La juez argentina del 'caso Prats' espera poder procesar a Pinochet
La juez argentina María Servini de Cubría, de 63 años,titular del Juzgado Federal número 1, tiene prácticamente concluida la investigación sobre el asesinato del ex comandante en jefe chileno Carlos Prats en Buenos Aires, el 30 de septiembre de 1974, y alberga pocas dudas sobre la directa implicación del exdictador Augusto Pinochet en el atentado perpetrado por la DINA (policía política de la dictadura), según ha declarado en una entrevista a EL PAÍS. La magistrada instructora del caso Prats ya le ha pedido a Pinochet que designe un abogado. Servini de Cubría afirma que el círculo de la investigación está casi cerrado -"está prácticamente esclarecido, sabemos quiénes son todas las personas que actuaron y cómo se realizó el operativo"- y espera una inminente decisión de la Cámara Federal (Tribunal Supremo) sobre una eventual prescripción del caso. "Una vez que tengamos eso resuelto, avanzaremos rápidamente", dice. Pedir un interrogatorio del dictador sería, probablemente, el siguiente paso.
En este caso nadie puede discutirle la competencia jurídica porque instruye una causa muy clara que compromete a Pinochet por un delito que se cometió en Argentina. El caso Prats, dice, tiene más fuerza que otras acciones terroristas perpetradas por la DINA fuera de Chile, no sólo "por la trascendencia internacional", sino "porque Prats era un general que había sido comandante en jefe del Ejército. Formaba parte de ellos mismos. Su muerte mostraba una lucha fratricida entre hermanos". Servini conoció al general Prats en los años del Gobierno de Allende, cuando la juez acompañó a su esposo en un viaje oficial a Santiago.
La voladura del vehículo en el que viajaban el general Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrió hace 26 años. De acuerdo a las leyes argentinas, si no se considera que es un delito de lesa humanidad habría prescrito. "Yo considero que sí es un delito de lesa humanidad, pero todavía no ha resuelto la Cámara Federal", señala la juez Servini de Cubría, que espera respuestas. De la autoridad judicial argentina, de los jueces chilenos para interrogar a tres militares de alta graduación y del propio Pinochet para nombrar defensor.
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