Un juez suspende el reglamento que impone el catalán en la Universidad de Tarragona

La Universidad Rovira i Virgili de Tarragona ha sufrido su segundo revés judicial en una semana. Tras la reciente imputación de su rector, Lluís Arola, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Tarragona ha suspendido su reglamento de usos lingüísticos en virtud del recurso interpuesto por la plataforma Convivencia Cívica Catalana (CCC), que preside el eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras. El juez, Eduardo Saavedra, reconoce la autonomía universitaria, pero decreta la suspensión por considerar que se pueden "producir daños a terceros afectados".

La normativa, aprobada el 21 de enero del pasado año por el claustro, establece que el catalán es la lengua propia de la universidad y, como tal, es la lengua de uso general y prioritario en todos los ámbitos. Uno de los aspectos más polémicos es el recogido en el artículo 6, que exige a los nuevos profesores la acreditación de un determinado nivel de conocimientos de lengua catalana. La propia universidad decidió no aplicar este artículo temiendo que se pudieran producir impugnaciones de concursos de plazas por su redacción. El pasado noviembre, sin embargo, el rector Arola se comprometió ante el claustro a hacer lo posible para que entrara en vigor este año. Éste es el segundo revés que sufre la URV en una semana, en los dos procesos judiciales que mantiene por cuestiones lingüísticas. El miércoles trascendió el contenido del auto del juez penal que investiga la presunta prevaricación del rector Arola -que podría suponerle entre siete y diez años de inhabilitación- en la exclusión de las pruebas de selectividad de una profesora que repartió cuestionarios en castellano.

Al suspender el reglamento lingüístico, el juez recuerda que la justicia cautelar se aplica en virtud de la preservación de los intereses generales. Tras reconocer "el derecho de la universidad a regular su funcionamiento y, dentro del mismo, el uso de la lengua", el magistrado afirma que "no cabe confundir legítimas aspiraciones al uso de una lengua con los intereses públicos que se representan, en este caso la impartición de la enseñanza".

El juez recuerda que "la norma que se impugna regula otras cuestiones tales como los requisitos de contratación, concesiones, concursos, dominio de la lengua que puede afectar a terceras personas ajenas al interés general de la enseñanza (...) y por ello el hipotético -por no probado- daño que se produciría por no aplicar el reglamento con toda su intensidad ya que en su casi totalidad ya se está aplicando".

Es en virtud del daño a esas terceras personas por lo que el tribunal decide la suspensión de la normativa, alegando que "responde a la necesidad actual de alejar el temor o el peligro del daño futuro". Por ello y, hasta el momento en que exista sentencia firme, "los ciudadanos tienen derecho a que se respete su situación actual", añade el juez.

El recurso fue presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en junio de 1999. El tribunal se declaró incompetente el pasado enero en favor del juzgado de lo contencioso de Tarragona. Contra la decisión del juez cabe recurso ante el TSJC, que también será la instancia ante la cual recurrir cuando se dicte sentencia.

El Comisionado para Universidades de la Generalitat difundió un comunicado en el que recuerda: "El avance de la presencia y el uso de la lengua catalana en nuestra sociedad, incluyendo las universidades, continua siendo uno de los objetivos del Gobierno de la Generalitat". El Comisionado destaca "la importancia de las normas de usos linguísticos aprobadas por las universidades catalanas" y subraya "el trabajo serio y profesional que llevó a cabo la URV para elaborar su normativa de usos lingüísticos". El Ejecutivo catalán reiteró su apoyo a los órganos de gobierno de la URV y su confianza en que "la acción de la Justicia no implique un freno al pleno desarrollo de la lengua catalana en el ámbito universitario".