División del Poder Judicial sobre la difusión de nombres de condenados por maltrato familiar

El informe de 22 folios, elaborado por la comisión que preside el vocal Enrique Arnaldo, no aborda, según los vocales Javier Moscoso y Jacobo López Barja de Quiroga, entre otros, la cuestión esencial respecto a si la publicación de 'las sentencias firmes condenatorias sobre violencia doméstica cuando se cuente con el consentimiento de la víctima', como prevé la futura ley, responde a la exigencia constitucional de publicidad de las sentencias o colisiona con el derecho a la intimidad.

El proyecto de informe niega competencia en materia de justicia a la comunidad autónoma castellano-manchega e invoca el Código Penal y la Ley de Protección de Datos como limitadoras de la cesión de datos personales penales sin el consentimiento de los afectados para la elaboración de un fichero automatizado.

Luis López Guerra, vicepresidente del CGPJ, catedrático de Derecho Constitucional y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, negó que la proyectada 'ley Bono' pueda tacharse, como sugiere el informe, de inconstitucional por vulnerar el derecho fundamental a la intimidad por difundir las sentencias condenatorias por violencia doméstica.

Enmienda a la totalidad

Moscoso anunció una 'enmienda a la totalidad del informe', durante el plazo de siete días que se abrió ayer. Este vocal considera 'correcta la 'ley Bono', porque si no se puede dar una lista de sentencias condenatorias de maltratadores, ¿cómo se puede hacer un archivo de etarras condenados?', se pregunta. Añade que 'la competencia de las comunidades autónomas en materia de política social puede justificar ese conocimiento público de los fallos'.

En la misma línea, López Barja discute el proyecto de informe, porque 'no está nada claro que no se pueda publicar una condena firme', dice. Agrega que 'tal publicación no tiene por qué afectar al honor del condenado, que sí puede resultar afectado por el delito que cometió y que dio origen a esa condena publicada'.

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José Bono, a preguntas de este periódico sobre su polémica ley, recordó ayer que contiene 'medidas para prevenir los malos tratos, casas de acogida, búsqueda prioritaria de empleo a la víctima, vivienda gratuita, personación en los procedimientos criminales contra maltratadores, asistencia gratuita y programas de readaptación de los agresores, a todo lo cual se añade la difusión de sentencias firmes condenatorias, que legalmente deben leerse en audiencia pública'. Bono razona: 'Lo que es público puede ser conocido'.

Frente a lo que dice el informe del CGPJ, Bono asegura que 'no se crearán ficheros ni listas, sino sentencias íntegras firmes'. Sin embargo, IU pidió ayer al PSOE en Toledo que retire ese aspecto del proyecto de ley, informa Europa Press.

En cuanto a la intencionalidad que desde el PSOE se atribuye al informe del CGPJ, fuentes socialistas recordaron ayer que el propio Arnaldo informó en 1998 que en casos de maltratos familiares la intimidad se transforma 'patológicamente en una suerte de ámbito inmune'.