La ley de Bono se ampara en la 'justicia pública' para dar a conocer los fallos contra maltratadores

La ley Bono contra los maltratadores de mujeres, que tanta tinta hizo correr cuando fue anunciada el otoño pasado, llega a las Cortes regionales en medio de la misma tensión informativa que la provocó. La pasada semana dos mujeres perdieron la vida en España a manos de su pareja. La estadística avanza así de manera inexorable: cada cinco días, más o menos, una nueva víctima mortal; y cada año, medio millón de agresiones en el ámbito familiar.

'Ningún Gobierno puede desentenderse de este problema', afirma la exposición de motivos del proyecto de ley que el Gobierno de Castilla-La Mancha -con el título de Ley de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas- enviará en los próximos días a las Cortes regionales, donde los socialistas cuentan con la mayoría absoluta para sacarla adelante.

Según los datos que aporta el propio proyecto, en Castilla-La Mancha se producen cada año 15.000 casos de malos tratos, de los que apenas se denuncian un millar. Y lo grave, según la exposición de motivos, es que este problema, que convulsiona la conciencia de cualquier ciudadano sensible, 'no merece el rechazo social que acompaña a otras formas de violencia'.

A partir de esa constatación, el Gobierno de Bono concluye que la batalla contra este tipo de violencia es más que un asunto de jueces o policías. Por ser una 'flagrante violación de los derechos humanos', esa lucha es también un asunto de gobierno, que exige políticas activas para combatirlo 'con toda la fuerza del sistema democrático y con todos sus instrumentos'.

En lo concreto, en apenas una veintena de artículos, el proyecto de ley se extiende en una serie de 'medidas de sensibilización' para fomentar el debate social que ayude a erradicar este tipo de violencia, como una reforma del currículo educativo para garantizar 'la efectiva igualdad de derechos entre hombres y mujeres' desde las escuelas; un programa de formación entre docentes, sanitarios, trabajadores sociales y empleados públicos relacionados con el problema; un plan de ayudas para las asociaciones especializadas, y campañas de sensibilización permanente.

Respecto a las medidas de 'acción preventiva', la ley Bono obligará al Gobierno regional a crear un Centro de Información a la Mujer en al menos todos los municipios de más de 5.000 habitantes y a establecer 'un servicio permanente de información, asistencia y asesoramiento para mujeres con dispositivos de alarma de localización inmediata'.

Sobre la publicidad de las sentencias contra los maltratadores, banderín de enganche de la enérgica protesta que recibió este proyecto en sectores de la judicatura y el derecho, el Gobierno de Bono se compromete a informar al Parlamento, al menos una vez al año, sobre los procedimientos penales tramitados, 'con reproducción del fallo de las sentencias firmes condenatorias dictadas sobre violencia doméstica' y, al mismo tiempo, a hacer público, 'para general conocimiento', el contenido de todos esos informes siempre que exista la conformidad de la víctima.

La atención a las víctimas se concreta en la creación de centros de urgencia y casas de acogida en las capitales de provincia de la región y en los municipios de más de 25.000 habitantes, además de acceso preferente a vivienda y otras ayudas directas para las mujeres o sus hijos.

La Junta de Castilla-La Mancha subvencionará a las empresas o entidades que contraten a mujeres víctimas de violencia familiar en determinadas condiciones, dentro de un amplio plan de empleo femenino en esa región.

La ley incluye un programa de atención a los agresores para su readaptación.