Cerca de 800 colombianos han muerto este año víctimas de la violencia

'Al menos 784 colombianos han sido asesinados en 145 matanzas en lo que va corrido de este año'. Esta cifra, dada por Fernando Medellín, cabeza de la Red de Solidaridad -oficina estatal encargada de atender a los desplazados-, muestran que la barbarie que vive este país ha desbordado, en estos tres meses y medio de 2001, todo horror imaginable. Antes de que los periodistas salieran de su asombro, Medellín agregó: 'Casi duplica a las víctimas registradas el año pasado en el mismo periodo, que fueron 442'.

De estos colombianos, 544 han muerto, de manera salvaje, en 87 matanzas perpetradas por fuerzas paramilitares contraguerrilleras. Los grupos guerrilleros, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), son responsables de 24 muertes, y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) se le atribuyen 36 muertos.

Las estadísticas incluyen los muertos que dejó el ataque feroz de las FARC el domingo de Pascua a La Caucana, caserío de Tarazá, provincia de Antioquia. Ejecutaron civiles - se habla de 28-, quemaron casas, arrasaron el comercio. 'Yo salí a auxiliar a un herido. Pero los guerrilleros me frenaron, y ahí, delante de mí, le dispararon a uno y al otro lo remataron. Dijeron que eso les pasaba por ser de las autodefensas ', contó el cura párroco.

Las cifras incluyen también la última matanza paramilitar, en pleno Jueves y Viernes Santo, en la región del Alto Naya, una zona de montañas entre las provincias de Cauca y Valle, que del otro lado le da la cara al Pacífico.

'Hemos vuelto a los peores tiempos de la barbarie', dijo conmovido el defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, luego de constatar que los matones, con sus brazaletes de AUC -Autodefensas Unidas de Colombia-, usaron motosierras y cuchillos para despedazar a sus víctimas, campesinos e indígenas desarmados. Se sabe que los muertos pasan de 50.

Y fue el Defensor el primero en recordar que ésta fue, como la mayoría de las veces, una 'masacre anunciada'. Varias entidades habían dado la voz de alerta desde diciembre pasado. El 2 de abril, el Comité Interamericano de Derechos Humanos de la OEA le pidió al Estado colombiano la adopción de 'medidas urgentes para preservar el derecho a la vida' a los habitantes de la zona.

Fernando Medellín dice que existe una 'alta correlación' entre la presencia paramilitar en el Alto Naya y sus ataques 'salvajes', con las acciones del ELN contra la sociedad de Cali -capital de la provincia del Valle-, en concreto, los secuestros múltiples de feligreses de una iglesia y de comensales de varios restaurantes de carretera.

Y recoge la preocupación que sienten muchos hoy en este país, porque la sociedad colombiana es cada vez más proclive a dar su apoyo a los paramilitares. 'Es necesario que la sociedad deje de ver con cierta simpatía y cierta tolerancia a esto criminales', dijo hace poco el fiscal Alfonso Gómez.

'La intensidad y recurrencia de las acciones paramilitares contra la población civil, lejos de debilitarse, se incrementaron, sin que se hayan visto confrontadas por una acción gubernamental que les ponga freno', dice el reciente informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado la semana pasada en Ginebra.