Las cementeras quemarán las 17.000 toneladas de harinas cárnicas que Euskadi produce cada año

El Gobierno vasco ha creado una agencia de seguridad alimentaria para controlar la producción, transformación y elaboración de los alimentos en Euskadi. La crisis de las vacas locas ha acelerado la puesta en marcha de la agencia, pero el Ejecutivo asegura que ya trabajaba en el proyecto desde hace más de un año, cuando se descubrió que en Bélgica se usaban piensos contaminados con dioxina en la alimentación animal. El consejero de Agricultura, Iñaki Gerenabarrena, anunció ayer la creación de la Fundación Elika (se registró el miércoles), en la que participarán miembros de su departamento y de la consejería de Sanidad, las dos áreas del Gobierno con competencias en el sistema de control alimentario. Gerenabarrena, que será el presidente de la nueva fundación, confirmó que la función del organismo será descubrir los 'puntos negros' de la cadena alimentaria. Para ello, sus líneas de actuación se centrarán en asesorar científicamente a la Administración, implantar protocolos de actuación en situaciones de emergencia alimentaria y definir normas técnicas en la producción de alimentos que incorporen garantías adicionales a los productos que consumen los ciudadanos. La agencia permitirá reforzar la coordinación y la efectividad de la actuación pública para atajar cualquier tipo de problema alimentario. La Fundación Elika contará con un presupuesto anual de 70 millones de pesetas y se nutrirá de la infraestructura y el servicio técnico de otras tres fundaciones públicas dependientes de Agricultura que trabajan en diferentes campos de la investigación, la producción y la calidad de los alimentos: Neiker, Azti y Kalitatea. Además de establecer esta agencia, Agricultura ha incluido otras actuaciones dentro del plan de choque integral que ha elaborado para combatir la crisis de las vacas locas.

El plan diseñado y encabezado por el Departamento de Agricultura (que será aprobado por el Consejo de Gobierno este mismo mes) comprende tres ámbitos de actuación: el sanitario, el medioambiental y el de información a los consumidores. Gerenabarrena garantizó que el Gobierno va a poner todos los medios para garantizar que la carne de las reses sacrificadas en los mataderos vascos está en perfecto estado y para eliminar los Materiales Específicos de Riesgo (MER) de las reses sacrificadas con el menor impacto ambiental posible. Durante la presentación del plan, el consejero adoptó un tono más político en algunas ocasiones e hizo alusión a ciertas deficiencias que había observado en el tratamiento de la crisis por parte del Ejecutivo central. En el aspecto sanitario, el punto más importante es la aplicación del test de detección rápida de la enfermedad. Desde el pasado lunes, se está realizando esta prueba a las reses sacrificadas en los siete mataderos que existen en la comunidad autónoma. Los primeros análisis han dado negativo, pero no se puede descartar que se produzca algún positivo, tal y como señaló el consejero. En la actualidad, el 50% de la carne consumida en el País Vasco es producida y sacrificada en la comunidad. Gerenabarrena advirtió sobre la posibilidad de que algún test dé positivo porque 'hay que tener en cuenta que la mitad de la carne consumida en el País Vasco procede de fuera. El Gobierno no puede garantizar en qué condiciones se han sacrificado los animales que vienen de fuera o cómo se han criado', recalcó. La prueba, cuyos resultados se conocen entre 24 y 72 horas después de realizarla, permitirá que la carne que adquieran los consumidores se encuentre libre de la enfermedad. El laboratorio Neiker, ubicado en Derio, se encarga de los ánálisis, pero ante la ingente cantidad de pruebas que tendrá que realizar, el departamento pondrá en marcha más instalaciones. Al final del año, la previsión es que se practiquen alrededor de 30.000 pruebas. En cuanto al ámbito medioambiental, Agricultura ha logrado cerrar un acuerdo con las dos empresas que en Euskadi se dedican a fabricar harina de carne a partir de los despojos de alto riesgo de las reses y con las otras partes del ganado vacuno (como tendones o huesos largos) que no se emplean en el consumo humano. Hasta el año pasado, estas harinas servían para alimentar a los pollos, cerdos y los peces, pero la Unión Europea lo ha prohibido desde este mes de enero. Tras el acuerdo con el departamento, una de las empresa se encargara de transformar las 10.000 toneladas de MER en harina cárnica y la otra hará lo mismo con las otras 40.000 toneladas del resto de subproductos. Estas 50.000 toneladas darán origen a 17.000 toneladas de harinas cárnicas, que, a su vez, serán quemadas como combustible por las tres plantas cementeras de Euskadi (en Arrigorriaga, Lemoa y Añorga).

Información en una 'web'

Según Gerenabarrena, la incineración intenta evitar los problemas ecológicos que crearían el vertido de las harinas a los vertederos. La decisión ha recibido el visto bueno del Departamento de Medio Ambiente. Ayer comenzó un proyecto piloto de quema de hárina cárnica en las tres plantas cementeras. Cada una eliminará cien toneladas en los próximos días con el control de los laboratorios públicos de Inasmet y Labein, así como de Osalan, que se encargará de estudiar los riesgos laborales que se pueden derivar para los trabajadores.

La información al consumidor se centrará en la creación de una página web en las próximas semanas, donde el ciudadano que se conecte a Internet tendrá, a través del número de identificación de la carne que consume (que se lo debe proporcionar el carnicero), una completa información de la historia vital y sanitaria de la res de la que procede, siempre que haya sido sacrificada en Euskadi.

El consejero puntualizó que la Administración va a correr con el coste íntegro del plan (2.500 millones de pesetas) durante este año, pero que en 2002 se repartirán los gastos entre los representantes del sector, como ganaderos, carniceros, mataderos o empresas dedicadas a la fabricación de harinas de carne. 'Ahora, en un momento de urgencia, ni el sector ni los consumidores pueden hacer frente a estos costes. Por este motivo los asume el Gobierno, pero no lo debe hacer de forma indefinida', señaló. Inclusó llegó a decir que se ha barajado la posibilidad de fijar algún tipo de tasa que permita financiar todas las actuaciones.