Protección de Datos abre una investigación sobre la 'lista' de Bono de sentencias contra maltratadores
La Junta de Castilla-La Mancha puede encontrar trabas legales para reproducir las sentencias de personas condenadas por malos tratos a mujeres, hasta el punto de que la Agencia de Protección de Datos (APD) ha abierto una investigación para averiguar si el método empleado para hacer públicos los datos de los maltratadores es un 'fraude de ley'.
La directora general de la Mujer de Castilla-La Mancha, Llanos Moreno, dijo ayer a Efe que el Gobierno regional 'no está en absoluto preocupado' por la investigación. 'Hemos sido bastante cuidadosos con la reproducción de las sentencias condenatorias en relación con malos tratos y no tenemos ningún tipo de fichero', dijo.
Tras el primer anuncio realizado por el presidente del Ejecutivo castellano-manchego, el socialista José Bono, Protección de Datos ya advirtió sobre la ilegalidad que suponía establecer directamente un fichero con datos de personas condenadas por maltrato. La solución jurídica que encontró la Junta de Castilla-La Mancha fue promulgar una ley para que los datos fueran incorporados a los debates parlamentarios, cuyas sesiones son públicas y se recogen en diarios oficiales. Donde podría encontrarse el 'fraude de ley es que luego las sentencias, con los datos de los condenados, se publican en el diario oficial de la comunidad.
En opinión del director de la APD, Juan Manuel Fernández López, 'la ley habilita para tratar el tema en el Parlamento, pero no para dar publicidad a los datos de los condenados'. La semana pasada, el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el Informe sobre malos tratos a mujeres, en cumplimiento de la Ley de Prevención de Malos Tratos, que incluía la reproducción de 18 sentencias condenatorias firmes de las 41 emitidas entre el 17 de mayo y el 31 de diciembre del año 2001. Tras subrayar que en un Estado de derecho 'el único que impone la pena es el juez en la sentencia', Fernández López añadió que 'no se pueden establecer listas de buenos y malos, porque incluso el delincuente más abyecto puede borrar sus antecedentes penales que figuran en el fichero de penados y rebeldes, una vez cumplida su condena, para poder reintegrarse socialmente'.
La investigación a la Junta de Castilla-La Mancha puede interpretarse también como un aviso para la Asociación de Defensa del Paciente y su intento de hacer públicos los nombres de los médicos que hayan cometido negligencias. Fernández López recuerda que los datos referidos a sanciones penales o administrativas 'sólo se pueden incorporar a ficheros de administraciones públicas'.
