímetro. Fue una frustración terrible”.

Patricia, una trabajadora de baja de 44 años.
Patricia, una trabajadora de baja de 44 años.PACO PUENTES

UGT fue más allá recientemente y reclamó que los problemas de salud mental relacionados con el estrés laboral se reconozcan como enfermedades profesionales. Esto beneficiaría a empleadas como Patricia, que sufrió una crisis de ansiedad cuando trabajaba como operadora telefónica. “Durante esa baja el psiquiatra de la mutua me hacía sentir como si fuera mi culpa, que si los compañeros podían con ello por qué yo no. Al final me dijeron que el problema lo tenía yo y que tenía que reincorporarme. Cuando le conté esto a mi médica de cabecera me dijo: ‘Ya sé cuál es tu empresa. Si pudiera la cerraría, no sé cuántas bajas he firmado por ansiedad y depresión de ahí. Ni se te ocurra volver, no estás en condiciones”, explica esta trabajadora sevillana de 44 años.

El problema de la propuesta de UGT, dice Crespí, “es que las enfermedades suelen ser multifactoriales, y para que se reconozcan como profesionales tienen que ser casi en exclusiva causadas por el trabajo”. El ministerio reconoce que hay margen de mejora al respecto: “Somos conscientes de que el listado necesita una nueva reflexión, sobre todo teniendo en cuenta la perspectiva de género”.

Enfermedades que se enquistan y despidos

De las Morenas, por su parte, critica el discurso que asocia las bajas y el absentismo: “Claro que existe el absentista profesional, pero es una minoría. Son muchos más los trabajadores que reciben altas antes de tiempo o los que van a su puesto enfermos”. María es una veterinaria de Huelva de 30 años que ha sufrido problemas médicos justo por eso: “Tuve un percance con un perro y me hizo daño en la muñeca. Mi médica de cabecera me dijo que tendría que coger una baja, pero antes de aceptar se lo consulté a mi jefe. Me pidió que atrasase la baja para que encontrase una sustituta. Durante toda la semana estaba molesto y me lo hacía saber, y yo trabajando con dolor. Cuando cogí la baja me escribía a todas horas para saber cuándo pensaba volver. Me decía que estaba perdiendo dinero por mi culpa. Al sentirme tan presionada volví antes de tiempo y me costó mucho recuperarme por esa precipitación”.

Eva, camarera de 25 años, sufrió la misma presión desde el primer minuto de su baja. Un coche la atropelló de camino al trabajo: “Llamé antes a mi jefa que a la ambulancia para decirle que no podía ir a trabajar. No me podía mover del suelo. Su respuesta fue: ‘¿Pero vas a venir a trabajar?’ Me presionaba tanto que a los 10 días cogí el alta voluntaria, incluso contra la recomendación de la mutua. Empastillada conseguía trabajar por la mañana, pero por la tarde lloraba del dolor”. Eva sufrió una de las fallas que condicionan estos debates: la falta de adaptación de los puestos de trabajo. “Al volver tenía la instrucción de que no podía levantar peso, pero mi jefa me obligaba a hacerlo, aunque le decía que me resultaba imposible. ‘Pero si siempre lo has hecho’, me decía”.

“El trabajador”, añade Crespí, “puede volver antes de estar plenamente recuperado. No es lo mismo la recuperación laboral que la médica. Pero para ello el puesto se debe adaptar a las limitaciones del empleado, y esto no es muy común. Hay procesos de recuperación que nunca terminan de culminarse, quedan en una zona intermedia, y se les pide que vuelvan con la misma dedicación y exigencia”.

Al final, algunos de estos trabajadores reciben el castigo del despido. “Después de cinco años trabajando en una carnicería me tuvieron que operar”, relata Loren de la Oliva, charcutero granadino de 45 años. “Tenía un problema en un dedo, un tema de tendones que me obligaba a trabajar infiltrado a menudo. Siempre cumplí, trabajé muchísimas horas extra sin cobrarlas y estaba bien considerado. Al fin se abrió un hueco en la lista de espera y pude operarme para solucionar ese problema. Pues cuando volví todo era diferente, el que decidía ni me dirigía la palabra. No me sorprendió porque ya vi cómo se lo hacían a otros compañeros que se habían visto obligados a coger una baja. A los pocos días me despidieron”.

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Sobre la firma

Emilio Sánchez Hidalgo
Redactor de Economía. Empezó su trayectoria en EL PAÍS en 2016 en Verne y se incorporó a Sociedad con el estallido del coronavirus, en 2020. Ha cubierto la erupción en La Palma y ha participado en la investigación de la pederastia en la Iglesia. Antes trabajó en la Cadena SER, en el diario AS y en medios locales de su ciudad, Alcalá de Henares.
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