La reforma del teatro romano de Sagunto es ilegal, según el Supremo La obra es defendible académicamente, pero contraria a la norma, dice el fallo

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Sagunto contra la sentencia del Tribunal Superior de Valencia que anuló en 1993 el proyecto de restauración del Teatro Romano. La sentencia, que fija un plazo de dos meses para su ejecución, fue recibida ayer con cautela por el Gobierno valenciano del PP, que desde la oposición impulsó el pleito contra las obras y ahora se ve en la tesitura de aplicarla.

El Supremo ratifica en su sentencia que la restauración y rehabilitación, obra de los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli por encargo de la Consejería de Cultura, entonces gobernada por los socialistas, "supone una reconstrucción" del Teatro Romano y, en algunos casos, "una simple construcción de un teatro romano que ignora la forma que los elementos reales tenían". El alto tribunal explica que la reconstrucción se hizo sobre unos presupuestos metodológicos "plenamente defendibles en el plano artístico o académico, pero enfrentados a un criterio normativo, el del artículo 39.2. de la Ley del Patrimonio Histórico, que es el que debe vincular a la Administración Pública".

El análisis del expediente y el contenido mismo del proyecto revelan que en realidad, se iba a acometer una operación de "reconstrucción" del teatro, "sin el uso de piezas originales de probada autenticidad". Esa intervención fue "radical en la escena, sobre cuyos restos actuales se levantaría nada menos que un completo y en gran parte nuevo, edificio teatral".

Ayer, el presidente del Consell, el popular Eduardo Zaplana, expresó su satisfacción por el contenido de la sentencia pero y recordó que la rehabilitación fue "una barbaridad". Sin embargo, se mostró cauto respecto a las posibilidades de demoler las obras realizadas en el Teatro Romano de Sagunto y apeló al criterio de especialistas y científicos.

El impulsor de la demanda, el abogado y ex diputado autonómico del PP Juan Marco Molines también se mostró prudente y abogó porque sean ahora los técnicos de la Consejería de Cultura quienes decidan si la rehabilitación tiene vuelta atrás. Marco Molines puso el énfasis en que la sentencia del Supremo crea un precedente, aunque no doctrina, para evitar que se actúe sobre otros elementos arquitectónicos del Patrimonio Nacional como se hizo en el Teatro Romano de Sagunto.

El letrado que representa los intereses del Ayuntamiento de Sagunto José Luis Martínez Morales indicó que la sentencia no es recurrible y que ahora las partes afectadas deberán estudiar como se puede ejecutar la sentencia del Supremo. Por su parte, la portavoz socialista de Cultura en las Cortes Valencianas, Trinidad Amorós, cuyo partido impulsó y realizó la rehabilitación del teatro, indicó que su partido acata la sentencia, aunque recalcó que en la argumentación se destaca que el trabajo de reconstrucción y rehabilitación es perfectamente defendible desde el punto de vista artístico y académico.

El Teatro Romano de Sagunto, que data de la época del emperador Tiberio, entre los años 14 y 37 d.c, cuenta con varias mutilaciones documentadas ya en el siglo XIX. Sus ruinas fueron deteriorandose con el paso del tiempo hasta que en 1932, se realizaron reparaciones puntuales orientadas a su conservación. En 1984, la Consejería de Cultura encargó a los arquitectos Portaceli y Grassi el proyecto de restauración del teatro, que en 1986 se declaró monumento nacional. La intervención generó una agria polémica que llevó a Marco Molines a recurrir a los tribunales en 1991.