Fundaciones en espera

Al Gobierno del PP habría que preguntarle a qué venían tantas prisas por introducir por la puerta de atrás de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado de 1999 la regulación legal de las fundaciones públicas sanitarias, con el obvio propósito de hurtar su debate al Parlamento. Apenas puesta en práctica la reforma, ha decidido paralizarla por sorpresa y sin explicar claramente, al igual que cuando la presentó, los motivos reales de su cambio de actitud.La medida adoptada por el actual equipo del Ministerio de Sanidad puede explicarse, aunque sólo muy parcialmente, por su apenas indisimulada aversión a los planes del anterior ministro, Romay Beccaría. Pero deben existir razones de más peso para poner en cuarentena una reforma introducida deprisa y corriendo en el ordenamiento jurídico, sin debatirla en el Parlamento, de espaldas a los profesionales de la sanidad pública y sin una previa y clara definición del modelo sanitario que se pretendía establecer. A falta de las verdaderas razones, que habrían supuesto atribuir al Gobierno el fracaso de una medida presentada en su día como la pieza maestra de la gran reforma sanitaria de los populares, los responsables del Insalud han dado un pretexto: la improcedencia de transformar los hospitales públicos en fundaciones mientras no se culmine el proceso de transferencias sanitarias a las 10 comunidades autónomas que todavía carecen de ellas.

Sin duda, puede ser razonable supeditar la conversión de los hospitales públicos en fundaciones al término del proceso de transferencias sanitarias para no hipotecar la gestión futura de las comunidades en esta materia. Pero también se defendió como razonable el modelo contrario de Romay: implantar las fundaciones en la red hospitalaria pública antes de ceder la gestión del Insalud a las comunidades autónomas. De lo que se deduce que el Gobierno del PP -tanto sus actuales responsables sanitarios como los anteriores- no acaba de tener las ideas claras sobre el modelo de reforma que quiere implantar en la sanidad pública. Ello explica que, de entre las políticas sectoriales del Gobierno, la más ambigua sea la sanitaria, al tiempo que la menos debatida en el Parlamento.

El fiasco sobre la puesta en marcha de las fundaciones públicas debería servir al Gobierno para una rectificación a fondo de, al menos, las formas con que lleva a cabo su política sanitaria. Nadie discute que la gestión del Sistema Público de Salud debe ser reformada, pero ese cambio debe de hacerse con el mayor acuerdo político posible y, sobre todo, con propuestas claras, debatidas en el Parlamento y expuestas sin ambigüedad a los ciudadanos. Es decir, todo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno del PP.