El Gobierno francés propone una cruzada internacional contra el lavado de dinero

París El Gobierno francés propondrá en las instancias internacionales aplicar duras sanciones financieras a los países que albergan paraísos fiscales. El raquítico resultado en materia de armonización fiscal cosechado en la reciente cumbre europea de Feira y, en clave interior, el informe parlamentario francés sobre el escandaloso blanqueo de dinero en Mónaco han hecho sonar las alarmas en el Ejecutivo de París y han desencadenado una cascada de reuniones. Sin hacer una mención explícita, el informe saca a la luz una contradicción: la permisividad francesa con las actividades financieras en el principado.

Laurent Fabius, ministro de Hacienda, anunció ayer que su Gobierno propondrá estas sanciones en la cumbre del G7-G8 (los países más industrializados) que tendrá lugar en Okinawa a finales de julio. El ministro galo también anunció la celebración el próximo 17 de octubre de un encuentro especial de los titulares de Justicia, Interior y Hacienda de la Unión Europea. "El mes pasado advertimos a las autoridades monegascas que si quieren incorporarse a la zona euro tendrán lógicamente que mostrarse perfectamente claros en la lucha contra todos los tráficos y contra la evasión fiscal. No se pueden compartir, de un lado, las reglas de la Unión Europea y, de otro, contribuir a esos tráficos", indicó secamente el ministro Laurent Fabius.

Las denuncias contra el blanqueo en general son antiguas y afloran con frecuencia en las declaraciones de los políticos, pero estas últimas iniciativas tienen el valor de identificar por su nombre a los países sospechosos y por eso parecen mostrar una mayor voluntad de atacar el problema. En todo caso, más allá de la discusión, inevitable, de si "están todos los que son", el asunto del blanqueo de dinero sucio ha adquirido en Francia una actualidad de primer orden. De ahí que el Ejecutivo de París se aplicara ayer a la tarea de mostrarse como el más firme promotor de las sanciones financieras.

El Gabinete francés difícilmente puede ignorar lo que ocurre en Mónaco ni tampoco el dicho de que "cuando un Gobierno no sabe qué hacer, encarga un informe". Laurent Fabius y su colega, la ministra de Justicia Elisabeth Guigou, anunciaron, por separado, la elaboración de sendos estudios sobre las actividades de blanqueo de dinero en el principado. Sean medidas oportunas u oportunistas, las acciones de Fabius y Guigou están lejos de disolver el escepticismo sobre su eficacia real, ya que tanto la titular de Justicia como el anterior ministro de Economía, Dominique Strauss-Kahn, han denunciado durante años las prácticas delictivas en un territorio cuyo primer ministro es nombrado por el príncipe reinante a partir de una terna establecida, precisamente, por París.

Saturado de delincuencia

Como podía esperarse, la denuncia de los parlamentarios franceses describe la escandalosa realidad de un paraíso fiscal, bancario, fiduciario y judicial que presta refugio seguro a la delincuencia financiera y al blanqueo de capitales. El pequeño principado (195 hectáreas de extensión) está saturado de entidades bancarias, goza de una fiscalidad prácticamente inexistente y ofrece una discreción a toda prueba. Pero, la gravedad es tal, según los diputados franceses, que las facilidades para blanquear dinero son desmesuradas. Por ejemplo, el Casino de Mónaco permite a los clientes inflar formalmente el montante de sus pérdidas para declarar una cantidad desorbitada cuando o no existen realmente o la cantidad perdida en el juego es mucho menor. De este modo se blanquean enormes cantidades de dinero. Para disponer de este servicio, los clientes pagan propinas estimadas entre 400.000 y 500.000 francos (de 10 a 12,5 millones de pesetas por semana) a los agentes encargados de controlar el juego.

La familia real monegasca, que tanto se prodiga en las revistas del corazón y que preside con igual entusiasmo las colectas de la Cruz Roja y los acontecimientos deportivos organizados en la Roca, también reina sobre un sistema de ingeniería judicial y fiscal hecho a medida de la más lujosa delincuencia financiera internacional.

Según las denuncias, lo que su alteza serenísima preside, en realidad, es un país muy distinto al de los cuentos de hadas, un paraíso para los delincuentes de cuello blanco en el que el verdadero soberano es el dinero sucio procedente de la corrupción y del crimen. Con todo, lo corrosivo del informe de los diputados reside, más bien, en la denuncia, no sólo implícita, sobre el papel que desempeña el Estado francés, a medio camino entre la complacencia y la complicidad.