La Eurocámara pide el desalojo del agresor del domicilio común
La iniciativa propone seguir el ejemplo austriaco contra el maltrato
El pleno del Parlamento Europeo, reunido ayer en Estrasburgo, aprobó pedir a todos los países miembros de la UE que introduzcan en sus leyes el derecho, en casos de violencia doméstica, a desalojar al agresor del domicilio común. Se trata, según la autora del informe que recoge dicha propuesta, María Antonia Avilés, del PP, de que se imponga en toda la UE el modelo austriaco para estos casos, vigente en este país desde 1997.
La legislación austríaca permite, desde 1997, el desalojo inmediato del agresor incluso antes de que se inicie el proceso penal cuando haya riesgo de agresión a cualquier miembro de la familia.
En la UE, sólo Alemania ha seguido el modelo austriaco, si bien Luxemburgo y Dinamarca anunciaron este año que están trabajando en la misma línea. 'El problema en Alemania sigue siendo que las mujeres desconocen sus derechos', explicó ayer la socialista germana Lissy Gröner. 'Es una medida novedosa, sí, que debe ir acompañada de otras', dice Avilés. 'Por un lado, es injusto que sean las mujeres, las víctimas, las que tengan que esconderse. Por otro, hay que proteger a las víctimas con medidas complementarias. Lo que está claro es que se han hecho cosas, pero que algo hay que seguir haciendo, pues este problema es tremendo y generalizar en Europa algunas prácticas, como el desalojo del agresor, puede ser útil para proteger a las víctimas'.
Una de cada cinco mujeres europeas ha sufrido violencia doméstica alguna vez en su vida. El fenómeno afecta cada año a 500.000 personas, en su mayoría mujeres y niños. 'Ciertamente, la medida del alejamiento del agresor es importante, pero ésta no debe ser adoptada en detrimento de otras, como el apoyo a las casas de acogida', alega la eurodiputada socialista Elena Valenciano. 'En este asunto hay muchos discursos y pocos recursos; sobre todo en España'.
El informe de Avilés, que fue aprobado por aplastante mayoría, exige en consecuencia más recursos para este asunto. 'Sólo con más medios jurídicos y económicos podremos conseguir reducir este espeluznante fenómeno', señala la eurodiputada aragonesa. Su informe es una evaluación del programa Daphne, creado en 1997 a iniciativa del Parlamento Europeo, que desde esa fecha ha financiado más de 200 proyectos para prevenir y proteger de la violencia doméstica a mujeres y niños. El presupuesto es de cinco millones de euros anuales, lo que tanto para Avilés como para Valenciano es 'claramente insuficiente', ya que apenas cubre el 12% de los proyectos seleccionables.
Finalmente, el informe propone también que el Tratado de la Unión Europea incluya un fundamento jurídico específico para luchar contra la violencia de género.
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