España invertirá 6 billones en 20 años para ajustarse a la directiva del agua

La aplicación de la directiva marco europea sobre el agua costará a España más de seis billones de pesetas durante los próximos 20 años, según admitió ayer el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas. Entre el 20% y el 30% de estas inversiones correrá a cargo de las administraciones públicas, que reforzarán y mejorarán todos los sistemas de control sobre calidad de las aguas. El texto básico de la directiva, en cuya preparación se ha trabajado durante tres años, fue adoptado el jueves por una comisión de conciliación entre el Parlamento y el Consejo de Ministros europeos.

Control y verificación

La gestación de esta directiva ha sido tan compleja como la del Plan Hidrológico español. Es la pieza legislativa más ambiciosa que se ha preparado nunca en Bruselas sobre el agua, a la que se le ha dado por primera vez un tratamiento global. Tras el acuerdo del viernes, se espera su ratificación por el Parlamento y su entrada en vigor el próximo otoño. Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente confían en que pueda trasponerse antes de cuatro años a la legislación española.

El documento, acordado finalmente por la comisión de conciliación entre el Parlamento y la Comisión, ha mitigado el temor entre los agricultores españoles de que el precio del agua se multiplicara más de la cuenta.

El peso de la directiva no va por ahí. Se centra básicamente en comprometer una calidad integral del agua, la que circula por los ríos, la estancada en humedales, las subterráneas, las costeras o los estuarios. Allí donde se encuentre deberá alcanzar un estado de calidad que "permita la supervivencia y el mantenimiento de los ecosistemas, el suministro para beber y para otras necesidades económicas y la atenuación de los efectos adversos de inundaciones y sequías".

A partir de ahora y hasta 2020, todos los Estados miembros de la Unión Europea se comprometen a desarrollar programas y medidas con el fin de disponer de "un buen estado ecológico de las aguas". Éste viene definido por un listado de parámetros sobre límites máximos de productos contaminantes en el agua. Habrá objetivos de calidad obligatorios para todos los Estados y otros que serán fijados en cada uno de ellos en función de sus características ambientales y sus disponibilidades de agua. La primera valoración del Ministerio de Medio Ambiente del coste necesario para alcanzar estos objetivos en España es de seis billones de pesetas, como anunció ayer el ministro. Entre un 20% y un 30% de esta inversión correrá a cargo de las administraciones públicas.

Fuentes del ministerio precisan que la mayor parte de estas inversiones se dedicará a la mejora de las redes de control de calidad existentes como el Sistema Automático de Información sobre Calidad de las Aguas (SAICA) y el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que controla los caudales de los ríos, así como la implantación de una red de control de aguas subterráneas, sobre las que apenas se hacen seguimientos.

El peso de las inversiones recaerá en las industrias, que se verán obligadas a introducir en sus sistemas de producción tecnologías que minimicen sus vertidos nocivos a los ríos. La directiva recoge propuestas con las que España está muy familiarizada, como la gestión del agua por cuencas o la legislación en materia hídrica. "En este aspecto, España no tendrá que hacer ninguna modificación sustancial", afirma un portavoz ministerial, "salvo revisar los planes de cuenca para dentro de siete años con el fin de reforzar objetivos de calidad". Dentro de nueve años estarán aprobados todos los programas. Para la entrada en vigor de las medidas se da un plazo de 13 años y entre 15 y 20 para alcanzar los objetivos. La Comisión verificará los resultados, que serán de acceso libre. Mientras el European Environmental Bureau, integrado por 130 ONG, ha criticado esos plazos, la comisaria Margot Wallström calificó el acuerdo de "histórico a corto plazo y para las próximas generaciones".