Cronología de un conflicto lingüístico

El examen. Dos profesores de la Facultad de Letras, José María Fernández y Josefina Albert, se dirigen en el verano de 1998 al Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda. El primero cuestiona la política lingüística aplicada en las pruebas de acceso a la universidad y la segunda informa de que durante los exámenes de junio se negó a dos alumnos el examen en castellano. Según Albert, un estudiante le pidió el cuestionario en castellano y ella trasladó la petición al presidente del tribunal. Éste le facilitó un ejemplar en castellano, pero le advirtió que no se lo entregara al alumno, sino que lo usara para explicar ella, de forma oral, el contenido del cuestionario. Otra alumna pidió entonces el examen también en castellano. "A pesar de que me jugaba el no volver a participar en las pruebas, decidí por mi cuenta hacer fotocopias y entregar la versión castellana a quien lo solicitara", explicó la profesora al Defensor.El Defensor actúa. En noviembre de 1998, el Defensor se dirige a la URV para reclamar información sobre las dos quejas, que la universidad asegura que no conoce. El rector y el coordinador de las pruebas deciden entonces excluir a los dos profesores de los tribunales de corrección alegando que han vulnerado las instrucciones que rigen para todas las universidades catalanas, según las cuales, de entrada no se repartirán cuestionarios en castellano, y además han denunciado el incidente al Defensor sin haberlo comunicado antes al tribunal de las pruebas.

Reglamento. Paralelamente, el claustro de la URV aprueba, en enero de 1999, el reglamento de usos lingüísticos que ratifica al catalán como idioma oficial del campus y regula la lengua de las rotulaciones, informes y documentos. El reglamento establece que los profesores que quieran optar a una plaza en esta universidad o promocionarse en ella deberán acreditar un nivel de catalán.

Interviene Vidal-Quadras. Convivencia Cívica Catalana (CCC), presidida por el eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras, interpone recurso contencioso-administrativo contra el reglamento ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por inconstitucionalidad, y solicita la suspensión. El TSJC lo admite en mayo.

Demanda. Los profesores que han acudido al Defensor del Pueblo se enteran de su exclusión del tribunal de corrección de pruebas. Mientras que Fernández llega a un acuerdo con el equipo rectoral y desiste de interponer demanda, Josefina Albert presenta en junio una denuncia por prevaricación contra el rector, Lluís Arola; contra el vicerrector, Estanislau Pastor, y contra el coordinador de las pruebas, Joan Igual.

Informe del Defensor. Pese a que tendría que haberse inhibido por existir una causa penal, el Defensor del Pueblo emite un informe en el que no sólo recomienda a la URV la restitución de los dos profesores a los tribunales de evaluación, sino que cuestiona en su totalidad la política lingüística de la selectividad. El defensor considera que los cuestionarios deberían repartirse desde el principio tanto en catalán como en castellano. La normativa de las pruebas, que se aplica en todas las universidades catalanas, establece que los cuestionarios se repartirán sólo en catalán y que si un alumno reclama la prueba en castellano, el profesor le hará una traducción oral. Sólo si persiste en que no entiende, se le entregará el cuestionario en castellano. El Defensor asegura que la URV ha represaliado a los profesores por haber recurrido a él.

Traslado. El TSJC se declara incompetente y decide en septiembre el traslado de la causa al Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Tarragona. La aceptación del recurso por la alta instancia ha supuesto la paralización del apartado número 6 del reglamento, que regula los conocimientos de catalán de los profesores aspirantes.

Derechos vulnerados. En noviembre, el Síndic de Greuges de la URV, Maties Vives, informa de que la actuación de la universidad en este caso ha sido correcta, pero reconoce que el centro lesionó los derechos de los docentes cuando no les informó por escrito y de forma motivada sobre las causas de su exclusión. También afirma que Albert actuó al margen de las instrucciones recibidas al repartir los cuestionarios en castellano.

Juicio oral y suspensión. Los procesos judiciales comienzan a complicarse para la universidad a finales de marzo. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona ordena la apertura de juicio oral por un delito de prevaricación contra Arola e Igual. El juez Pedro Casas asegura en su auto que cualquier normativa que suponga una limitación de uso del castellano es anticonstitucional. Los abogados de la URV critican que un juez de primera instancia se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de un reglamento sobre el cual el Tribunal Constitucional no ha dictaminado nunca. Dos días después del auto, el juzgado contencioso-administrativo ordena la suspensión cautelar de la totalidad del reglamento por entender que su aplicación podía afectar a terceras personas. La URV anuncia la interposición de un recurso. El caso volverá, pues, al TSJC.

Satisfacción. Vidal-Quadras muestra, en la presentación de la sección de CCC en Tarragona, su satisfacción por la suspensión del reglamento y asegura que el recurso se ha interpuesto en Tarragona "porque existe un contexto social más favorable a la demanda de libertad".

Petición fiscal. La Fiscalía de Tarragona pide ocho años de inhabilitación para el rector. El fiscal sostiene que trató de represaliar a los docentes y no les informó sobre el proceso que llevó a su exclusión de las pruebas. Mientras tanto, todos los partidos del Parlamento, a excepción del PP, apoyaron el reglamento de usos lingüísticos de la URV.