La normativa de usos lingüísticos de la Universidad de Barcelona también será impugnada

El rector de la URV, Lluís Arola, quiso recordar ayer que la decisión cautelar es "un paso intermedio" en un proceso judicial abierto, donde lo que cuenta es la decisión final. Tras asegurar que la URV acatará el mandato del tribunal, Arola apuntó que el dictamen no variará el funcionamiento interno del campus, dado que gran parte del contenido del reglamento ya se aplicaba, aunque sin especificación normativa. El artículo sexto del reglamento, referente a la acreditación de nivel de catalán a exigir a los profesores que opten a nuevas plazas de titular o catedrático, quedará, por el momento, paralizado, a la espera del dictamen definitivo de los tribunales. Arola insistió en que el controvertido reglamento de usos lingüísticos fue aprobado por el claustro universitario que él preside y que sus intenciones son que se permita su aplicación en su totalidad. El próximo martes el consejo rectoral discutirá el contenido del auto del juez y se pronunciará sobre la presentación de un recurso ante el TSJC.

El delegado de Gobierno de la Generalitat en Tarragona -también parte demandada en el proceso-, César Puig, afirmó que en los próximos días estudiarán la presentación del recurso, aunque reconoció que el auto está muy bien fundamentado en los principios generales. "En lo referente al reglamento de forma concreta, discrepamos", añadió.

José Domingo, secretario de Convivencia Cívica Catalana, plataforma que ha presentado la demanda y está presidida Aleix Vidal-Cuadras, eurodiputado del PP, valoró la decisión adoptada por el juez y pidió que se derogue o suspenda el reglamento de usos lingüísticos de la Universidad de Barcelona (UB) por ser de un contenido similar. CCC anunció que también lo impugnará.

Domingo quiso incidir "en que el juez considere que el interés público, en este caso, es la suspensión del reglamento de usos lingüísticos y que haya llegado a esta conclusión con una simple lectura de la disposición impugnada". Para Domingo, "es especialmente revelador que el juez considere para adoptar su decisión que la aplicación del reglamento supondría una perturbación grave para la comunidad, ya que no se limita su aplicación a la enseñanza sino que desborda este campo y afecta a terceras personas ajenas al mundo educativo".

El secretario de CCC considera que la medida cautelar tomada por el juez es "muy excepcional". Esto sucede, en su opinión, porque el reglamento "es anticonstitucional, rompe la armonía de la comunidad universitaria, limita su progreso al convertir la universidad catalana en una universidad endogámica". "Contra eso hemos recurrido, contra la endogamia universitaria y a favor de la libertad de cátedra y del propio prestigio universitario", dijo.