Las subcontratas piden a la Administración amparo por el "abuso" de las constructoras

Las empresas de la construcción que realizan subcontratas han solicitado amparo a las instituciones vascas ante lo que consideran "abusos" por parte de las empresas adjudicatarias de obras públicas. Denuncian que en la mayor parte de los contratos no se cumple la ley en lo que respecta a los plazos en que los constructores deben pagar a las empresas subcontratadas. Ante esta situación, piden que las instituciones inspeccionen el correcto cumplimiento de los contratos administrativos de las obras públicas.

Problemas financieros

El gremio de los excavadores anda revuelto. Han oído que el Ayuntamiento de Vitoria, a través de la sociedad urbanística Ensanche XXI, la que gestiona todo lo referido a las futuras 20.000 viviendas que se construirán en el este y el oeste de la ciudad, está preparando un concurso para las empresas interesadas en la urbanización básica del primer sector. El trabajo consiste, a grandes rasgos, en el movimiento de tierras y la colocación de las canalizaciones. Están en juego más de 3.000 millones de pesetas. Mucho dinero incluso para las grandes constructoras españolas. Por eso se espera que todas ellas se presenten al concurso. Lo extraordinario del caso está en una sencilla cláusula que ha incluido la sociedad municipal en el pliego de condiciones, a propuesta del grupo nacionalista. En ella se especifica que la empresa adjudicataria deberá pagar a los subcontratistas en el mismo plazo en que reciba el dinero de la Administración.Un hecho tan simple como ése ha removido a todos los excavadores de la zona. ¿Por qué? Porque es la primera vez que ellos recuerdan que ocurre esto desde que trabajan en el sector. Ningún ayuntamiento ni diputación, ni tampoco el Gobierno vasco -salvo excepciones contadas- utilizan habitualmente estas cláusulas, a pesar de que se deberían sentir moralmente obligados por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 1995 y reformada el 28 de diciembre del año pasado. Normalmente, desde las instituciones nunca se exigen condiciones a los adjudicatarios de proyectos públicos en cuanto al pago que deben realizar a las empresas que subcontratan.

El sector de excavación sirve como ejemplo de gremio subcontratado. Hay otros colectivos, pero todos tienen el mismo problema. La Administración cumple su parte al pagar en menos de 60 días al promotor, pero el problema llega cuando éste debe entregar la parte correspondiente a los subcontratistas. Según afirman éstos, lo habitual es el que pago se demore 120 días, e incluso denuncian casos de grandes constructoras que abonan los trabajos después de medio año. Y todo esto a pesar de que la ley obliga a los contratistas a pagarles "en los plazos y condiciones que no sean más desfavorables que los establecidos para las relaciones entre Administración y contratista".

Las consecuencias de esas irregularidades son varias. "Nosotros tenemos que pagar cada mes las nóminas de nuestros empleados, aunque no hayamos recibido el dinero del contratista, y nuestra situación financiera se resiente", se queja Valentín Fernández, gerente de Aexal (Asociación de Excavadores de Álava). "En cambio, las grandes constructoras, vinculadas a los bancos, obtienen beneficios con un dinero que en realidad nos pertenece", añade. Esta costumbre afecta a una gran parte de los gremios del sector de obras públicas y de la construcción de viviendas de Esuakdi, uno de los más castigados por los accidentes laborales. Entonces, ¿por qué no se denuncian los contratos? Los subcontratistas responden con el argumento del miedo. "Hay muy poquitos que se atrevan. La razón es sencilla: si denuncio, las obras y los contratos no vendrán a mí en varios años", afirman. Por eso las empresas de excavación decidieron asociarse hace cinco años en Álava.

Otros gremios no están tan avanzados, pero, en conjunto, piden a las Administraciones públicas "voluntad política" para hacer cumplir la ley y que ponga instrumentos para equipararse a otros países europeos. "No es tan complicado. En el resto de la Unión Europea, los pagos se efectúan en 45 días", asegura Valentín Fernández. Las empresas de construcción se defienden alegando que su vinculación con los gremios está sometida a "contratos privados", a diferencia de los que ellas firman con la Administración, que son públicos. "Nuestra relación con las subcontratas se rige por el Código Civil, que permite a las partes pactar lo que consideren oportuno", precisa Enrique González, gerente de Uneca (Unión de Empresarios de la Construcción de Álava). Bajo esas premisas, los promotores entienden que los gremios pueden negociar un aumento en el precio final de sus trabajos a cambio de recibir los pagos de forma diferidda. "Existe la libre competencia", contesta la patronal alavesa de la construcción.

El Gobierno, que ha asumido las recomendaciones de la ley y las ha desarrollado mediante disposiciones adicionales, admite que carece de instrumentos para comprobar si se cumplen la legislación. De momento, un instrumento útil puede ser la cláusula ideada en la sociedad Ensanche XXI, si es que se lleva hasta sus últimas consecuencias. "Una cosa es redactar un requisito en el pliego y otra que se cumpla", admite el gerente de Aexal, que ya ha pedido una reunión con el concejal vitoriano de Urbanismo para comprobar hasta qué punto está dispuesto el Ayuntamiento a verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato.