Una idea recurrente desde 1991

La idea del pago de los medicamentos según la renta no es nueva, sino recurrente. El gasto farmacéutico da a Sanidad "motivos de preocupación", según dijo ayer a este periódico Julio Sánchez Fierro, subsecretario del ministerio. "Estamos analizando cómo abordan el problema los países de la UE". En 1991, el informe Abril Martorell decía en el apartado de Farmacia: "A pesar de la impopularidad de la medida, la Comisión sólo ve posible recomendar la extensión de la participación en el coste, con excepciones por razones de equidad, y con una compensación en cuantía de las pensiones u otras medidas fiscales". Pero el informe advertía: "Si, por razones de oportunidad política, no se estimase conveniente generalizar la participación en el coste, debería analizarse la posibilidad de sustituir la exención actual por el pago, con reembolso a posteriori, del 40%". En 1996, el Gobierno del PP propuso una tasa de 100 pesetas por receta, y Farmaindustria lo apoyó. En 1997 el Gobierno desestimó la tasa, pero propuso que pagase más quien tuviera mayores recursos económicos y menos problemas de salud.

Hoy los pensionistas no pagan los medicamentos. En cambio, los trabajadores activos costean un 40%. Enfermos crónicos, como hipertensos y diabéticos, deben pagar un 10% y con un límite máximo de 439 pesetas: si el precio es más alto, sólo desembolsan esa cantidad.

Los funcionarios agrupados en la mutua Muface tienen que satisfacer el 30% del precio, estén jubilados o no. Otras mutuas pagan un porcentaje por receta que depende de su concierto con el Colegio de Farmacéuticos. Además son gratis algunos de fármacos, como los de dispensación hospitalaria, que no se venden en farmacias, entre ellos los antirretrovirales contra el sida, que suponen un gasto por persona y año de más de 1,5 millones de pesetas.