UGT pide que las enfermedades por salud mental se reconozcan como profesionales y que las mutuas las traten

En lo que llevamos de 2023 se han contabilizado en España casi medio millón de bajas laborales derivadas de problemas de salud mental. El 38,2% de la población de la Unión Europea padece algún trastorno mental y un 51% de los empleados dice que el estrés es habitual en su trabajo. A nivel mundial se pierden 12.000 millones de días de trabajo por la ansiedad y la depresión. Todos estos datos, recopilados por organismos nacionales e internacionales como la Organización Mundial de la Salud, abren el informe Salud mental y trabajo, que ha presentado este martes UGT.

Es el diagnóstico de un problema “que nos preocupa muchísimo”, ha comentado el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez. Ha dicho que la solución estructural es mejorar las condiciones laborales precarias que degradan la vida de miles de trabajadores, pero ha puesto sobre la mesa otro cambio que cree que agilizaría el tratamiento: que estas enfermedades sean reconocidas como profesionales, que se vinculen con un origen laboral cuando sea el caso. Así habría una mayor participación de las mutuas, indica Álvarez, ante la escasa atención que presta la sanidad pública.

Este planteamiento abre un debate con muchas derivadas. Uno de los principales es la desconfianza innata de muchos trabajadores respecto a las mutuas. “Desde luego es una cuestión que hemos analizado y debatido. Lo que no puede ser es que demos por sentado que las mutuas actúan de forma incorrecta en relación con el tratamiento de enfermedades profesionales. Y las enfermedades profesionales deben tratarlas las mutuas, no el sistema general de este país”, ha comentado Álvarez. En el AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) que sindicatos y patronal firmaron en mayo ya se reclamaba una mayor participación de las mutuas, en particular en las enfermedades traumatológicas. Con todo, el líder de UGT ha dicho que ahora, al igual que el sistema público de salud —con solo seis psicólogos por cada 100.000 habitantes, un tercio de la media europea—, las mutuas apenas cuentan con recursos para tratar la salud mental: “Solo tienen 70 psicólogos y 16 psiquiatras”.

Otro asunto a tratar es la dificultad de que estas dolencias se reconozcan como enfermedades profesionales, cuando normalmente se tratan como enfermedades comunes. Según los propios sindicatos ya hay problemas para lograr ese reconocimiento con algunas dolencias físicas en empleos que exigen estos esfuerzos, así que para enfermedades mentales resultaría aún más complicado. Para corregir este problema, el sindicato propone actualizar la ley de Prevención de Riesgos Laborales “para adaptarla a las nuevas realidades del trabajo, introduciendo las evaluaciones y las medidas preventivas relacionadas con la salud mental y los riesgos específicos de la digitalización en la empresa”.

Asimismo, UGT plantea la “elaboración de una normativa diferenciada sobre la gestión de los riesgos psicosociales de origen laboral, para nuestro país” y de una directiva especifica de seguridad y salud en el trabajo comunitaria en la misma línea, que “afronte de forma decisiva la gestión algorítmica y de inteligencia artificial”. Para ello pide que el Gobierno forme un grupo de trabajo que aborde estas cuestiones y también reclama un refuerzo de la Inspección de Trabajo.

“Las enfermedades mentales se están tratando como comunes y no como profesionales, y queremos llamar la atención sobre las causas, muchas veces de origen laboral. Hay que visibilizar esta perspectiva para solucionar el problema, poner en el centro del debate los problemas de salud mental que derivan del trabajo, como el síndrome del trabajador quemado”, ha afirmado Álvarez. Ha puesto el foco en que las mujeres sufren más estas situaciones y en que las actividades con más trabajadores afectados son las más precarias, y ha puesto como ejemplo las plataformas digitales o los call centers.

“La condiciones de trabajo precarias enferman y matan”, ha añadido la secretaria de Salud Laboral del sindicato, Ana García de la Torre. Ante la pregunta sobre las posibilidades de que esas condiciones mejoren vía ley, que el futuro Gobierno aborde la reducción de la jornada laboral y que el Congreso apruebe ese avance, el líder de UGT se ha declarado “esperanzado”, a pesar de que las fuerzas de izquierdas obtuvieran menos diputados el 23-J. “Los avances que logramos en la legislatura anterior son una base sólida para abordar otras cuestiones. La sociedad ha madurado mucho, ya hay un debate en el seno de las empresas. Nosotros queremos hacerlo posible”, ha indicado Álvarez, antes de criticar “el runrún del absentismo” sobre este tema “que están instalando las patronales; no vamos a entrar ahí, queremos saber las causas y prevenir”.

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