Las víctimas de Pinochet denuncian que el pacto con los militares chilenos garantiza la impunidad
Los abogados querellantes contra el ex general Augusto Pinochet y la mayoría de los familiares de las víctimas de la represión chilena rechazan el acuerdo suscrito por las Fuerzas Armadas y un grupo de abogados de derechos humanos para la búsqueda de los cuerpos de desaparecidos durante la dictadura. Van a presentar un recurso de protección por denegación de justicia contra este pacto. Si este recurso no prosperara, no dudarán en apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El acuerdo, aseguran, es una vía para la impunidad de los culpables. Los familiares consideran que el compromiso no contempla en momento alguno la búsqueda de los criminales y su castigo legal.
La mayoría de las organizaciones de familiares de las víctimas y defensoras de los derechos humanos en Chile están unidas en un rechazo frontal al acuerdo, salvo los cuatro abogados (de dilatada trayectoria en la defensa de las víctimas) que participaron en la mesa de negociación con los militares, y cuyo acuerdo fue difundido el martes. Estas asociaciones consideran que el compromiso facilita la impunidad de los responsables de las torturas y desapariciones durante la etapa de la dictadura.El acuerdo establece que las Fuerzas Armadas se comprometen durante seis meses, prorrogables por otros seis, a realizar los "máximos esfuerzos posibles" para encontrar los restos de los desaparecidos (bajo el secreto profesional), entregar la información al presidente, Ricardo Lagos, para que éste la remita a la Corte Suprema, que designará jueces especiales para investigar el paradero o destino final de los desaparecidos. Lagos calificó el pacto alcanzado de "gran paso" hacia la reconciliación nacional en una ceremonia a la que asistieron representantes de todos los poderes del Estado, y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.
"Por supuesto que nos interesa que se puedan encontrar cuerpos de las víctimas", pero "queremos la verdad plena y también la justicia", afirmó Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Recuerda Díaz que en 1995 se hallaron dos cuerpos de desaparecidos que permanecieron 20 años sepultados clandestinamente en el Fuerte Arteaga, un cuartel del Ejército "y nunca nadie investigó por qué estaban allí, quién los había llevado y sepultado, y quienes guardaron silencio".
Carmen Hertz, una de las abogadas que solicitó el desafuero de Pinochet y viuda de una víctima de la Caravana de la Muerte, critica que la declaración de la mesa intente "solucionar el problema de las Fuerzas Armadas y de los militares en retiro, que están siendo procesados por los tribunales". Hertz opina que el compromiso de los militares en el acuerdo es "laxo y ambiguo" y les deja abierta la puerta para que digan, al terminar el plazo que no han logrado la información.
En el acuerdo, los militares manifiestan que en estos momentos no disponen de información sobre los desaparecidos, aunque se compromenten a buscarla y difundirla. Según la declaración de la mesa, dice Hertz, no se investigarán las circunstancias de la detención, quién detuvo, dónde, a qué lugar fueron llevadas las víctimas, qué ocurrió con ellas, cómo fueron ejecutadas. "La verdad se reduce al encuentro de restos", asegura.
De no prosperar este recurso, los denunciantes presentarán un alegato contra el Estado chileno, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basado en que la declaración de la mesa contraviene lo que esta comisión ha indicado al Estado de Chile en dos ocasiones: que debe adecuar su legislación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, dejar sin efecto la autoamnistía dictada por el régimen de Pinochet, investigar los crímenes, individualizar a los culpables, sancionarlos y garantizar el derecho a la justicia de las víctimas.
