México sienta un precedente histórico y entrega a España al torturador Cavallo

El Gobierno de México consagró el principio de la extraterritorialidad en el castigo de los delitos de lesa humanidad y toca a su fin el libre tránsito de los espadones que durante las dictaduras militares de los años setenta y ochenta cubrieron de sangre América Latina. Sentando un precedente universal, la Secretaría de Relaciones Exteriores aprobó la extradición a España del ex capitán argentino Ricardo Miguel Cavallo para ser juzgado por los delitos de genocidio, tortura y terrorismo cometidos en los cadalsos de las juntas militares (1976-1983).

El reo, de 49 años, recurrirá en amparo, y puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia en un proceso que durará entre cinco y seis meses, pero los vientos de apertura imperantes en México desde la histórica victoria del conservador Vicente Fox en las presidenciales del pasado 2 de julio permiten anticipar su fracaso. El día 18, en otro fallo sin precedentes, la Corte Suprema dictaminó la procedencia de la extradición a Estados Unidos de los narcotraficantes mexicanos reclamados por ese país.

El Ministerio de Exteriores, dirigido por el académico Jorge Castañeda, un intelectual procedente de las filas de la izquierda, amplió las recomendaciones efectuadas por el juez Jesús Guadalupe Luna el pasado día 12: recomendar la extradición de Cavallo por los delitos de genocidio y terrorismo según la Ley Orgánica del Poder Judicial español. Desestimó el de torturas por considerarlos prescritos en el Código Penal mexicano. La cancillería sostiene que podrá ser juzgado también por tortura en un comunicado de cinco puntos, difundido la noche del viernes, que invoca las leyes federales mexicanas, la Ley de Extradición Internacional y el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre México y España.

No son difíciles de adivinar los efectos que sobre la jubilada jefatura castrense latinoamericana implicada en violaciones de los derechos humanos han tenido las iniciativas del magistrado español Baltasar Garzón y los dos fallos mexicanos. Es improbable que algún mando de aquellas tiranías aventure un viaje al extranjero. El ex dictador chileno Augusto Pinochet fue sorprendido cuando se sometía a tratamiento médico en el Reino Unido, y Cavallo fue detenido al ser identificado mientras efectuaba negocios con el anterior Gobierno de México.

La desaparición y asesinato de entre 9.000 y 30.000 personas en Argentina durante las juntas militares fueron amnistiados por los gobiernos de Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical (UCR), socialdemócrata, y de Carlos Menem, peronista. El propio Cavallo, según sus abogados, está amparado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, promulgadas por Alfonsín y derogadas simbólicamente en 1998, aunque sin afectar con carácter retroactivo el perdón concedido antes a oficiales y suboficiales. Los generales, juzgados y condenados en vista pública, fueron amnistiados por Menem en 1990.

El poeta argentino Juan Gelman, domiciliado en México después de una dolorosa peripecia de exilio, reaccionó satisfecho a la extradición de Cavallo, Sérpico, cuya sonrisa helada durante los interrogatorios y torturas de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) aún recuerdan los supervivientes de aquellos potros. 'Qué tiemblen los represores', dijo Gelman, cuyo hijo y nuera fueron asesinados por la Operación Cóndor, el sindicato forjado por las dictaduras del Cono Sur para detener y liquidar a los militantes de la izquierda. 'México se coloca a la vanguardia del nuevo orden jurídico internacional en materia de derechos humanos. Es el primer caso en la historia en el que un país toma la decisión de entregar a un genocida'. De hecho, ningún inculpado en delitos de lesa humanidad ha podido ser juzgado en tiempos de paz a petición de un juez civil de un tercer país.

'Se concede la extradición del reclamado Ricardo Miguel Cavallo, conocido como Miguel Ángel Cavallo, solicitada por el Gobierno de España por conducto de su Embajada en México, para que sea procesado por los delitos de genocidio, tortura y terrorismo', estableció el Ministerio mexicano de Relaciones Exteriores, cuya resolución se produjo dos días antes de que venciera el plazo legal para pronunciarse sobre la sentencia del juez Luna Altamirano. Álvaro Carrillo, uno de los dos abogados defensores de Cavallo, dijo que la decisión de la cancillería 'no estuvo apegada a derecho, sino que obedeció a presiones nacionales e internacionales'. La defensa recurrirá en amparo en un plazo de 15 días.