El favor de Irlanda a los agricultores españoles

Excepciones

Lo que más temían los agricultores españoles ha sido descabalgado del texto consensuado el pasado viernes en Bruselas. En el proyecto de directiva anterior se decía que los costes del agua debían ser repercutidos "íntegramente" en el precio del agua. Pues bien, la palabra "íntegramente" se ha caído por la presión irreductible de quien menos se pensaba, Irlanda. ¿Qué tiene de común este país húmedo con los agricultores españoles, que usan agua de riego sin pagar el sobrecoste de llevarla hasta sus fincas? Nada, que se sepa, salvo la profesión de la misma fe católica.

Pero no ha sido por ahí de donde les ha venido el apoyo indirecto. La Constitución irlandesa dice que todos sus ciudadanos tienen derecho a recibir el agua gratis total. Nadie paga un penique por el agua que consume en Irlanda.

Los participantes irlandeses en la redacción de la directiva marco se pusieron firmes. Por ahí no pasaban. No estaban dispuestos a modificar su Constitución para salvar una directiva, así que, por mor del acuerdo final, se ha convenido en decir que "los precios del agua deberán aproximarse lo máximo posible a los costes", según fuentes consultadas que han seguido de cerca la negociación.

Para el año 2010, los Estados miembros de la UE tendrán que recuperar "todos" los costes del uso del agua, incluyendo los derivados de la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras, como embalses y canalizaciones. Pero en España nadie se debe llamar a engaño de que los precios se vayan a mantener en sus bajos niveles actuales por la posición irlandesa.

Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente señalan que necesariamente se incrementarán, por la misma razón esgrimida en el fundamento de la directiva: "En la medida que los precios reflejen los costes reales existe una mayor concienciación por parte del usuario a racionalizar el uso del agua". Si se trata de agua con destino a los abastecimientos el coste medio de recogerla, canalizarla, sanearla y depurarla alcanza las 100 pesetas el metro cúbico, según cálculos del Ministerio de Medio Ambiente.

Aunque los residentes de la mayoría de las grandes ciudades pagan más del doble de ese valor por el agua que consumen, todavía hay poblaciones importantes donde no se alcanza esa cifra. En el caso de los agricultores, la diferencia entre el precio y el coste es aún mayor, incluso donde el agua escasea.

La directiva prevé la posibilidad de aplicar excepciones para el abastecimiento de determinadas poblaciones y regiones que se benefician de fondos estructurales, como es el caso de varias regiones españolas, como Andalucía o Murcia. Pese a ello, el Ministerio de Medio Ambiente mantiene firme el principio de " recuperación de costes".