La profesora que acusó al rector de la Rovira i Virgili denuncia una campaña de amedrantamiento

La profesora Josefina Albert renovó ayer las acusaciones de que en la Universidad Rovira i Virgili (URV) existe una campaña en su contra por haber denunciado por prevaricación al rector, Lluís Arola, quien la apartó de la vigilancia y corrección de las pruebas de acceso a la universidad por haber denunciado ante el Defensor del Pueblo la marginación del castellano en las mismas. Según la profesora, actualmente de baja por depresión, alumnos de la URV difunden su número de teléfono particular, algunos profesores le han negado el saludo y recibe numerosos anónimos en los que se dan vivas a ETA.

Albert ya denunció la semana pasada ante la policía la recepción, en su contestador telefónico, de tres mensajes anónimos en que se la amenazaba con la colocación de "una bomba lapa" en su vehículo, y días atrás la denuncia fue por mensajes similares en los que se exclamaba "Gora ETA". El fiscal jefe de la Audiencia de Tarragona, José María Parra, calificó de "muy grave" el contenido de estos anónimos.La universidad reconoce que se han realizado pintadas en contra de la profesora en las paredes de la Facultad de Letras y aledaños, pero minimiza su importancia y atribuye las amenanzas a elementos incontrolables. "La universidad está en contra de prácticas que supongan una presión o coacción a las personas", dijo ayer el vicerrector Antoni Pigrau, "No tenemos elementos suficientes para determinar si la crispación que denuncia esta profesora es real o no, si está exagerando o no", añadió el vicerrector.

Pigrau indicó que ha sido la profesora, con la filtración a los medios de comunicación de los autos judiciales que le han sido favorables, quien ha forzado a la universidad a dar su versión de los hechos, "porque la suya no se acerca a la realidad".

Depresión

Albert, cuya denuncia ha motivado una petición fiscal de inhabilitación de ocho años para el rector de la URV, Lluís Arola, y para el coordinador de las Pruebas de Acceso a la Universidad, sostiene que desde que decidió interponer la denuncia, el ostracismo al que le ha sometido el resto del profesorado y las presiones ejercidas por determinados decanos de las facultades la han conducido a un estado de depresión, por lo que ha solicitado la baja en su puesto de trabajo, del que falta desde la semana pasada.

La profesora, una figura controvertida en el departamento de Letras ya antes de la presentación de la querella, decidió acudir al Defensor del Pueblo en el verano de 1998 después de que, según ella, se le prohibiera de forma terminante proporcionar exámenes en castellano a dos alumnos, de acuerdo con la normativa de la Generalitat que regula los exámenes de Selectividad en las universidades catalanas.

Esta norma establece que se entreguen los cuestionarios sólo en catalán, aunque los alumnos pueden contestar tanto en castellano como en catalán.

En las pruebas de Tarragona, la profesora hizo una fotocopia del examen en castellano y la entregó a dos alumnos que se la solicitaron. Según la universidad, la profesora tendría que haber dado cuenta al presidente del tribunal de corrección del incidente en el que, según ella misma reconoció ante el Defensor del Pueblo, se saltó la normativa vigente.

La URV, informada por el Defensor de Pueblo del incidente, decidió separar a la profesora del tribunal de corrección de las pruebas. También apartó a otro profesor que había elevado al Defensor sus dudas sobre la política lingüística de las pruebas de selectividad.

Josefina Albert, a quien desde diversos estamentos de la Universidad se considera ligada a la agrupación Convivencia Cívica Catalana, presidida por el eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras, aseguró tras la admisión de la querella que no se arrepentía de haber iniciado el proceso y denunció nuevamente que en la URV "no hay libertad". Albert desmiente que tenga vinculaciones con la agrupación de Vidal-Quadras, "aunque si las tuviera, no sería ningún delito", afirma.