Las bajas laborales registran máximos: el aumento que “preocupa” a sindicatos y empresarios

El capítulo VII del acuerdo salarial, que suscribieron hace dos semanas empresarios y sindicatos, arranca con la siguiente frase: “Las organizaciones empresariales y sindicales firmantes de este acuerdo manifestamos nuestra preocupación por los indicadores de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes”. Es una declaración de mucho calado, especialmente desde la parte sindical. Es un reconocimiento de que el aumento en las bajas laborales por enfermedades comunes está generando problemas para las empresas y para los trabajadores. Ningún otro de los cuatro anteriores AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) incluía una sentencia de estas características. El de 2015 fue el único que mencionaba las incapacidades temporales, pero no se manifestaba “preocupación” al respecto.

Los datos de la Seguridad Social confirman que en los últimos años están creciendo las bajas laborales, impulsadas a niveles nunca vistos desde que hay registros consolidados. Es decir, al menos desde 2007, el primer año en que el departamento ofrece cifras medias a partir de las que facilitan el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y las mutuas colaboradoras del sistema público. La prevalencia media de las incapacidades temporales por contingencias comunes por cada 1.000 asalariados —el indicador más certero, según los expertos— alcanzó en 2022 un récord de 43,26, por encima del dato de 2019 (34,1) y más del doble que en 2012, el año en que marcó el mínimo. Desde entonces ha ido creciendo progresivamente, acelerado por la pandemia.

Hay más estadísticas de la Seguridad Social que apuntan en la misma dirección: la incidencia media por cada 1.000 trabajadores marca un récord de 32,58, al igual que el número de procesos abiertos por contingencias comunes a lo largo del año: 6,87 millones. Ante este dato se puede contraponer la elevada cifra de asalariados que presenta España actualmente, 17,34 millones. Pero en 2007, con 600.000 asalariados menos, hubo más de un millón menos de procesos de baja por contingencias comunes. Al terminar 2022 había 768.094 trabajadores por cuenta ajena de baja, más que nunca.

Otras fuentes también captan este escenario, como el informe de absentismo de Adecco: la tasa de absentismo por incapacidad temporal fue del 5,1% en el último trimestre de 2022, 0,2 puntos más que hace un año. Esta empresa estima que las horas no trabajadas por estas bajas laborales fueron equivalentes a la jornada de 800.000 empleados, casi 160.000 más que en 2019. La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) cataloga la situación como “extrema” y señala que la tendencia se mantiene en 2023, con un crecimiento del 33,51% en el número de procesos iniciados respecto al primer trimestre del año anterior.

En el Ministerio de Seguridad Social reconocen que están detectando un aumento en las bajas laborales por contingencias comunes, tanto en número como en duración. Indican que son especialmente reseñables los incrementos en las incapacidades temporales ligadas a problemas del aparato locomotor y de salud mental, pero no hay datos desagregados disponibles que lo precisen. Desde la CEOE también perciben el incremento en las bajas, “que genera un grave problema de productividad”.

“El aumento en contingencias comunes, como las musculoesqueléticas, es claro”, indica el secretario confederal de CC OO de Salud Laboral, Mariano Sanz. “En el AENC trasladamos inquietud por la salud de las personas trabajadoras. La disminución de las bajas tiene que ser una consecuencia, no un objetivo. Tenemos que mejorar en la salud y la vigilancia de las condiciones de los trabajadores”, añade el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, participante en las negociaciones del pacto salarial. “El problema de la incapacidad temporal por contingencias comunes que está sufriendo nuestro país no puede esperar más y está claro que tanto las organizaciones empresariales como las sindicales han mostrado su máxima sensibilidad en estas recomendaciones para la negociación colectiva”, dice el director gerente de AMAT, Pedro Pablo Sanz.

¿Por qué están aumentando las bajas?

A Maria del Mar Crespí, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de les Illes Balears, no le sorprende el incremento de bajas laborales. “Es algo que siempre sucede cuando el empleo y la economía van bien. Es algo cíclico”, explica esta experta, autora de la tesis doctoral Incapacidad temporal y absentismo laboral: prevención, control y retorno al trabajo. Asegura que durante los momentos de incertidumbre, los trabajadores acuden a su puesto pese a estar enfermos, lo que rebaja la estadística de incapacidades temporales. “Como ahora los datos de paro van bien, asistimos a este fenómeno”.

Coincide Daniel Sánchez Gallo, presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid: “En los periodos de crisis, los trabajadores temen que cogerse una baja les cueste el empleo”. Esto se ve claramente en la prevalencia de las bajas, que tocó fondo en 2012, cuando España pidió a Europa el rescate de su sistema bancario. Desde entonces ha ido creciendo progresivamente, a la vez que ha ido mejorando la economía.

Crespí identifica otros motivos, como el envejecimiento de la población activa. “Los trabajadores cada vez son mayores y la edad es uno de los principales condicionantes de la salud. Lo previsible es que esto vaya a peor, dado el envejecimiento del país”. Ahora los trabajadores mayores de 50 años son el 34,4% de la fuerza laboral, mientras que en 2012 eran el 25,2% y en 2002, el 19,2%. Crespí cree que también es importante que desde la pandemia hay un mayor conocimiento en torno a los derechos laborales y el escudo protector del Estado. Por otro lado, Sánchez Gallo alude a la necesidad de mejorar en prevención de riesgos laborales: “Hay que poner todo el sistema patas arriba. No se identifican convenientemente los riesgos y no hay suficiente especialización”.

Además del buen momento económico, la experta de la Universitat de les Illes Balears cree que el otro factor principal que está aumentado las bajas es el “atasco en la sanidad pública, que ha ido a peor por el aumento de las listas de espera por la pandemia”. Esa crisis sanitaria dio un fuerte impulso a las bajas: en 2020 y 2021 aumentaron con más contundencia que en los años precedentes. Fuentes de la CEOE también creen que el origen de este problema es “multicausal”, pero señalan que “reduciendo el colapso del sistema sanitario y mejorando los procedimientos es seguro que se reducirá”.

Los expertos sindicales apuntan al empeoramiento de la sanidad pública como el principal motivo por el que aumentan las bajas. “El tiempo de respuesta del sistema sanitario se está retrasando y eso expande el tiempo de las bajas. Si se diagnostica tarde y la recuperación es más lenta, el trabajador, obviamente, se incorpora más tarde. Es un asunto estructural”, indica el especialista de CC OO. El de UGT cree que hay muchas bajas traumatológicas “que podrían acortarse muchísimo con una rehabilitación más intensa y que esto repercuta en la salud de los trabajadores para acortar las incapacidades”. Luján denuncia el “cargo” que esto supone para el trabajador por el retraso en su curación, “pero también para las arcas públicas, algo totalmente indeseado”.

Las listas de espera batieron un nuevo récord en 2022: 793.521 pacientes aguardaban una operación al terminar el año, 87.781 más que en 2021. También está disparado el retraso para consultar a especialistas, de 95 días de media (seis más que el año anterior), y es más alto que nunca el porcentaje de estas citas que se demoran más de 60 días (55,9%). Crespí destaca que el coste derivado del aumento de las bajas recae en la Seguridad Social, a pesar de que una de las principales causas es el atasco sanitario, responsabilidad de las comunidades autónomas.

El papel de las mutuas

Uno de los aspectos del AENC que más polémica ha despertado es precisamente una de las soluciones que sindicatos y empresarios plantean a este problema: un papel más activo de las mutuas para procesos traumatológicos. “Las organizaciones firmantes de este acuerdo consideramos que el aprovechamiento de los recursos de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social contribuye al objetivo de mejorar los tiempos de espera, la atención sanitaria de las personas trabajadoras y la recuperación de su salud, así como a reducir la lista de espera en el sistema público. Al objeto de cumplir esta finalidad, las organizaciones signatarias instamos a las administraciones con competencias en la materia a desarrollar convenios con dichas mutuas, encaminados a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes de origen traumatológico. Todo ello se llevará a cabo con respeto de las garantías de intimidad, sigilo, confidencialidad, consentimiento informado y coordinación con el profesional sanitario del sistema público de salud”, indica el texto.

Los sindicatos están soportando muchas críticas por este punto, acusados de atacar a la sanidad pública y de avalar que las mutuas controlen la concesión de la baja y el alta. Luján denuncia la “falsedad” de estas posiciones: “Los servicios públicos de salud están desbordados y desgraciadamente las listas de espera son larguísimas. No es razonable que tarden 100 días en operarte una pierna. Lo que decimos es que, ante esta situación, la capacidad de acompañamiento de las mutuas se está infrautilizando, y que para las bajas de naturaleza traumática aconsejamos que se recurra más a ellas”. El sindicalista destaca que hay tres condiciones: “Debe ser decisión del trabajador, solo será así si el médico de la Seguridad Social lo autoriza y lo limitamos a las bajas traumáticas, en las que las mutuas están muy especializadas. En ningún caso para patologías de otro tipo”. Además, destaca que “en ningún caso” avalan que las mutuas concedan las altas y las bajas: “Siempre defenderemos que esto dependa exclusivamente del médico de cabecera”. “Hacemos esto para proteger mejor a la clase trabajadora”, finaliza Luján.

El experto de CC OO incide en el mismo mensaje: “No vamos contra la sanidad pública. Siempre vamos a defenderla, pero tenemos que buscar fórmulas para dar respuesta a este problema, y lo planteamos con recursos de la Seguridad Social”. El secretario de Salud Laboral de CC OO recuerda que, aunque en las mutuas participen empresas privadas, los recursos son públicos. “En el AENC no decimos nada que no recoja ya la ley general de la Seguridad Social”. Cree que las patronales estarían “encantadas” de que las mutuas pudiesen certificar las altas y bajas (ya pueden hacer propuestas, que trasladan al médico de cabecera), pero rechaza otras fórmulas: “No se nos pasa por la cabeza [que lo hagan directamente]”. A la vez, defiende la necesidad de “aumentar los recursos de la sanidad pública”.

En la CEOE indican que con el AENC quieren “impulsar que la asistencia médica de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes de origen traumatológico se asigne a las mutuas mediante la firma de acuerdos entre el Ministerio de Seguridad Social, las autoridades sanitarias autonómicas y las mutuas”. “Nosotros en lo que estamos es en la mejora de la salud de los trabajadores y aminorar la presión sobre el sistema público de salud, y para ello, es relevante la colaboración con las mutuas”, añade la patronal.

A la pregunta sobre si las mutuas están siendo infrautilizadas, el director gerente de AMAT esquiva responder y cree que lo importante es “la optimización de recursos”. “Esta es la diferencia que permite que las mutuas recuperen la salud de los trabajadores, por ejemplo en patologías traumatológicas, hasta en un 50% menos de tiempo que en la sanidad pública, que desgraciadamente cuenta con unas elevadas listas de espera”, indica. Las mutuas gestionan unos 12.300 millones de euros públicos al año.

Por su parte, fuentes de la Seguridad Social acogen positivamente el planteamiento del AENC: “Supondría un mayor aprovechamiento de los recursos de las mutuas en un ámbito muy acotado (contingencias comunes de origen traumatológico)”. “Hay que recordar”, continúan desde el ministerio, “que los medios asistenciales de las mutuas son financiados con cotizaciones sociales. Se insta, de esta manera, a articular formas de colaboración entre servicios públicos de salud y las mutuas colaboradoras de Seguridad Social. Lo que implica un uso más eficiente de los recursos públicos, y ponerlos a disposición de los cotizantes, que son los que los financian. Las mutuas son parte del sistema de Seguridad Social”.

¿Lo llamamos absentismo?

Las bajas laborales por incapacidad temporal son, según las estadísticas, uno de los componentes del absentismo. Sin embargo, hay muchos expertos que aluden al matiz peyorativo de esta palabra para no meter en el mismo saco las ausencias injustificadas y las que se deben a procesos médicos. "Nosotros no hablamos de absentismo porque creemos que en este país no hay un problema al respecto. No hay que frivolizar: debemos garantizar que no haya fraude en relación con las bajas laborales, pero se trata de algo anecdótico. Estamos convencidos de que no hay que sospechar de cada baja", indica el experto en salud laboral de CC OO. 

En el último AENC no se menciona la palabra absentismo, a diferencia de los de 2018 y 2015. "La patronal pidió que se volviera a destacar el absentismo en este AENC. Fue algo muy debatido, pero no estábamos de acuerdo", indica Luján. 

Durante el cuarto trimestre de 2022 la jornada semanal media pactada, según el INE, fue de 34,8 horas. "De estas, se pierden 5,7 horas a la semana, de las cuales, 2,8 son por vacaciones, 2,3 horas por bajas por incapacidad laboral y 0,3 por maternidad o paternidad", explica el INE. El 0,3 restante se debe a otros motivos, como otros permisos remunerados o por conflictivdad laboral. En una comparación histórica, las siete horas mensuales que ahora se pierden por incapacidad temporal son un récord, 1,3 más que en 2019 y casi el doble que en 2012, cuando fueron 3,6.

La experta de la Univeridad de les Illes Balears, especializada en absentismo, asegura que ha investigado mucho el fraude. "Pero no hay datos. Es un fenómeno oculto. Ahora mismo es imposible conocer su dimensión", critica. Por su experiencia en la materia, cree que las bajas fraudulentas "no están extendidas de forma general" y que, cuando se dan, lo más habitual es que "no haya vagancia o mala fe", sino que tapan necesidades de conciliación no satisfechas o se deben a conflictos laborales no resueltos. Además, cree que habría que plantear cambios en la naturaleza de algunos puestos, especialmente los más físicos, para acortar ciertas bajas: "En España solemos volver cuando estamos recuperados como para hacer la misma tarea que antes de la enfermedad. Sería una buena idea plantear cambios de tareas o empezar por menos horas y aumentar la jornada progresivamente (con el mismo suledo y con cargo por la parte no trabajada a la Seguridad Social)".

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