El juez Guzmán denuncia la existencia de una trama que exhuma los cuerpos de desaparecidos

Después de dos años de investigación del caso Pinochet, el juez chileno Juan Guzmán, que ha dedicado buena parte de su tiempo a hurgar en busca de los restos de los detenidos desaparecidos en la dictadura, llegó a una siniestra conclusión digna de un argumento de Stephen King: los autores de los crímenes no sólo han ocultado el paradero de los cuerpos a los parientes de las víctimas durante más de un cuarto de siglo, sino que en muchos casos hubo brigadas especializadas que exhumaron los pocos huesos que quedaban para llevárselos con un destino que ahora sí sería desconocido.

Guzmán pudo comprobar la existencia de estos desenterradores de Pinochet en estos días mientras 22 colegas suyos de la Corte de Apelaciones de Santiago escuchaban los alegatos para despojar de su fuero de senador al anciano general. En las cercanías de Putre, unos 2.000 kilómetros al norte de la capital, el juez buscaba los restos de dos reclutas que hacían la mili en el Regimiento de Coraceros en octubre de 1974, detenidos después de desertar y desde entonces desaparecidos. Tenía un dato firme de dónde estaban sepultados clandestinamente Sergio Pantoja y Juan Peña, dos víctimas más de la dictadura que no eran militantes de los partidos de izquierda, cuenta el abogado Nelson Caucoto, que mañana, martes, presentará una querella por el caso, la número 95 que acumulará en su contra Pinochet. Pero después de dos días de excavaciones, Guzmán se encontró con la evidencia de que gran parte de los restos fueron sacados del lugar. Sólo pudo ubicar, contó, "una mano, dos costillas, parte de una columna y parte de un cráneo", que envió a examinar y los técnicos del Servicio Médico Legal (forenses) constataron que los cadáveres habían sido removidos y calcinados.

Molesto, el magistrado comentó: "Nos parece raro que en nuestra búsqueda siempre encontramos tierra removida". E hizo pública su denuncia de que, "al parecer, hay un grupo especializado a lo largo del país dispuesto a entorpecer nuestras diligencias".

Quienes investigan las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura tienen certeza de la existencia de estos grupos de desenterradores macabros que retiran restos inhumados en secreto para destruirlos o llevárselos a un lugar que nunca pueda ser encontrado. Creen que lo hicieron en los años ochenta, pero que estas acciones prosiguieron en menor medida después, en los noventa, bajo los gobiernos democráticos.

Hugo Gutiérrez, uno de los abogados querellantes que alegaron en la corte contra Pinochet, sostenía ayer en una entrevista en el diario La Nación que, después de iniciada la transición, "las Fuerzas Armadas siguieron comprometidas en las violaciones de los derechos humanos; tanto es así, que, sabiendo el paradero de detenidos desaparecidos, los sacaron de los lugares conocidos por ellos y los hicieron desaparecer".

Caucoto dice que la información apunta al interior del Ejército. Él recibió el testimonio de un miembro de una brigada llevada a buscar y remover osamentas que no sabía a quién pertenecían ni por qué lo hacían. "Cuando desenterraban los restos, era otro el grupo que determinaba el destino de éstos. Fue un plan, una operación en que se hizo un trabajo compartimentado, en que cada grupo no sabía qué hacía el otro". Sostiene el abogado que detrás hubo una voluntad de borrar huellas de los crímenes, y se refiere a los hechos como "la resaca", consistente en hacer desaparecer de nuevo a quienes ya estaban desaparecidos.

A una de las abogadas que alegaron contra Pinochet en la corte, Carmen Hertz, la denuncia de Guzmán le es conocida. Con los cuerpos de las 26 víctimas de la ciudad de Calama de la Caravana de la muerte, la comitiva militar enviada por Pinochet en 1973 que asesinó a 75 prisioneros, sucedió algo parecido. Después de varias búsquedas infructuosas en la soledad del desierto que reina en esta zona, encontraron una fosa con restos que se dejaron olvidados quienes habían retirado previamente los cuerpos de ese lugar.

La paradoja es que mientras estos cuerpos no aparezcan, de acuerdo a la reinterpretación de la Ley de Amnistía que hizo la Corte Suprema, el delito cometido es un secuestro calificado de carácter permanente, porque se sigue cometiendo, y por el cual se intenta ahora juzgar ahora a Pinochet y a los integrantes de la Caravana de la muerte.