Controlar la inteligencia artificial, facilitar el teletrabajo y más formación: el acuerdo de sindicatos y empresarios, al detalle

Sindicatos y patronales han alcanzado un acuerdo que insta a las empresas a subir los salarios un 4% en 2023, un 3% en 2024 y un 3% en 2025, con la indicación de que estos incrementos crezcan un 1% adicional si la inflación los supera —aplicable al año siguiente, no de forma retroactiva—. Esta es la medida más importante incluida en el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que este lunes han aprobado los órganos directivos de CEOE-Cepyme y UGT —CC OO lo hará el martes—. Pero hay otras muchas políticas contenidas en el texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Son 32 páginas con recomendaciones a los participantes en la negociación colectiva en materia de inteligencia artificial (IA), teletrabajo o jornada flexible. Estas son algunas de las más importantes.

Inteligencia artificial. Los representantes de los empresarios y los trabajadores piden contención frente a la inteligencia artificial. “El despliegue de sistemas de IA en las empresas deberá seguir el principio de control humano respecto a la IA y ser seguro y transparente”, indica el texto del AENC. A la vez, insta a las empresas a facilitar a los comités “información transparente y entendible sobre los procesos que se basen [en la IA] en los procedimientos de recursos humanos y garantizarán que no existen prejuicios ni discriminaciones”. El acuerdo propone que este posicionamiento también aplique a las administraciones públicas.

Tiempo de trabajo. Sindicatos y patronales consideran “imprescindible” adoptar “fórmulas flexibles de ordenación del tiempo de trabajo”, siempre que lo permitan “el proceso productivo y el servicio que se presta”. De forma más concreta, con este objetivo, el acuerdo apuesta por dar preferencia a fijar la jornada en cómputo anual; la “racionalización” del horario —”teniendo en cuenta las especificidades de cada sector”— para “favorecer la conciliación”, y la flexibilidad en los horarios de entrada y de salida, de nuevo, cuando lo permita “el proceso productivo”.

Teletrabajo y desconexión digital. El texto pide a empresas y comités que identifiquen los puestos de trabajo y funciones susceptibles de trabajo a distancia; una jornada mínima presencial; una duración máxima de teletrabajo y que haya un porcentaje de referencia; mecanismos para que la empresa abone gastos relacionados con su desempeño. Y garantizar los derechos colectivos de quienes trabajen a distancia.

Este apartado también trata la garantía de la desconexión digital, que desarrolla en un párrafo posterior: “Si se produce cualquier tipo de llamada o comunicado fuera de la jornada laboral, las personas trabajadoras no estarán obligadas a responder ni los superiores jerárquicos podrán requerir respuestas fuera de la misma, salvo que concurran circunstancias excepcionales de fuerza mayor”. Además, indica que “las empresas garantizarán que las personas trabajadoras que hagan uso de este derecho no se verán afectadas por ningún trato diferenciado o sanción”.

Salarios. Más allá de los incrementos mínimos anuales (4% en 2023, 3% en 2024 y 3% en 2025, con un 1% adicional cada año en función de la inflación), el acuerdo especifica que se puede ir más allá dependiendo del sector: “Los negociadores deberán tener en cuenta las circunstancias específicas de su ámbito para fijar las condiciones salariales, de tal manera que la aplicación de las directrices anteriores podrá adaptarse en cada sector o empresa, con situaciones muy desiguales de crecimiento, resultados o incidencia del incremento del SMI, teniendo como objetivo el mantenimiento y la creación de empleo”. El posible incremento adicional del 1% no aplica de forma retroactiva: “Finalizado 2023, si el IPC interanual de diciembre de 2023 fuera superior a 4%, se aplicará un incremento adicional máximo del 1%, con efecto de 1 de enero de 2024″.

Además, el acuerdo recoge una de las reclamaciones que más han repetido los empresarios con cada subida del salario mínimo: instar al Gobierno a modificar la norma sobre revisión de precios en contratos públicos. Así, las empresas que pagan el menor sueldo posible podrían repercutir el hipotético incremento en los contratos con la Administración. Sin esta medida, los incrementos descuadran los presupuestos de dichas compañías.

Seguridad y salud. El AENC recomienda “promover la atención al envejecimiento y sus implicaciones en el desarrollo de la actividad laboral”; “avanzar en la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo a distancia”, y también “en la gestión preventiva de los riesgos psicosociales, impulsando programas de prevención del estrés laboral”.

Fijos discontinuos. El acuerdo, firmado por sindicatos y patronal, reconoce que la reforma laboral “arroja buenos resultados”. Para seguir en la misma dirección, pide ahondar en “la estabilidad en el empleo” y en el uso de las modalidades contractuales que recoge la reforma. Entre ellos, destaca el llamamiento que se acuerda respecto a los fijos discontinuos: “Recomendamos desarrollar a través de los convenios colectivos toda la virtualidad de este contrato, regulando aquellos aspectos que permitan una mejor adaptación a las necesidades de las personas trabajadoras, de los sectores y de las empresas, incluida la habilitación para que las ETT puedan realizar contratos fijos-discontinuos para la cobertura de posiciones temporales de la empresa usuaria”.

Jubilación parcial y flexible. “La jubilación parcial y el contrato de relevo deben seguir siendo un instrumento adecuado para el mantenimiento del empleo y el rejuvenecimiento de las plantillas”, indica el texto, que invitar a potenciar “fórmulas de jubilación gradual y flexible para facilitar el tránsito desde la vida activa al retiro laboral”. Esto no coincide con el plan del Ministerio de Seguridad Social, que cuenta con que en torno a la mitad de los trabajadores retrasen su jubilación.

Igualdad. El acuerdo insta a las empresas a o “establecer medidas que favorezcan la contratación de mujeres, de forma especial en sectores, empresas y ocupaciones donde están infrarrepresentadas”. Además, requiere “regular criterios para la promoción y ascensos, de forma que no conlleven discriminación indirecta, basándose en elementos objetivos de cualificación y capacidad” y “medidas de flexibilidad interna que faciliten la conciliación corresponsable”. El acuerdo también aconseja “desarrollar los términos del ejercicio del derecho a solicitar la adaptación de jornada”.

Bajas. Empresarios y sindicatos manifiestan “preocupación” por los indicadores de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. “En ese sentido, deseamos establecer líneas de actuación que mejoren la salud de las personas trabajadoras”. Entre esas medidas mencionan establecer procedimientos y ámbitos paritarios de análisis de la incapacidad temporal por contingencias comunes; fijar líneas de actuación que como consecuencia reduzcan el número de procesos y su duración, e instan a la Administración a desarrollar convenios con las Mutuas, “encaminados a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de IT por contingencias comunes de origen traumatológico”.

Capacitación. Sindicatos y patronal insisten en la “formación continua” y en la “necesidad” de “facilitar la recualificación” de trabajadores que “permita transitar desde sectores con excedente de personal hacia aquellos con dificultades para encontrar personas con el perfil profesional demandado”. Para corregir este problema, las partes apuestan por potenciar la conversión de contratos formativos en indefinidos o que se retribuya el contrato para la obtención de la práctica profesional.

El diagnóstico sobre la falta de mano de obra en algunos sectores viene siendo distinto entre los interlocutores del diálogo social: los sindicatos creen que el problema fundamental son los bajos salarios en sectores como la hostelería y que la falta de profesionales se limita a sectores muy específicos; mientras que los empresarios aseguran que este problema es más general de lo que parece. El desempleo es del 13% y España está a la cola europea en vacantes sin cubrir.

El acuerdo aborda este tema en otros apartados. Uno de ellos es el de la transición ecológica, dadas las nuevas ocupaciones vinculadas a este proceso. “Es imprescindible identificar nuevas necesidades de cualificación y mejora de las competencias, rediseño de los puestos de trabajo, organización de las transiciones entre empleos o mejoras en la organización del trabajo”. Para completar este objetivo, el acuerdo considera “prioritario” impulsar “líneas de formación e información”.

Otras claves del acuerdo. Los firmantes se comprometen a reunirse tres meses antes de que termine el nuevo AENC para alcanzar un nuevo acuerdo, es decir, en septiembre de 2024. También se establece la constitución de una comisión de seguimiento.

UGT y CEOE aprueban el quinto AENC

UGT ha ratificado este lunes el acuerdo con el otro gran sindicato, CC OO, y CEOE-Cepyme, para recomendar una subida mínima de salarios. "Este acuerdo marco es un punto de partida que permitirá un reparto de la riqueza más equitativo, en el que deben participar todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país", dice el sindicato en un comunicado. “En un pacto de estas características, los interlocutores sociales estamos a la altura de lo que requiere nuestro país, dando estabilidad a las relaciones laborales de España en momentos de incertidumbre y garantizando la paz social a través de un mejor reparto de la riqueza”, añade la organización que lidera Pepe Álvarez. 

La patronal, en un breve comunicado, también ha expresado la aceptación del acuerdo: “Durante la reunión extraordinaria de los órganos de Gobierno de este lunes, 8 de mayo, CEOE y CEPYME han dado el visto bueno por unanimidad al borrador de acuerdo”. CC OO dará su visto bueno este martes.

Los sindicatos llevan meses centrando su acción en denunciar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. 2022 terminó con una tasa media de inflación del 8,4%, mientras que los salarios recogidos en convenios crecieron en torno a un 3%. Además, la última tasa interanual del IPC (de abril) fue del 4,1%, mientras que los sueldos subieron de media en los tres primeros meses del año, un punto porcentual menos. La OCDE calcula que los sueldos perdieron el año pasado en España un 5,3% de valor real, el noveno porcentaje más alto entre los 38 países de este organismo.

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