Pinochet, vencido, sin gloria ni fuero

La noche del jueves pasado, día 10 de agosto, Lucía Hiriart, esposa del general Augusto Pinochet, participó en una cena de recolección de fondos benéficos, a la que acudieron alrededor de 200 personas. La esposa del ex dictador calificó el desafuero de su marido, hecho público el martes 8 por la Corte Suprema de Justicia de Chile, como una decisión "cobarde e injusta". Se preguntó en voz alta: "¿Por qué no le hicieron un juicio político cuando dejó la presidencia?". La que fuera primera dama de Chile durante la dictadura se respondió a sí misma: "No, esperaron a que estuviera enfermo, viejo y sin poder. ¿Es eso justo? ¿Somos un país en el que de verdad reina la justicia?".Enfermo, viejo y sin poder. Recuerda a Napoleón: "Pero vivir vencido y sin gloria es morir todos los días".

Una mayoría de 14 contra 6 ministros (magistrados) votó en la Corte Suprema de Justicia el pasado martes 1 de agosto a favor de anular el fuero parlamentario del que gozaba el senador vitalicio Pinochet, autodesignado en 1990. El ministro (magistrado) Juan Guzmán Tapia, que instruye 154 querellas criminales contra el ex dictador, había solicitado la anulación de dicho fuero para poder tomar declaración a Pinochet y, eventualmente, procesarle por su participación como autor, cómplice o encubridor en los crímenes de la llamada Caravana de la Muerte, una comitiva que en octubre de 1973 sembró de 75 cadáveres el norte y sur de Chile.

El fallo favorable al desafuero -que confirmaba el adoptado con anterioridad, el 25 de julio, por la Corte de Apelaciones de Santiago- trascendió inmediatamente, pero el tribunal optó por no informar el resultado de la votación con el argumento de que hasta que no se plasmara por escrito los ministros podían modificar el voto. Finalmente, el pasado martes 8, ya redactados y firmados los fallos de mayoría y minoría, la Corte oficializó el resultado: una resolución de contenido jurídico tan dura como mayoritaria.

Aun cuando todos los poderes, oficiales y fácticos, conocían el resultado de la votación, la oficialización del resultado estremeció a Chile. El Gobierno de Ricardo Lagos no quiso hacer sangre quizá para no aumentar la tensión con la derecha y los militares, y prefirió vincular el futuro procesal de Pinochet a los exámenes médicos y a la posible aplicación de la Ley de Amnistía. Los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros se reunieron y decidieron visitar ese mismo martes 8 al general Pinochet en su chalé de La Dehesa, en un barrio residencial de Santiago. Los partidos de la derecha, unidos en Alianza por la Democracia, atacaron el fallo y solicitaron una sesión del Senado para debatir lo que ocurrió en Chile el 11 de septiembre de 1973. La sesión fue convocada por el presidente del Senado, el democristiano Andrés Zaldívar, para el próximo miércoles 16 de agosto.

En todo el estruendo político de la derecha chilena, una voz destacó por su mesura: la de Joaquín Lavín, candidato a la alcaldía de Santiago en las elecciones del próximo mes de octubre. El que fuera candidato a las presidenciales de diciembre y enero pasado por la Unión Demócrata Independiente (UDI), cuyos resultados se quedaron a sólo 30.000 votos del ganador, el socialista Ricardo Lagos, dijo que las resoluciones judiciales deben ser respetadas. Lavin tampoco acudió a La Dehesa para honrar al ex dictador con su solidaridad. Dijo que estaba muy absorbido por la campaña puerta a puerta de las elecciones municipales.

Lavín está subiendo en las encuestas. Y esas mismas encuestas indicaban los pasados jueves y viernes que un 52% de los chilenos es favorable al desafuero del general Pinochet. Por tanto, Lavín no quiere fotos con Pinochet.

El fallo de la mayoría del tribunal es una resolución muy dura para Pinochet, pues rechaza todos los argumentos procesales, incluyendo en primerísimo lugar los exámenes médicos solicitados, dirigidos a bloquear de partida la posibilidad de imputar al ex dictador en los crímenes de la Caravana de la Muerte.

Los magistrados que han elaborado los argumentos del fallo fueron Marcos Libedinsky, un magistrado que ya fue ministro en la Corte de Apelaciones de Santiago, y Urbano Marín, ministro que fue designado recientemente en la Corte Suprema.

Libedinsky es un penalista reconocido, pero no se le puede considerar un revolucionario. Fue uno de los magistrados contados con los dedos de una sola mano que se atrevió a conceder recursos de habeas corpus durante la dictadura, pero no es menos cierto que aplicó, en 1993, la Ley de Amnistía a los asesinos del funcionario español de Naciones Unidas Carmelo Soria, nieto del urbanista Arturo Soria, asesinado por agentes de la policía secreta de Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional, el 15 de julio de 1976. Libedinsky, tras ser identificados los asesinos, cerró el caso sin agotar todas las diligencias solicitadas, aplicándole la ley de autoamnistía. Una apelación a la Corte Suprema logró que se revocara la decisión de Libedinsky. En 1994, el ministro de la Corte Suprema Eleodoro Ortiz, el primero nombrado por el presidente Eduardo Frei, reabrió las diligencias. En 1996, Ortiz decidió, finalmente, archivar la causa. También Ortiz, por cierto, ha votado a favor del desafuero de Pinochet en la Corte Suprema.

Hay dos puntos que ayudan a entender la posición de los magistrados, tanto de la Corte de Apelaciones como de la Suprema.

El primero es la presión internacional. En 1995, el Gobierno de Bill Clinton presionó al Gobirno de Frei para que se juzgara al todopoderoso general Manuel Contreras, jefe de la DINA bajo Pinochet. Y fue juzgado y condenado a siete años de prisión. El fallo fue redactado, precisamente, por el ministro Eleodoro Ortiz. En este año 2000, tras el arresto del general Pinochet durante casi diecisiete meses en Londres, ya no es España, sino la comunidad internacional quien exige mano dura.

Con todo, aun con toda la presión, la causa Caravana de la Muerte aporta un material probatorio indiciario fundamental contra Pinochet. Porque ha quedado acreditado por el juez Guzmán, en las declaraciones y diligencias de careo que Pinochet envió al general Sergio Arellano Stark, ya procesado por estos hechos, en calidad de "oficial delegado" suyo a realizar las ejecuciones y asesinatos en octubre de 1973. Los magistrados señalan en su fallo que la "verticalidad" en el Ejército apunta a la responsabilidad de Pinochet "como autor, cómplice o encubridor".

El juez Guzmán ha anunciado que tomará declaración, como inculpado, al general Pinochet una vez que la Corte Suprema le envíe la causa y pueda preparar las preguntas. El juez visitará al ex dictador en su chalé y le formulará las preguntas. En cuanto a los exámenes médicos, éstos, según el Código de Procedimiento Penal vigente, pueden realizarse en cualquier momento para personas de más de 70 años.