Caravana de Pinochet

La Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo de profundo calado, ha levantado la inmunidad al senador vitalicio Augusto Pinochet, acusado de la autoría de 19 secuestros en la siniestra caravana de la muerte, que recorrió el país tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 para ejecutar a opositores. El sentido de la decisión de la Corte, por 13 votos contra nueve, se conocía desde el pasado 23 de mayo, pero al hacer público su contenido ha cobrado toda su importancia y creado un considerable precedente que juega a favor de la credibilidad del Estado de derecho y la democracia en Chile. Una vez recurrido por la defensa de Pinochet, le corresponderá a la Corte Suprema pronunciarse sobre el desafuero. Aunque este tribunal de última instancia no ha pasado por una renovación equivalente a la de la Corte de Apelaciones, no hay que dar por supuesto el sentido de su decisión. Incluso si la Corte Suprema fallara a favor de Pinochet, otro centenar de querellas aguardan al ex dictador, que puede vivir el resto de su vida como los últimos dos años: pendiente de esa justicia que él pisoteó. La caravana judicial contra Pinochet no ha hecho sino arrancar en Chile, espoleada por la larga detención del ex presidente en Londres.La Corte de Apelaciones considera que hay "sospechas fundadas" de los hechos punibles, cuya existencia nunca ha negado la defensa. El fallo no entra a resolver si la ley de amnistía de 1978 o el sobreseimiento de otros casos vacía esta causa, pues al ser ésta "materia de fondo" corresponde dictaminarla en el propio proceso. Del mismo modo, remite a esa futura fase judicial el posible examen médico del octogenario Pinochet para comprobar si está demente o no y, por tanto, capacitado para afrontar el juicio. Lo importante es que la Corte de Apelaciones acepta las posibles responsabilidades de Pinochet, aunque su estado de salud no le permitiera eventualmente asumirlas.

El general Pinochet, como recuerda la Corte, era en aquella triste época casi todo: como presidente de la Junta Militar "asumió todos los poderes, constituyente, ejecutivo y legislativo", y como comandante en jefe del Ejército controló los servicios de espionaje. Aunque no llegara a ser el ejecutor -al delegar la operación de la caravana de la muerte en el general Sergio Arellano-, sí pudo ser autor de esos crímenes, que el fallo considera punibles no sólo por el derecho penal chileno, sino también por la Convención de Ginebra de 1949, y un protocolo adicional, del que Chile es parte, que prohíbe dar muerte a un prisionero en conflictos armados no internacionales.

El fallo es, efectivamente, "muy complejo y especial", como lo ha calificado el presidente de la Corte, Rubén Ballesteros, al explicar que su redacción se ha hecho con sumo cuidado, dado que existen "connotaciones muy importantes para la tranquilidad de la ciudadanía". No cabe olvidar que una parte importante de esta ciudadanía sigue siendo, de un modo u otro, pinochetista. Pero esta vez, pese a una agitación que pretendería un golpe judicial a favor de Pinochet, las Fuerzas Armadas están tranquilas. El país, también. Chile demuestra así que puede afrontar el procesamiento del antiguo golpista. Como efecto de rebote, el Gobierno ha ganado más capacidad de maniobra, pues, con el desaforamiento del senador vitalicio, la coalición gubernamental, llamada Concertación, ha logrado el control del Senado por vez primera desde el fin de la dictadura, en 1990. La Corte de Apelaciones y el juez Guzmán, que instruye este caso y los que le siguen, habrán contribuido decisivamente a que Chile dé un paso de gigante hacia una democracia plena. Hoy, nadie le tiene miedo a Pinochet. No es ya inmune. No debe ser impune.