El juez Guzmán solicita el levantamiento de la inmunidad a Pinochet para procesarle

El juez chileno Juan Guzmán Tapia dio ayer el primer paso para procesar a Augusto Pinochet, al pedir el desafuero formal del senador vitalicio, tal y como solicitó la semana pasada un grupo de siete abogados. La decisión está en manos del pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago (24 magistrados). El juez instructor de las 66 querellas criminales presentadas contra el ex dictador expresó su confianza en una resolución favorable del alto tribunal, que puede tardar un mes en hacerse pública, según fuentes judiciales. Guzmán considera que las pruebas señalan a Pinochet como "autor inductor" de, al menos, 19 desapariciones.

El abogado Nelson Caucoto presentó ayer mismo al juez Guzmán las últimas cinco querellas contra Pinochet por 12 casos de personas detenidas desaparecidas en la dictadura. Hoy está previsto que se presenten otras cinco demandas para llegar a las 71, informa Manuel Délano.Hugo Gutiérrez, uno de los abogados firmantes de la solicitud para retirar la inmunidad al senador, subrayó la importancia de que el juez Guzmán haya considerado que "existen bases suficientes para detener a Pinochet". Por ello, el magistrado ha pedido al pleno de la Corte de Apelación el levantamiento de la inmunidad parlamentaria que le confiere su condición de senador. La resolución del magistrado se basa en el artículo 612 del Código Penal, que establece que "tan pronto aparecen antecedentes para detener a un parlamentario, el juez elevará los autos al tribunal de alzada correspondientes, a fin de que si hay mérito, se inicie la causa".

Hasta que no resuelva la Corte de Apelaciones, el juez Guzmán no podrá interrogar ni ordenar la realización de exámenes médicos a Pinochet. "Nos guste o no nos guste, el inculpado tiene fuero parlamentario, de momento", precisó el abogado Gutiérrez. "Es la hora de la verdad para el Gobierno y el poder judicial. Quedará dirimido quién manda aquí, si el poder judicial o el poder militar", dijo la abogada Carmen Hertz.

"Ahora empieza el procedimiento propiamente dicho del desafuero", añadió la abogada. La Corte tiene que estudiar los 10 tomos del expediente de la caravana de la muerte, que los querellantes califican de "operativo de exterminio". Habrá una vista pública en la que los abogados de las dos partes efectuarán las alegaciones respectivas, tras lo cual el tribunal emitirá su fallo. Lo cierto es que Pinochet ya ha nombrado a su abogado defensor en Chile. Se trata de Gustavo Collao Mira, coronel retirado y secretario personal del dictador durante años.

La solicitud de desafuero señala que "existen presunciones fundadas" para estimar la "participación criminal en calidad de autor inductor" de Augusto Pinochet Ugarte "en los delitos de secuestros calificados agravados y en la asociación ilícita". En concreto, los cargos son 19 casos de desaparición de personas en el operativo represivo conocido como caravana de la muerte, perpetrado en varias localidades del norte de Chile un mes después del golpe de Estado de septiembre de 1973.

La tramitación de la solicitud del desafuero es la decisión más importante que ha adoptado hasta la fecha la justicia chilena contra el ex dictador. Es, al mismo tiempo, el resultado de la investigación realizada en los últimos dos años y medio por el juez Guzmán, durante la cual ha ordenado numerosas diligencias, que incluyen interrogatorios, órdenes de detención y procesamiento de seis altos oficiales del Ejército, cuya situación judicial fue confirmada por la Corte Suprema en agosto del año pasado. Entre ellos, el general Sergio Arellano Stark, que comandó la caravana de la muerte en calidad de "oficial delegado" del presidente de la Junta Militar de Gobierno y comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet.

Fernando Barros, quien fuera abogado del dictador, manifestó que el general no puede ser inculpado como autor, sino como cómplice encubridor, ya que sólo habría conocido los hechos después de haber sido cometidos. Por lo cual, debería aplicársele el decreto ley de amnistía aprobado por el régimen militar para encubrir los crímenes cometidos entre septiembre de 1973 a marzo de 1978.

Desde las filas de la derecha pinochetista, el ex presidente de Renovación Nacional (RN) Alberto Espina dijo que, en este momento, los políticos tienen que ser consecuentes. "Hemos dicho que los tribunales son independientes y soberanos. Hay que respetar esta decisión y permitir que los tribunales trabajen con autonomía". Aseveró también que el juez Guzmán tiene plenas facultades para llevar las diligencias procesales que estime convenientes, incluido el interrogatorio a Pinochet.

El papel de la Corte

A partir de ahora, los 24 jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago estudiarán los alegatos antes de votar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria que protege a Pinochet. Si la mitad más uno de los miembros del tribunal ordena el desafuero, la defensa del querellado podrá recurrir la decisión jurídica ante la Corte Suprema, que dictará un fallo inapelable. Si, por el contrario, la petición fuera rechazada, los abogados querellantes sólo tendrían la posibilidad de presentar un recurso llamado de queja contra la conducta de los jueces y no contra el contenido del fallo. Se trata de un tipo de recurso que prospera raramente, estiman fuentes judiciales.

Abogados y especialistas del ámbito judicial consultados por este diario señalan que la actual composición de la Corte de Apelaciones permite vaticinar una mayoría de votos favorables al desafuero del ex dictador. Esta opinión se basa en la actuación de los miembros del tribunal en diferentes causas de violaciones de derechos humanos.