Boliden quiere más ayuda pública para no despedir a 104 empleados

Boliden Apirsa, la compañía propietaria de las minas de Aznalcóllar, pretende recurrir de nuevo a las ayudas públicas para evitar despedir a 104 de sus 474 empleados. La filial española de la multinacional Boliden Limited, inmersa en un proceso de suspensión de pagos, prevé abandonar en un año la explotación que originó en 1998 un desastre ecológico en el entorno de Doñana. La empresa ha renunciado a iniciar nuevas fases en la explotación de un yacimiento de zinc y ahora no tiene trabajo para un centenar de personas.

Las deudas (14.600 millones, según las estimaciones de la empresa) y la renuncia de la multinacional matriz a poner una peseta más en la explotación sevillana han sido los argumentos empleados por el Consejo de Administración de Boliden Apirsa para anunciar su marcha de la mina. La empresa renuncia así a seguir con el plan de producción del yacimiento de Los Frailes -abierto un par de meses antes del vertido tóxico de abril de 1998-, que garantizaba el mantenimiento de la actividad hasta 2010. El Gobierno y la Junta de Andalucía aprobaron en 1995 subvencionar con 6.277 millones de pesetas el proyecto de inversión con el que Boliden Apirsa preveía poner en marcha el yacimiento de zinc. La empresa ya ha cobrado casi todas las ayudas (salvo 450 millones de la Junta), pero no quiere seguir con el yacimiento, que está a punto de completar la segunda de sus seis fases previstas. Ahora, la empresa afirma que sólo puede mantener 104 puestos de trabajo (sin cometido específico al no iniciarse la tercera fase del yacimiento) si cuenta de nuevo con la colaboración de las Administraciones central y autonómica, a las que los trabajos de limpieza y restauración por el vertido tóxico les han costado más de 30.000 millones.

Rebajas sociales

"Alguna fórmula habrá que encontrar", señala un alto responsable de Boliden. "El Gobierno tendrá que hacernos una rebaja en los gastos de la Seguridad Social. De lo contrario, tendremos que poner en marcha nuestro expediente de regulación. Y eso significa más de cien hombres en la calle. Esto no le beneficia a nadie. Porque si se ponen piquetes en la puerta de la mina y el trabajo se paraliza durante unos meses, es dinero que se deja de cobrar y ese dinero puede repercutir en las posibles indemnizaciones que vayan a cobrar los empleados", agrega.El comité de empresa ya conoce los cálculos de Boliden Apirsa para su último año en Aznalcóllar. En 1993, la empresa recurrió a bajas voluntarias incentivadas y prejubilaciones para despedir a 43 empleados. Los sindicatos esperan que ahora repita fórmula. Si optara ahora por las prejubilaciones, la filial española necesitaría también de la colaboración del Ministerio de Trabajo: 64 trabajadores superan los 55 años, pero casi todos tienen agotado sus derechos a percepciones por desempleo; los expedientes de regulación, habituales en la actividad minera, han gastado muchos meses de ayuda. Excepcionalmente, el Ministerio tendría que poner el contador a cero en los meses de cobro por paro, para permitir a los trabajadores enlazar con la edad de jubilación.