Un trámite burocrático bloquea el inventario de dioxinas que España inició en 1998 El Ministerio de Medio Ambiente dejó sin cobertura financiera los trabajos de 2000

El subdirector general de Calidad Ambiental, Juan Sánchez Martínez, admite compungido que no ha sido capaz de superar las barreras burocráticas de su ministerio durante el año pasado para que se librara una partida de tan sólo 25 millones de pesetas. Es la aportación económica anual que hace el Ministerio de Medio Ambiente para la realización del inventario de dioxinas y furanos. Los otros ministerios aportan personal técnico, por lo que varios de los investigadores que se dedicaban a estas tareas las han abandonado para dedicarse a otras.

'Fuera de la Administración no se entiende que para librar una cantidad económica, por pequeña que sea, haya que pasar por procedimientos burocráticos procelosos. Puedo asegurar que inicié la tramitación en el mes de febrero pasado y llegó diciembre sin que ese dinero saliera del ministerio', confiesa Martínez.

El subdirector asegura que se va a incluir con cargo a los presupuestos de este año el dinero que se debe del pasado y confía en que no se vuelva a repetir el retraso en años sucesivos. Estos fondos se destinan primordialmente a pagar a los laboratorios que analizan las muestras.

La paralización del inventario de las fuentes de dioxinas y furanos en España es doble. Además de los obstáculos burocráticos, los sectores industriales objeto de examen no están prestando el apoyo que debieran, según Carlos Martínez Ordago, director del Club de Residuos. Todo lo contrario a los gestores de incineradoras de residuos sólidos urbanos. Estas instalaciones se convirtieron en dianas de los ataques de los ecologistas porque fue en ellas donde se descubrieron las dioxinas. El férreo control impuesto por las administraciones públicas ha forzado la implantación de severos filtros, de manera que ninguna de ellas supere la emisión de 10 gramos de dioxinas en un año.

Estas medidas de control sobre las incineradoras han relegado a sus instalaciones a un segundo plano, como emisores de compuestos tóxicos a la atmósfera. El avance del inventario publicado en 1999 decía que las ocho incineradoras españolas habían reducido de 20 a 1,2 gramos al año sus emisiones en las tres anualidades precedentes.

Escasa colaboración

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente (septiembre 2000), de los 163 gramos de dioxinas que España emitió a la atmósfera en 1996, el primer puesto emisor está compartido por las plantas de combustión industrial y el tratamiento y eliminación de residuos ( vertederos incontrolados), con 49 gramos, respectivamente. Les siguen las plantas de combustión industrial, con 32 gramos, y a mucha más distancia, otros procesos industriales, con 16.

La madera tratada, los residuos hospitalarios, el tráfico o los incendios forestales son fuentes importantes de dioxinas, compuestos tóxicos cancerígenos que por sus características de persistencia y bioacumulación acaban depositándose en la cadena alimenticia de los seres vivos.