La clave es considerar como delito el negar información

En la mesa de diálogo, encabezada por el ministro de Defensa, Mario Fernández, participaron los representantes de las Fuerzas Armadas chilenas (uno por cada institución y otro por Carabineros) y los cuatro abogados de derechos humanos, y además concurrieron obispos, el gran maestro de la masonería chilena e intelectuales de distintas tendencias. Uno de estos pensadores, el historiador derechista Gonzalo Vial, se negó a suscribir el acuerdo porque, según su opinión, el documento final carece de un mecanismo eficaz que obligue a quienes tienen información sobre los desaparecidos a entregarla oportunamente.Vial era partidario de que la negativa a informar constituyera un delito. Pero el texto del acuerdo no es tan contundente y sostiene que quien oculte información incurre "en una conducta moralmente condenable y antipatriótica", que puede ser constitutiva de perjurio, falso testimonio u obstrucción a la justicia, es decir, delitos menos graves que el que Vial consideraba imputable en ese caso.

Según el historiador, al no ser perentoria la exigencia de entregar información, existe el riesgo de que el compromiso suscrito por los militares carezca de eficacia y se quede en una mera declaración de buenas intenciones. De ocurrir esto, advirtió Vial, la sociedad vería frustrado su anhelo de paz. Este temor corresponde al de los abogados de los derechos humanos, que ven peligrar la transición chilena por esta misma causa.