El Congreso argentino se dispone a otorgar plenos poderes a Cavallo

El presidente Fernando De la Rúa se ofreció como 'garantía' de los pactos alcanzados ante la resistencia de sectores disidentes dentro de la Alianza y el peronismo.

En su condición de virtual primer ministro, Cavallo puede hacer y deshacer a su criterio la Administración pública, fusionar ministerios, eliminar secretarías, crear nuevas oficinas o direcciones, anular beneficios impositivos, rebajar las contribuciones o imponer otras para el desarrollo de proyectos de infraestructura, garantizar el pago de los bonos públicos con los fondos de la recaudación de impuestos y derogar o vetar leyes que a su juicio perjudiquen a la actividad económica.

No obstante, el poder Ejecutivo no puede modificar por decreto las leyes que garantizan las pensiones a los jubilados ni introducir reformas a las leyes laborales, tampoco rebajar los salarios o promover despidos masivos en la Administración pública.

De la Rúa promulgó el sábado la primera parte de la Ley de Competitividad, que se publicará hoy en el boletín oficial y comenzará a aplicarse la próxima semana. Con el impuesto del 0,6% aplicado a las transacciones financieras en los bancos, cada vez que se paga un talón o que se deposita en cuenta corriente, el Ejecutivo obtendrá recursos de inmediato.

Promoción de inversiones

Con sus flamantes atribuciones, Cavallo tratará en Madrid de promover nuevas inversiones, asegurarse otras prometidas y encontrar una fórmula de acuerdo para evitar el cierre y la liquidación de Aerolíneas Argentinas, empresa bajo control de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España, que tiene el 85% de las acciones. Aerolíneas, privatizada sin deudas en 1990, perdió 300 millones de dólares (más de 55.000 millones de pesetas) en el último año y tiene ahora un pasivo estimado en 900 millones de dólares.

Los sindicatos rechazaron el 'Plan director', presentado por la SEPI, que suponía el despido de 1.318 de los 5.000 trabajadores que todavía pertenecen a la empresa. El plazo para la 'conciliación obligatoria' impuesta por el Ministerio de Trabajo argentino expira dentro de un mes. El conflicto de Aerolíneas sería el primero de tamaña magnitud a enfrentar por el nuevo primer ministro.

Cavallo no puede desentenderse del problema ante la responsabilidad que cabe al Estado argentino como socio minoritario. La repercusión pública de todo aquello que suceda con la aerolínea tendría para él delicadas consecuencias políticas. El Ejecutivo quedó impedido para ordenar la privatización total o parcial de empresas públicas, arancelar la universidad, vender entidades financieras oficiales como el Banco de la Nación, ceder a terceros entes reguladores, parques nacionales, la obra social de atención a los jubilados y la agencia encargada de recaudar impuestos.

El Congreso dispuso el control parlamentario de las medidas que imponga Cavallo. Una comisión integrada por miembros de ambas Cámaras parlamentarias tendrá la facultad de derogar los decretos del Ejecutivo y éste, a su vez, no podrá vetar la decisión de los legisladores. La mayoría de esa comisión parlamentaria quedará en manos de diputados y senadores de la oposición. En declaraciones realizadas antes de viajar a Madrid, el ministro aseguró que no se propone 'reestructurar los plazos de pago de la deuda externa que tiene el país' y que tampoco es necesario 'renegociar las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional'. Según Cavallo, 'las atribuciones que concede el Parlamento servirán para cumplir con las metas que establece la Ley de Presupuesto votada por el Congreso' .